Ante el aumento de ataques a las mujeres, la presidenta de la comisión de derechos humanos del Senado, Kenia López Rabadan impulsa  hasta 26 años de cárcel  para quienes ataquen con ácido, sustancias corrosivas o químicos a una persona, sobre todo al sector femenino en el país.

De acuerdo con la organización “Acid Surviviors Trust International” (ASTI), la violencia ácida cobra al año mil 500 víctimas por ataques con ácido, de las cuales el 80 por ciento son mujeres. En el 90 por ciento de los casos los atacantes son hombres y en su mayoría tienen alguna relación con la víctima.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha señalado que los ataques con ácido y sustancias similares tienen una altísima carga simbólica, ya que pretenden dejar una marca de por vida, un rostro desfigurado y dejar en el cuerpo de la víctima un recuerdo de su crimen, de sus celos, de su odio y de su control.

La senadora panista señaló que el Estado mexicano está obligado a generar normas y políticas que protejan a las mujeres de la violencia con ácido. Recordó que  en México existen múltiples historias de mujeres víctimas que han sido atacadas con ácido y que han sido sometidas a más de 50 cirugías y aún les faltan más.

El ácido y otras sustancias abrasivas son utilizadas como un arma que pretende causar un sufrimiento físico enorme e imponerle una condena social que acompañará a la víctima de por vida, abundó la legisladora.

En México, los ataques con ácido son cada vez más frecuentes, sin embargo, las autoridades no refieren datos oficiales, y ante ello urge tipificarlos con penas, consideró.

La adición de dicho artículo tiene por objeto castigar a quien utilice ácido de cualquier tipo, sustancias corrosivas o inflamables para provocar una lesión o mutilación de una parte del cuerpo. La pena será de siete a 13 años de cárcel, indicó.

Asimismo, dijo, aseveró que la pena prevista se duplicará cuando exista o haya existido entre el agresor y la víctima una relación sentimental, afectiva, laboral o de confianza. “Por lo tanto, las reformas permitirán que las sanciones puedan aumentar hasta 14 o 26 años de cárcel si existe rasgo de parentesco o alguna otra relación cercana que involucre a quien ataque a una persona con ese tipo de sustancias”, precisó López Rabadán.

Detalló que los agresores y potenciales atacantes deben tener la certeza de que serán castigados conforme a la ley por este tipo de actos, por lo que, en la sesión de la Comisión Permanente de esta semana, ingresará una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un artículo 297 bis al Código Penal Federal.