La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por los crímenes contra periodistas en el país, y demandó al Estado mexicano agotar las líneas de investigación vinculadas al ejercicio de la profesión en todos los homicidios de los 6 comunicadores asesinados durante este año.
Asimismo, condenó los dos casos más recientes: el de Alicia Díaz González, colaboradora de El Financiero en Monterrey, Nuevo León; y el de Héctor González Antonio, corresponsal de Grupo Imagen en Ciudad Victoria, Tamaulipas, asesinados los días 23 y 29 del mes pasado, respectivamente.
“La relatoría especial observa con grave preocupación la situación de violencia contra periodistas en México. En lo que va de 2018, esta instancia recibió información sobre seis casos de comunicadores asesinados, lo que confirma la situación de riesgo y vulnerabilidad de los trabajadores de los medios en México”, indicó la CIDH a través de un comunicado.
La Comisión indicó, también, que durante 2017 hubo 12 periodistas asesinados, y al menos 20 debieron desplazarse de sus regiones debido a las amenazas recibidas, así como ataques a su vida e integridad personal.
La CIDH refirió que en su más reciente visita al país, en diciembre del año pasado, y que se realizó en conjunto con la relatoría en la materia de la Organización de las Naciones Unidas, se observó que México enfrenta una profunda crisis de seguridad.
Esta afecta gravemente los derechos humanos y, particularmente, la seguridad de los periodistas. Los ataques endémicos en contra de ellos, así como contra las personas defensoras de derechos humanos, sin duda representan la amenaza más inmediata y desafiante a la libertad de expresión en México, dijo la CIDH.
Tras su visita al país, los relatores de la Comisión, Edison Lanza, y de la ONU, David Kaye, identificaron que la situación de las mujeres periodistas es aún más grave, ya que “enfrentan contextos amenazantes particulares. Según informes de la sociedad civil, ha habido un aumento de 200 por ciento en ataques contra ellas”.
“Asimismo, existe una falta de perspectiva de género en la investigación, persecución del delito y en la protección de la situación de estas profesionales”, abundó la CIDH.
La Relatoría de la Comisión resaltó que es fundamental que el Estado mexicano investigue de forma completa, efectiva e imparcial este crimen que afecta a toda la sociedad mexicana, esclarezca sus móviles y determine judicialmente la relación que pudiera tener con la actividad como comunicadores.
El efecto amedrentador por estos asesinatos, enfatizó la CIDH, sólo podrá evitarse mediante la acción decisiva del Estado para castigar a quienes resulten responsables, como corresponde a su obligación.