La población penitenciara se disparó de manera significativa en los últimos decenios en los cinco continentes, por lo que la cifra de presos en el mundo asciende ahora a 10 millones de personas, alertó hoy un experto de la ONU.

Juan Méndez, relator especial de la ONU para el tema de tortura, indicó en rueda de prensa que el crecimiento de la población penitenciara en el mundo supone una carga financiera enorme para los Estados, lo que empeora las condiciones de encierro de los presos.

"La crisis global de las prisiones tiene un impacto adverso en las condiciones de detención. El abuso del encarcelamiento constituye una de las principales causas subyacentes de la sobrepoblación, lo que resulta en condiciones que equivalen a maltratos y tortura", dijo.

Méndez apuntó además, tras la difusión este día de su informe, que la reclusión se ha convertido en una respuesta casi automática, en lugar de una medida de último recurso.

A su juicio, tal tendencia es visible por la penalización creciente y desproporcionada, el uso excesivo de la prisión preventiva, la mayor duración de las penas de prisión y la escasa utilización de medidas alternativas no privativas de libertad.

El informe criticó además que los sistemas penitenciarios de la mayoría de los países ya no están orientados a la reforma y rehabilitación social de los condenados, sino que su finalidad es simplemente castigar a los delincuentes mediante su encarcelamiento.

Expresó que el repunte en la población penitenciaria tiene efectos adversos en las condiciones de detención y que las consecuencias negativas para los derechos humanos son múltiples.

Explicó que el uso excesivo de la reclusión es una de las principales causas subyacentes de la falta de espacio en las prisiones, lo cual genera condiciones que equivalen a malos tratos o incluso tortura.

Por ello, Méndez pidió revisar los estándares de la ONU para el encarcelamiento debido a que los recientes avances en las legislaciones y regulaciones sobre derechos humanos contradicen los lineamientos internacionales del encierro.

Consideró por ejemplo que es necesario regular el confinamiento solitario y prohibirlo de manera absoluta cuando se emplea de manera prolongada o en contra de menores de edad, personas con una discapacidad mental o mujeres embarazadas.

"Tratar a las personas privadas de la libertad con humanidad y respeto por su dignidad es una regla fundamental y universalmente aplicable, cuya implementación, como mínimo, no debe depender de los recursos materiales disponibles para un Estado miembro", enfatizó Méndez.