Ha causado sorpresa e indignación en la comunidad universitaria al conocerse la noticia de que dos académicos han falseado información para poder contender por la rectoría de la UABC, estos son Joaquín Caso Niebla y Edgar Alarcón.

La Junta de Gobierno está obligada a garantizar la equidad y la honestidad de todos los aspirantes al revisar y constatar que la información presentada sea la correcta de acuerdo con la normatividad respectiva, por tanto, si se diera el caso de que por alguna razón, que no sea la omisión, cualquiera de ellos incumple con lo requerido, debe ser sancionado e inclusive eliminado de inmediato del proceso de selección.

Por ello, ese cuerpo colegiado deberá dar respuesta puntual a la demanda interpuesta por el abogado y académico de tiempo completo de la Facultad de Derecho de Tijuana, Pedro Carrillo Toral.

Es del dominio público la información que presentaron todos y cada uno de los 21 aspirantes, toda vez que se publicó en el portal de la UABC y está disponible en el enlace a la Junta de Gobierno, por dicha facilidad de acceso a la información, es que el abogado Carrillo Toral, encontró irregularidades en las solicitudes de Joaquín Caso y de Edgar Alarcón, quien pide se sancione, conforme a la normativa que rige a la Universidad, la inadecuada actuación de ambos académicos por incumplir con lo establecido.

Pero además, se cuestiona que quien pretenda encabezar y regir las actividades de la benemérita universidad debe de cumplir de manera honesta todos y cada uno de los artículos contenidos en la Ley Orgánica de la UABC, en su Estatuto General, así como el Código de Ética y demás ordenamientos vigentes, ya que la persona que pretenda encabezar y regir las actividades de la UABC debe pregonar con el ejemplo.

Enfatiza que existen dos casos específicos en donde debe analizarse y en consecuencia sancionarse, inclusive con la destitución, tal y como lo señalan los artículos 75, fracción VIII y 203, fracción II del capítulo V del Estatuto General.

Específicamente, se denuncia que en el primer caso, Edgar Ismael Alarcón Meza es quien incumple con los requisitos previstos en el ordenamiento mencionado, donde se dice que los aspirantes no deben desempeñar cargo público o de elección popular ya que esto es incompatible con el cargo de Rector.

Específicamente Edgar Alarcón, se encuentra en la nómina del gobierno del estado ostentando un cargo de “Apoyo técnico pedagógico” acreditado puntualmente, faltando al Código de Ética. El otro caso es el de Joaquín Caso Niebla, quien violó el principio de equidad al aprovecharse del mayor espacio y extensión de la documentación para sacar ventaja en la forma de hacer su propuesta, violando claramente los lineamientos establecidos que deben ser observados por todos los contendientes, el hacer lo contrario se traduce en deshonestidad que le da ventaja sobre los otros aspirantes, al tener más espacio donde extenderá su contribución. Por todo lo anterior, Pedro Carrillo Toral, pide la destitución inmediata de Edgar Alarcón, y que ambos queden fuera de la contienda.

Es previsible por su pertenencia al grupo hegemónico que controla la institución, que la Junta de Gobierno sea omisa e ignore el caso de Joaquín Caso Niebla, para protegerlo y encaminarlo hacia la carrera por la rectoría contando con el apoyo irrestricto del grupo político identificado con el PAN, quien a todas luces burló los requisitos para contender por esa posición.

Acostumbrado siempre a medrar con el apellido familiar, Caso Niebla, piensa que puede evadir este compromiso y engañar a la comunidad universitaria dando visos o pretendiendo verle la cara también a la Junta de Gobierno.

Todos los otros aspirantes a la silla de la rectoría han cumplido con las normas que establecen la Ley Orgánica y el Reglamento que para estos efectos existe.

Por ello, estos dos facinerosos deben salir de la contienda, aun cuando se sientan protegidos por su amigo Felipe Cuamea, el presidente de la Junta de Gobierno.

El grupo colegiado debe dar certeza e igualdad de condiciones para todos. Y no debería nombrar a ningún tramposo, ya que “Rector” es sinónimo de rectitud, debe mostrar ética y moral que sirva de ejemplo a la comunidad universitaria y a la sociedad. Un humanista, respetuoso de los derechos de todas las personas.

Debe acatar las leyes, estatutos y reglamentos y permitir que fluya la democracia universitaria y el estado de derecho. Debe comprometerse a respetar y hacer respetar el sagrado principio de la autonomía de la institución.

En este proceso de designación inédita del rector no caben los pretextos, ni la influencia, ni la falta de ética y moral, la Junta de Gobierno debe brindar certidumbre y transparencia, porque lo que está en juego es el destino de miles de jóvenes estudiantes,  trabajadores de servicios y académicos, sin dejar atrás que la opinión publica estará al pendiente de esta preocupación.

La autora es presidenta de la Asociación de Periodistas de Tijuana.