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Sábado, 10 Febrero 2018 22:10

CONFIDENCIAL POLÍTICO Destacado

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  • * Bonilla ante Grupo Tijuana
  • * Juez de lo Familiar en líos
  • * Violenta Amparo federal
  • * Denuncia ante Judicatura
  • * Corre riesgo de ser cesado
  • * Negligencia del gobierno

Enrique Méndez/Bibi Gutiérrez

Ante el Grupo Político Tijuana que lidera el empresario SALVADOR KAYACHANIAN, acudió como expositor el industrial de la radio teledifusión, ingeniero JAIME BONILLA, en su calidad de presidente del Movimiento de Regeneración Nacional, ahí el ex diputado federal y aspirante al Senado de la República, hablo del proyecto de nación que oferta ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, que en este tercer intento por convertirse en presidente de México, sigue superando con amplio margen las preferencias ciudadanas para las elecciones de julio próximo.

El empresario y promotor deportivo, JAIME BONILLA, expuso que el abanderado presidencial de Morena, garantiza financiar fuentes de empleo a jóvenes que sin experiencia laboral pretendan incorporarse a las fuerzas de la productividad, para luego de capacitarse, iniciar una nueva etapa de sus vidas, ya sea dentro de un trabajo, o bien continuando estudios en sus diversos niveles, que a su vez permitan continuar superándose.

Como ofrece LÓPEZ OBRADOR, esto?, pues muy sencillo, del dinero que actualmente desvían los funcionarios de la federación, a partir de un nuevo gobierno, esos recursos multimillonarios se aplicarán a programas que den oportunidad a quienes ahora son desempleados o que han sido rechazados en su intento por cursar bachillerato o nivel profesional, estos miles de los llamados "ninis", tendrán trabajo y oportunidad de estudios.

También el ex diputado federal, estableció que en torno al petróleo del país, el gobierno de LÓPEZ OBRADOR, se compromete a construir refinerías que produzcan gasolina al alcance de la economía de la población, al mismo tiempo que permitan la multiplicación de fuentes de trabajo y detonar el desarrollo en infraestructura urbana, vivienda, comercio y diversos tipos de industria.

El empresario nacido en Tijuana, pidió a través del foro del Grupo Tijuana, que se difundan las bondades del proyecto de gobierno que pretende mejorar las condiciones de vida para los mexicanos que ahora padecen hambre, carencias de medicina social y pocas posibilidades de progreso a través de la educación.

El ingeniero JAIME BONILLA, anuncio ahí, que este fin de semana da inicio a una gira por San Felipe, San Quintín y otras zonas pesqueras y rurales en las que la población sufre del abandono social, marginación y explotación laboral.

DENUNCIA LEGAL

Es probable que en los siguientes días, se presente ante el Consejo de la Judicatura del Tribunal del Estado de Baja California, una queja en torno al Juzgado Segundo de lo Familiar, que involucra a un padre que promueve la patria potestad de un menor, abandonado durante más de dos años por su madre.

El expediente referido 1271/2014, conlleva un escándalo que incluye diversas anomalías que derivan en posible manipulación en torno a la toma de decisión del juzgador GUSTAVO VILLARESPE y la secretaria de Acuerdos, SILVIA MELENDRÉZ.

Según la queja que se planea interponer ante el presidente magistrado SALVADOR JUAN ORTÍZ MORALES, en el Juzgado Segundo de lo Familiar, se está actuando anticonstitucionalmente, en perjuicio del menor, cuyos derechos son disputados en el juicio en cuestión.

Los defensores del padre del niño, por el que se disputa la Patria Potestad, argumentan que el menor fue dejado por su madre, en manos del padre de este, mismo que en ese lapso se encargo del cuidad, alimentos, vestido y educación.

Sn embargo, pese a probanzas a favor del padre del menor, el juzgador determinó unilateralmente, entregar la custodia del niño a su madre, sin justificación legal y contraviniendo a la propia ley.

Ante esto que se consideró un abuso del juez VILLARESPE, el padre del menor, interpuso un juicio de garantías bajo el numero 1236/2016, ante MIGUEL LEÓN BIO, Juez Primero de Distrito en Tijuana.

Al mismo tiempo la defensa del menor, presento una queja ante el Consejo de Judicatura, con el número 52/2017, y aunque esto quedo oportuna y debidamente integrado, la magistrada encargada del expediente COLUMBA IMELDA AMADOR GUILLÉN, no ha dictaminado sobre el mismo a pesar de que se radico desde el año pasado.

En torno al juicio de garantías se dictó resolución firme, ejecutoria que con fundamento en el artículo 77, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Amparo, se concedió el Amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por CHRISTIAN ARMANDO PEINADO PULIDO, en representación de su menor hijo.

Con esto, el Poder Judicial de la Federación, instruye a que el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar VILLARESPE, con sede en Tijuana, primero deje insubsistente el proveído de siete de julio de dos mil dieciséis, dictado en el juicio ordinario civil 1271/2014 y, luego dicte otro fallo en el que ordene las diligencias para definir la guarda y custodia del menor motivo de la queja. Pues para la parte denunciante, la postura del juez VILLARESPE, vulnero garantías constitucionales consagradas en los artículos 4, 14, 16 y el interés superior del menor.

Entonces pues, se transgreden los derechos humanos del niño y de su progenitor, por lo que constitucionalmente al juez VILLARESPE, se le ordeno dejar insubsistente dicho proveído del siete de julio de dos mil dieciséis, dictado en el juicio 1271/2014, y se le pide que dicte otro, en el que atendiendo a las consideraciones que sustenta el fallo, se ordene la práctica de las diligencias necesarias para definir lo relativo a la guarda y custodia del menor.

O lo que es lo mismo, el Juez Segundo de lo Familiar debe ordenar en cumplimento al fallo protector, emitir nuevo acuerdo con fecha 07 de Julio de dos mil dieciséis, regresando el menor al domicilio de donde fue sustraído anticonstitucionalmente.

Al juzgador se le señala de aceptar promociones de la madre acusada del abandono de su hijo por dos años, al impulsar un proceso de manera ilegal, pues dicto acuerdos de pruebas, audiencias de desahogo y la aplicación de multas injustificadas.

Para los defensores del menor en cuestión, el juez familiar se mofa de la protección federal otorgada a los quejosos, argumentando que los efectos no son de carácter inmediato.

Según el criterio de los abogados del menor, la tercera interesada en el juicio, debió ser requerida en cumplimiento del fallo protector a fin de que regrese al menor al domicilio de donde fue sustraído, apercibida que en caso de desobediencia será sujeta a medios de apremio.

Debe saber, el nuevo presidente del Tribunal de Justicia del Estado y de la Judicatura en Baja California, que el 8 de julio de 2016, sin justificada autorización se realizó una orden de cateo con rompimiento de cerraduras, sin solicitud expresa del Ministerio Público y que sin notificación previa la policía irrumpió el domicilio del denunciante, impidiendo la asistencia de testigos cuando se llevaron por la fuerza al niño.

En relación a los actos del referido juez familiar se ha promovido otro juicio de garantías bajo el número 123/2018, en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales, con residencia en Tijuana.

Aclara el padre denunciante y sus defensores que las consecuencias del ilegal actuar de cualquier funcionario judicial, local o federal, puede desencadenar el cese e incluso que se le abra proceso en su contra sea del orden civil o penal.

NEGLIGENCIA

El reclamo de las familias a las que se les derrumbaron sus viviendas en El Rubí, insisten en que la Procuraduría General de Justicia del Estado a cargo de la Mtra. PERLA IBARRA, debe investigar con celeridad y en su caso consignar a los funcionarios del Estado o del Ayuntamiento, que sean responsables del desastre por el que ahora duermen en la calle y están prácticamente en la miseria.

Los perjudicados acusan al alcalde JUAN MANUEL GASTÉLUM, al secretario de Administración Urbana, ALEJANDRO LOMELÍN y el mismo titular de Protección Civil, de no haber intervenido a tiempo cuando empezaron a desmoronarse las primeras viviendas en el Rubí, a causa de los efectos provocado por la explosión de dinamita que hacía la empresa del Grupo Melo, a fin de ganar terrero y construir mas casa en la zona.

Se cumple una semana de la tragedia que dijo sin hogar a mas de 300 personas, hoy la incertidumbre impera en los jefes de familia que ven a sus hijos en la calle y sin esperanza alguna de recuperar lo que fue hasta hace poco su hogar.

Con 15 mil pesos, se pretende indemnizar a los que durante años batallaron para construir sus casas, misma que hoy están en ruinas, como producto de la ambición de empresarios ue sin escrúpulos, se valen de su poder político para evadir responsabilidades y gozar de impunidad.

Tan...tan...

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