Está aquí: HomeNacional

Nacional

Veracruz/Ciudad de México  (PlumasLibres/SinEmbargo).- Al tratar de defender a su hermana de 14 años de una violación, delincuentes asesinaron a un joven la mañana de este viernes en Tuxpan, Veracruz, región que el Gobernador de Veracruz,  Miguel Yunes Linares, visitó apenas unas horas para supervisar un libramiento y hablar sobre los avances de su administración.

 

De acuerdo con el testimonio de la víctima, ella y su hermano, de 20 años de edad, se dirigían a la escuela Manuel C. Tello. En el transcurso del camino, por la colonia México Lindo, tres sujetos armados y con el rostro cubierto los interceptaron. Desde el inicio los sujetos intentaron someter a la víctima, llevándola a un callejón para perpetuar el abuso.

 

Al instante, el hermano de la joven intentó detenerlos. Pero ambos fueron sometidos y llevados a un lugar baldío. Ahí, los sujetos encapuchados, amarraron al joven y comenzaron la violación de la chica de 14 años de edad. En el atentado, los criminales obligaron al hermano a que presenciara la escena.

 

Luego de terminar ataque sexual y violento sobre la adolescente, todavía estudiante de Secundaria, ésta fue obligada a ver el asesinato de su hermano.

 

Los gritos de los jóvenes no fueron suficientes para alertar a los vecinos a tiempo y evitar la violación y el asesinato. Para cuando estos dieron aviso a las autoridades, los criminales ya se habían dado a la fuga.

 

A la llegada de los paramédicos, el joven yacía sin vida en el suelo. Por lo que procedieron a confirmar la hora de muerte y a atender a la joven que aún se encontraba en shock.

 

El hecho ocurrió un día después de que se reportara la decapitación de “La Comandanta Paty”, y a apenas unas horas de que se presentara el Gobernador del Estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, para la supervisión del libramiento de Tuxpan.

 

La Procuraduría General de la República (PGR) tiene menos de un mes para concluir la investigación en contra del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El próximo 22 de enero concluye el término solicitado porla PGR para realizarla investigación complementaria contra el ex mandatario.
De acuerdo con las reglas del nuevo sistema penal, una vez concluido el término, la PGR informará del cierre de la investigación y solicitará al juez de control que fije fecha para la audiencia en la que dará inicio la etapa intermedia del proceso para ofrecer pruebas.

Además, se prevé que la PGR a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) fije el monto total que le imputará al ex mandatario.

Esto, debido a que desde julio pasado cuando el ex gobernador fue presentado ante el juez federal de control con sede en el Reclusorio Norte, los fiscales de la SEIDO le imputaron un desvío por 438 millones de pesos pero pesos durante la Administración de Duarte, provenientes de la Secretaría de Educación Pública del estado.

Sin embargo, la defensa puede solicitar más tiempo para allegarse de las pruebas que se desahogarán durante el juicio.

Para ello deberá formular la solicitud antes del 22 de enero en la que exprese la justificación para requerir la prórroga que puede ser de otros seis meses máximo.

Aunque el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que de manera excepcional el ministerio público también puede requerir la ampliación del término para investigar, esto ya no es posible debido a que la ampliación y el tiempo de investigación complementaria no deben exceder el máximo de 6 meses que prevé la ley.

Debido a que la PGR agotó este plazo desde la petición del tiempo complementaria, esta posibilidad ya se cerró para los fiscales.
Una vez cerrada la investigación definitivamente, la PGR cuenta con 15 días para solicitar el sobreseimiento, la suspensión del proceso o formular su acusación.

A continuación la defensa y la PGR podrán ofrecer sus pruebas durante la audiencia intermedia en la que el ministerio público expondrá su acusación; Duarte responderá y el juez resolverá sobre las pruebas que admitirá para su desahogo y cuáles no. Después el juez dictará auto de apertura de juicio e indicará ante qué tribunal deberán acudir PGR y la defensa de Javier Duarte para continuar con el procedimiento. Javier Duarte de Ochoa fue extraditado en julio pasado por el gobierno de Guatemala.

Al comparecer ante el juez de control se le vinculó por lavado de dinero y delincuencia organizada y le dictó prisión preventiva en el Reclusorio Norte al considerar que existe riesgo de que se dé a la fuga.

Durante la diligencia la PGR señaló al ex mandatario priista como el autor y dirigente de una red de delincuencia organizada y la comisión de "lavado" de dinero.

En la carpeta de investigación abierta por la SEIDO se le vinculó con la adquisición de tres departamentos en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, con valor de más de un millón de dólares cada uno.

Se le adjudicó la creación de diversas empresas fantasma a través de las cuales realizó desvíos millonarios de las arcas del estado. La audiencia inicialfue realizada en dos fechas distintas debido a la complejidad del caso.

Durante la exposición de los datos de prueba de la PGR, los fiscales indicaron que la red de "lavado" de dinero que supuestamente operaba Duarte tuvo como testaferros a las hermanas Nadia y Elia Arzate Peralta; Alfonso Ortega López, Moisés Mansur, entre otros.

Asimismo, fueron dados a conocer datos que involucran la vida personal del ex mandatario como su relación extramarital con Xóchitl Tress, a quien benefició con los desvíos millonarios; que Duarte aparecía como único y universal heredero de los bienes de Moisés Mansur y que pretendía construir una casa de descanso en un predio ubicado en las Lomas de Chapultepec con un valor de más de 42 millones de pesos.

Chilpancingo, Guerrero/Ciudad de México (El Sur/SinEmbargo).– En menos de dos años el Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el país documentó 20 casos de jóvenes desaparecidos que fueron detenidos por la Policía Municipal de Chilpancingo, y presumiblemente entregados a la delincuencia organizada, informó la presidenta del organismo Guadalupe Gutiérrez Narciso.

La titular del colectivo declaró que los casos no se dieron a conocer por decisión de los familiares ante el grave riesgo al que se enfrentan, y que de los siete casos recientes el colectivo solamente sabe del de Efraín Patrón.

El 2 de enero el ex presidente de la Canaco, Piquinto Damián Huato denunció la desaparición de siete jóvenes en Chilpancingo, dos de ellos, Jorge Arturo Vázquez Campos de 30 años y Marco Catalán Cabrera de 34, fueron encontrados muertos casi a la medianoche del 3 de enero cerca de Tierras Prietas, al norte de la capital.

 

Dos más, Efraín Patrón Ramos de 25 años y Abel Aguilar García de 18 siguen desaparecidos, y tres más fueron encontrados vivos, torturados y atados de las manos a las 6 de la mañana del 3 de enero en un terreno baldío cerca del Palacio de Gobierno. En la mayoría de los casos, según el empresario, participó en su detención la Policía Municipal.

La representante de los familiares de desaparecidos y asesinados, Gutiérrez Narciso informó que de los siete casos recientes que denunció Damián Huato, y que ocurrieron entre el 23 al 31 de diciembre pasado, solamente dan seguimiento al de Efraín Patrón, quien no ha sido localizado y según sus familiares desapareció después de que fue detenido por policías municipales en la alameda Granados Maldonado a las 4 de la mañana del 29 de diciembre.

Informó que de los 100 casos a los que da seguimiento el colectivo, entre desaparecidos y asesinados, en 20 los testimonios refieren que las víctimas fueron detenidas por policías municipales desde el 2016.

Gutiérrez Narciso dijo que el colectivo comenzó a documentar los casos de desaparecidos y asesinados a partir de ese año, y que se incrementaron a partir de 2017.

Informó que de 2016 y lo que va de 2018 han llegado al colectivo 20 casos en los que se vio involucrada la Policía Municipal, “pero pues como siempre, los familiares tienen miedo de denunciar y exigir su presentación porque los tenemos (a los agresores) a la vista”, dijo la presidenta del colectivo.

Gutiérrez Narciso declaró que la vinculación de policías con miembros de la delincuencia coloca en un “riesgo muy grande” a los familiares de las víctimas.

 

“La policía es el principal apoyo de la delincuencia organizada, siempre ha sido así pero nunca se había hecho tan visible”, afirmó.

Denunció que hay protección de las autoridades “de más arriba” a los agentes policiacos que han participado en la desaparición de personas.

Agregó que en los siete casos que se denunciaron del 23 al 31 de diciembre, no pudo haber participado solamente un policía, que es al que quieren vincular a proceso, “son muchos, pero el gobierno sabe cómo protegerse y a quién echarle la culpa”.

Añadió que lamentablemente nadie tiene el valor de decir la verdad, “pero participaron muchos elementos de la policía, hay muchos involucrados, hay videos de todo, pero los familiares tienen miedo de hablar”.

AMNISTÍA ALERTA DE OTRO CASO AYOTZINAPA

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).– Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional condenó la desaparición forzada de al menos siete jóvenes en Chilpancingo, Guerrero, y aseguró que ante el grave contexto de tolerancia e impunidad “otro caso como Ayotzinapa podría darse en cualquier momento”.

“Es escandaloso que la impunidad por estas graves violaciones a derechos humanos siga siendo la norma. El actual contexto de la capital de Guerrero demuestra que otro caso como Ayotzinapa podría darse en cualquier momento”, aseguró la directora de Amnistía Internacional en un comunicado.

Entre el 23 y 31 de diciembre, siete jóvenes fueron reportados como desaparecidos tras ser detenidos por policías de Chilpancingo. Dos de ellos aparecieron muertos, tres denunciaron torturas por parte de los uniformados y dos siguen sin ser localizados.

El pasado 3 de enero, tres jóvenes fueron localizados atrás de una tienda Soriana y a un costado del Palacio Municipal de Chilpancingo. Estaban semidesnudos, atados de las manos y con signos de tortura, pero con vida.

Amnistía Internacional indicó que mientras los pobladores de Chilpancingo se encontraban celebrando las fiestas navideñas en sus hogares la policía desapareció a los jóvenes usando tácticas escalofriantes las cuales se asemejan a las utilizadas por el crimen organizado.

“Trágicamente, la desaparición forzada de estos jóvenes, es la última de una larga serie de horrores ocurridos en el estado de Guerrero. Los signos alarmantes de corrupción y terribles violaciones a derechos humanos permanecen a la vista de todos, y aquellos servidores públicos que negligentemente los ignoran, son cómplices”, expuso la organización internacional defensora de derechos humanos.

La organización indicó que llevó a cabo recientemente una misión de investigación en Chilpancingo, donde confirmó la desaparición forzada de Alán Alexis junto con dos menores de edad el 27 de diciembre de 2017, así como la desaparición forzada de Jorge Arturo Vázquez Campos y Marco Eduardo Catalán Cabrera, el 30 de diciembre de 2017 en la feria local de la ciudad.

Alan Alexis y dos adolescentes habrían sido desaparecidos y torturados durante 7 días por la policía municipal de Chilpancingo y la policía ministerial del Estado. Según la información recibida por Amnistía Internacional, los tres jóvenes fueron privados de la libertad y trasladados a la estación de policía local el día 27 diciembre, conducidos posteriormente a una casa de seguridad, y luego transportados en un tormentoso viaje a Acapulco. Allí fueron introducidos en celdas, donde permanecieron al menos 3 días sin acceso a comida, y con el temor de ser asesinados.

El día 3 de enero de 2018, los tres jóvenes fueron llevados de nuevo a la ciudad de Chilpancingo y arrojados con vida detrás de un supermercado local, presentando claros signos de tortura y envueltos con cinta adhesiva de cuerpo y ojos. La información recibida indica que la policía los habría torturado con la intención de obtener información, en concreto una “confesión” ilegal. Los datos a los que tuvo acceso Amnistía Internacional apuntan que hasta el momento no se ha iniciado una investigación por las alegaciones de tortura, a pesar de haber sido formalmente denunciada.

“La impactante desaparición de estos jóvenes no es un evento aislado y ha afectado a familias de diferentes niveles socioeconómicos”.

“Es esencial que las autoridades aseguren una investigación imparcial, pronta y exhaustiva que establezca la totalidad de las circunstancias que apuntan al involucramiento de autoridades a todos los niveles en estas desapariciones forzadas, así como en relación a los actos de tortura contra tres personas y la muerte de otras dos. Mientras tanto, la seguridad de los sobrevivientes, familiares, y testigos es primordial y deben ser protegidos”, reclamó-

Roberto Borge Angulo llegó a México, en un avión de la Procuraduría General de la República (PGR), luego de ser extraditado por el Gobierno de Panamá la mañana de este jueves, país donde permaneció 7 meses preso.

 

Ello para que enfrente las acusaciones legales con las que cuenta el ex gobernador de Quintana Roo, entre ellas lavado de dinero, aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado.

 

El avión de la PGR, con el ex mandatario y las autoridades mexicanas a bordo, despegó alrededor de las 09:00 horas, hora del Centro de México, del hangar del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), adyacente al Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal del país centroamericano.

 

El avión de la PGR llegó con el imputado, alrededor de las 13:40 horas, al hangar de la dependencia, ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde Borge será sometido a una valoración médica y el papeleo de ingreso al país.

 

Después, un convoy comprendido por una decena de camionetas de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en la que viajarán fiscales y escoltas; así como patrullas del Estado de México y motocicletas de la Policía de Tránsito de la Ciudad de México, trasladaron a Borge al Centro de Justicia Federal del Poder Judicial de la Federación (PJF), ubicado a un costado del palacio municipal de Nezahualcoyotl, Estado de México, donde se pondrá a disposición del juez de control Enrique Beltrán Santés.

 

Se espera que en la audiencia inicial, el Ministerio Público de la Federación otorgue elementos de prueba para justificar la detención de Roberto Borgue y buscar que el juez califique de legal la detención.

 

En caso que el imputado y su defensa soliciten una ampliación del término constitucional para su vinculación a proceso, el juez Beltrán Santés deberá dictar medidas cautelares de presión preventiva para Borge.

 

A mediados de diciembre, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela Rodríguez, y la canciller, Isabel De Saint Malo, firmaron la resolución para la extradición a México de Borge Ángulo.

 

Ello después de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá rechazara tres hábeas corpus presentados por la defensa de Borge Ángulo, para impedir su extradición a México, donde se le acusa de peculado, desempeño irregular de la función pública y aprovechamiento ilícito de poder.

 

El pasado 27 de julio, la SRE presentó a su homólogo panameño la solicitud formal de extradición contra el ex mandatario estatal, acompañada de una copia certificada de la orden de aprehensión librada el 31 de mayo por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Nezahualcóyotl.

 

El ex mandatario estatal fue detenido la noche del 4 de junio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, cuando se disponía a tomar un vuelo hacia París, Francia. Luego permaneció recluido en la prisión de “El Renacer” desde el pasado 9 de junio, hasta su extradición.

 

La PGR imputa al político de 37 años de edad, cuatro causas penales. Una del fuero federal por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que involucran 25 inmuebles con un valor de mercado de unos 5 mil millones de pesos.

 

Las tres restantes acusaciones del fuero común contra el ex gobernador de Quintana Roo del 2011 al 2016 son por: peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública; delitos que se pueden enfrentar en libertad bajo caución, ya que no se consideran graves en el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).

 

Sin embargo, la Fiscalía de Quintana Roo advirtió que podría ampliar los delitos por los que acusa al ex gobernador, sin detallar cuáles.

 

“Lo anterior, sin que quede restringido el derecho de esta representación social para ampliar los posibles delitos que se le pudieran imputar al ex funcionario estatal, esto, de conformidad con el Tratado de Extradición vigente entre México y Panamá firmado en noviembre del 2004”, resaltó la Fiscalía.

 

El pasado 8 de junio, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expulsó al ex gobernador Borge Ángulo, al considerar que su conducta provocó “efectos negativos” a dicho instituto político.

TIJUANA.- Autoridades de la Policía Federal incautaron en el aeropuerto de esta ciudad fronteriza,

946 mililitros de metanfetamina líquida y 27 tarjetas bancarias clonadas.

El decomiso de las tarjetas bancarias se efectuó en el área de carga del aeropuerto en el interior de

un paquete de juguetes que se envió de Ciudad de México.

Los oÚciales de la Policía Federal, detallaron que las tarjetas de diferentes instituciones bancarias,

venían adheridas a la caja de cartón.

 

Al ser revisadas, las tarjetas mostraban alteraciones en su referencia bancaria, por lo que hace

suponer que son clonadas, dijeron las autoridades federales.

En otra acción efectuada por los elementos asignados al aeropuerto de la ciudad, se aseguraron

dos recipientes de plástico supuestamente de producto de belleza (shampoo).

El producto contenido en los recipientes "Well & Good", no era shampoo, sino metanfetamina

líquida, por lo que fue asegurado, indicaron las autoridades.

Los supuestos productos de belleza traían origen de la Ciudad de México, con destino a esta

ciudad. Las autoridades federales, indicaron que los aseguramientos se dan en el marco del

operativo para prevenir el tráÚco de drogas y sustancias o productos ilícitos en paqueterías.

 

Ciudad de México, (Infobae/SinEmbargo).- La Policía brasileña detuvo en la ciudad de Fortaleza al narcotraficante José González Valencia, uno de los máximos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más peligrosas de México.

 

 

Luego de la captura de Abigael González Valencia, el mayor de Los Cuinis, según fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR) de México, la organización ajustó sus piezas y José González Valencia asumió el mando operativo de aquella.

“La Chepa”, como se lo conoce en México, también fue a partir de 2015 el jefe de seguridad de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el principal jefe del CJNG. Según la PGR, el ahora detenido organizó algunos ataques contra corporaciones policíacas de Jalisco.

También encabezó las operaciones para conquistar el territorio que dejó en Michoacán el desaparecido cártel de Los Caballeros Templarios.

 

De acuerdo con lo que consigna la BBC, González Valencia es parte de una familia de vieja presencia en el tráfico de drogas en México. El patriarca, Armando Valencia Cornelio, “El Maradona”, fundó una organización conocida como Cártel del Milenio, que operaba principalmente en Michoacán y Guerrero.

El grupo enviaba cocaína a los Estados Unidos y fue uno de los primeros en traficar drogas sintéticas. El cártel fue prácticamente extinguido durante el gobierno del ex Presidente Vicente Fox (2000-2006), pero los hijos y hermanos del fundador siguieron activos.

 

Uno de ellos, Abigael González Valencia, se alió con su cuñado, “El Mencho”, para crear un nuevo grupo que colaboró con el Cártel de Sinaloa hasta 2010. A partir de ese año, empezaron a disputar a sus ex aliados el control del narcotráfico en Jalisco, uno de los principales centros de operación financiera de Sinaloa. Abigail fue detenido en febrero de 2015 y, a partir de ese momento, su hermano ocupó su lugar en la organización.

Según informaron las autoridades tras el arresto, “La Chepa” estaba con su familia en un complejo turístico en la región metropolitana de Fortaleza (noreste de Brasil), en donde ocupaba una residencia alquilada en la exclusiva playa de Taíba, y no se resistió.

La Policía Federal informó que el mexicano ingresó a Brasil como turista procedente de Bolivia, país en donde al parecer residía desde que huyó de México hace dos años.

El acusado portaba un documento expedido por Bolivia y en el que se identificaba como ciudadano mexicano, pero con el falso nombre de Jafett Arias Becerra.

 

De acuerdo con el comisario de la Policía Federal Aldair Rocha, uno de los responsables de la captura, el mexicano pasaba una temporada de vacaciones con su familia en Fortaleza desde el 22 de diciembre, cuando era vigilado por las autoridades brasileñas.

Tras su arresto, fue conducido a las celdas de la sede de la Superintendencia de la Policía Federal en Fortaleza, en donde quedó a disposición de la máxima corte brasileña, que tiene que pronunciarse sobre su extradición.

El diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso de Jalisco, Saúl Galindo Plazola, fue asesinado a balazos la mañana de este jueves, en el municipio de Tomatlán, según lo informó la Fiscalía General del Estado.

Galindo Plazola era legislador local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco y Presidente de la Comisión de Justicia. Era originario de Tomatlán, municipio al que aspiraba gobernar y por ello se había registrado hace una semana como precandidato a la Alcaldía.

Según el diario local Mural, la Policía de Tomatlán informó que el diputado Galindo Plazola fue agredido a balazos cuando circulaba en su camioneta por la Carretera Federal 200 y falleció en un hospital de dicho municipio. Al momento del ataque iba acompañado de su hijo.

“No sé ni a qué horas fue. La verdad ahorita con este chingadazo estoy todo norteado”, señaló Jorge Luis Tello García, alcalde de Tomatlán, también perredista, al ser cuestionado por reporteros locales sobre el asesinato del legislador.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco confirmó a través de su cuenta de la red social Twitter, que el legislador fue atacado a balazos en el municipio de Tomatlán, lo que le provocó la muerte, y que su titular, el fiscal Raúl Sánchez Jiménez, viajó al lugar del asesinato para encabezar la investigación.

Por su parte, el aspirante independiente al Senado y diputado local con licencia en Jalisco, José Pedro Kumamoto Aguilar, lamentó el hecho y dijo que se necesita recuperar la seguridad y la paz en dicha entidad.

“El asesinato de mi compañero de legislatura Saul Galindo es terrible y doloroso para nuestro estado. Mis condolencia y pensamientos con su familia, amigos y colaboradores”, tuiteó Kumamoto Aguilar.

Galindo Plazola fue presidente municipal de Tomatlán del 2013 al 2015, donde anteriormente ya había sido regidor, en el periodo del 2004 al 2006. Por estos hechos, el comité estatal del PRD convocó a rueda de prensa a las 13:30 horas de este día, para fijar postura sobre el asesinato del legislador.

Ciudad de México, (Infobae/SinEmbargo).- En los últimos tiempos América Latina se ha consolidado como la región que registra mayor violencia en el mundo. Así lo refleja el último informe publicado este año por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (Ccspjp) de México, en el que las primeras 10 ciudades -de un ránking de 50- son latinoamericanas.

 

La mala noticia es que la situación en estos últimos meses no varió. Países como Venezuela, Honduras, México y Brasil, entre otros, siguen presentando elevados índices de inseguridad y violencia.

El estudio fue elaborado con datos de 2016 sobre las tasas de homicidio cada 100 mil habitantes en cientos de ciudades del mundo. No obstante, el informe no incluyó a países que se encuentran en guerra.

“Con una tasa de 130.35 homicidios por cada 100 mil habitantes, Caracas fue la ciudad más violenta del mundo al igual que en 2015, condición que confirma la grave crisis de crimen y delito que agobia a Venezuela, además de otros gravísimos problemas”, señaló el Ccspjp.

 

Otro dato muy desalentador para Venezuela es que es el país que más ciudades presentó entre los primeros puestos del ránking. A la capital se le sumaron Maturín, Ciudad Guayana y Valencia.

Luis Ortega Díaz, la ex fiscal general que se rebeló al régimen de Nicolás Maduro y debió exiliarse, alertó a principio de año el preocupante incremento en las tasas de homicidios. La magistrada reveló que durante 2016 en Venezuela hubo 21.752 homicidios.

De ese total, 4.667 fueron a manos de efectivos policiales.

 

Y este 2017 no fue la excepción. Incluso durante cinco meses, entre abril y agosto, las fuerzas chavistas llevaron a cabo una brutal represión contra la población civil que día tras día salió a las calles masivamente para manifestarse contra la dictadura de Maduro.

Como saldo de la violencia del Gobierno, cientos de personas murieron, y miles resultaron heridas.

En el caso de Venezuela, sumado a la grave crisis, hay que mencionar la participación de los colectivos chavistas, el grupo paramilitar que opera con total coordinación con las Fuerzas Armadas.

 

Pero esta preocupación se extiende por toda la región. México es otro país que sigue sin lograr detener la ola de violencia. Por eso no resulta extraño que en el informe del Consejo Ciudadano haya dos ciudades mexicanas entre las primeras diez. Se trata de Acapulco, que se ubica en el segundo lugar detrás de Caracas, con un índice de 113 mil 24 homicidios. La otra es Ciudad Victoria -quinto lugar-, con 84 mil 67.

Honduras es la otra nación que aportar más ciudades. Tercera está San Pedro Sula, con un registro de 112, 09 homicidios, y cuarta Distrito Central, con 85,09.

“Existen en Honduras gravísimos índices de criminalidad e impunidad de violaciones de derechos humanos. El país presenta una de las tasas de homicidios más altas del mundo, a pesar de la reducción de estos delitos en los últimos años. Entre los más vulnerables a actos de violencia se incluyen periodistas, activistas campesinos, y lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT)”, señaló Human Rights Watch (HRW) en un informe presentado este año.

El país centroamericano vivió semanas convulsionadas durante el último mes de diciembre tras las polémicas elecciones presidenciales en las que fue reelecto el mandatario Juan Orlando Hernández. Los reclamos de fraude derivaron en saqueos, cortes de carreteras y barricadas. Protestas que fueron reprimidas por las fuerzas locales.

“El uso de la fuerza letal por miembros de la Policía Nacional constituye un problema crónico”, alertaba HRW.

Los otros dos países que tienen ciudades entre las diez más peligrosas del mundo son El Salvador y Brasil. San Salvador, con 83,39 homicidios, está en el séptimo lugar del ránking, mientras que Natal figura en la décima posición, con un registro de 69,56.

En América Latina se concentra el 8 por ciento de la población mundial. Sin embargo, el 33 por ciento de las muertes violentas en el mundo tienen lugar en esta región, señala el informe.

El pasado 15 de diciembre la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, (FCERM) A.C., notificó al C.P.I. Jorge Alberto De la Rosa, Socio de Precios de Transferencia de la firma Grupo Consultor EFE™, la aprobación de su examen como Perito especialista en materia de Precios de Transferencia. 

 

Este año, la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, A.C., mediante registro F-424 ante la Dirección General de Profesiones de la SEP, ha establecido con éxito el proceso mediante el cual se certifica a especialistas en el tema de Precios de Transferencia como Peritos en la materia.  

 

El objetivo de la creación de este proceso de certificación consiste en garantizar a los grupos multinacionales y empresas mexicanas sujetas al cumplimiento de esta ley, la capacidad técnica de los profesionales especializados en la materia, dotándolas de un mayor grado de certidumbre.

 

El proceso de certificación como Perito está regido por los criterios del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (CENEVAL) y establecidos por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), instancias evaluadoras de alto prestigio en México. 

 

Para ser sujeto del proceso de evaluación, se debe demostrar una experiencia de por lo menos diez años ejerciendo de forma ininterrumpida la práctica en la materia, incluyendo un mínimo de cinco             años a nivel gerencial o directivo.

 

La FCERM ha iniciado ya los contactos interinstitucionales con la Judicatura Federal, la PRODECON, y las autoridades fiscales para dar a conocer la lista de los peritos que hayan aprobado el proceso de certificación. 

 

En el caso de Grupo Consultor EFE™, su Socio de Precios de Transferencia, el C.P.I. Jorge Alberto De la Rosa, ha recibido constancia de aprobación del proceso de certificación como Perito en Precios de Transferencia, siendo hoy en día uno de los pocos a nivel nacional que cuentan con este distintivo, y el más joven en lograrlo, por lo que adicionalmente recibió la invitación a formar parte de la Comisión Nacional de Precios de Transferencia de la FCERM. 

 

La firma tijuanense se encuentra consolidad a nivel internacional como líder en asesoría en precios de transferencia, tanto en México como en el resto de Latinoamérica, lo que les ha representado obtener de forma recurrente diversos reconocimientos internacionales como la “Mejor Firma de Precios de Transferencia en México y Latinoamérica”, además de la representación nacional de TPA Global, el network más grande del mundo en esta especialidad.

 

Para conocer más acerca de los servicios de consultoría en precios de transferencia que ofrece la firma, visitar www.grupoconsultorefe.com  

Ciudad de México (SinEmbargo).– El imperio contraataca. Un día después de que fuera señalado uno de los líderes, Manlio Fabio Beltrones, en un escándalo de corrupción, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigió a la Procuraduría de Justicia del estado de Sonora que se inicie una investigación en contra de Damián Zepeda, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), a quien acusa de presuntamente desviar recursos del Gobierno sonorense para financiar su campaña por la Alcaldía de Hermosillo.

 

El nuevo escándalo de corrupción involucra a un intocable del PRI: César Duarte Jáquez. El ex Gobernador es juzgado por un gobierno panista, el de Javier Corral Jurado. Tiene 10 órdenes de aprehensión en Chihuahua y una más en la Fepade, pero la Procuraduría General de la República (PGR) no ha pedido su extradición y el PRI no le ha quitado sus derechos.

 

Es en ese contexto que Enrique Ochoa Reza, presidente del PRI, convocó a una conferencia de prensa para acusar al líder panista de desviar alrededor de 700 millones de pesos mientras se desempeñaba como Diputado federal entre 2012 y 2015 y aseguró que el desvió se realizó a través del consejo Estatal para la Concentración de la Obra Pública con el fin de construir obras que él inauguraba.

 

“Damián Zepeda perpetró estos actos delictivos desde que se desempeñaba como diputado federal durante el periodo 2012-2015. Precisamente cuando Ricardo Anaya era presidente del PAN, Zepeda consiguió la canalización de recursos del estado a la ciudad de Hermosillo”, aseguró Ochoa Reza.

 

 

El líder del PRI recalcó que se le solicitaban moches a los proveedores y a las contracturas y ese dinero era destinado para la campaña de Zepda para la Alcaldía de Hermosillo.

 

“Tan sólo en el ejercicio 2014, dicha dependencia asignó 19 obras a compañías relacionadas con Zepeda, por un monto cercano a los 340 millones de pesos”, apuntó. “En el PRI exigimos la firme intervención de las autoridades de procuración de justicia en el Estado de Sonora, para que se lleven a cabo las investigaciones relacionadas con estos hechos presuntamente delictivos, que se cite a declarar a los involucrados y se castigue dicho hecho con todo el peso de la Ley”.

 

Tras los señalamientos, el PAN aseguró que las acusaciones en contra de Damián Zepeda forman parte de una campaña de ataque y desprestigio. Además, aseguraron, que el PRI pretende tapar sus escándalos de desvíos de más de 250 millones de pesos del gobierno federal para sus campañas.

 

“En política no hay casualidades. El PRI ataca a Damián Zepeda un día después de que éste presentara una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales por los desvíos de más de 250 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para las campañas del PRI”.

 

EL PAN recordó que que el pasado 20 de diciembre Alejandro Gutiérrez. ex Secretario general adjunto del PRI fue detenido y vinculado a proceso por desvíos del erario público de Chihuahua al tricolor en 2016.

 

El partido blanquiazul aseguró que su dirigente nunca ha trabajado en el Gobierno de Sonora ni ha desempeñado ninguna función que le permita tener facultades como las que han “filtrado” los priistas, ni tampoco ha tomado decisiones, asumido responsabilidades o tenido injerencia en torno a la adjudicación de obras.

 

“Una vez más, el PRI exhibe su desesperación ante el rechazo de la ciudadanía, la fuerza de la coalición en la que participa el PAN y el destape de la corrupción de la que son autores”.

 

“Mientras el PAN confirma su vocación democrática y utiliza los cauces institucionales para coadyuvar a que se esclarezca este caso de desvío de recursos públicos para las campañas del PRI en 2016, el PRI recurre a las mismas estrategias de ataque burdo contra quien señala su corrupción. Al final, como en otras ocasiones, la verdad prevalecerá”.

 

EL ESCÁNDALO

 

Ayer, Priscila Licón, agente del Ministerio Público de Chihuahua, reveló durante la audiencia que se sigue en contra del coahuilense Alejandro Gutiérrez Gutiérrez nuevos datos que imputan a Mario Manlio Fabio Beltrones, ex dirigente nacional del PRI, en los desvíos de recursos públicos de Chihuahua en beneficio del tricolor.

 

Licón dio a conocer que el empresario utilizó su compañía Jet Combustibles para la triangulación de recursos y hoy mismo, el juez de control Octavio Armando Rodríguez Gaytán establecerá si lo vincula o no a proceso, luego de que este renunció, en una movida inesperada, a su derecho constitucional de 72 horas y de las 144 horas adicionales de una posible ampliación del término.

 

Gutiérrez Gutiérrez habría operado directamente con César Duarte Jáquez, ex Gobernador prófugo, para llevar a las campañas del PRI en 2016 dinero del erario chihuahuense. Las empresas implicadas en el caso son Samex, Sinax, Sisas, Sinas y Despacho de Profesionistas Futura. Gutiérrez habría usado a Jet Combustibles para simular un contrato de prestación de servicios al Gobierno de Duarte Jáquez.

 

La audiencia sacó más datos que vinculan a Beltrones, uno de los jerarcas del PRI.

 

La agente del Ministerio Público reveló que el ex Secretario de Educación, Cultura y Deporte, Ricardo Yáñez Herrera hundió a todos el 25 de septiembre pasado. Involucró directamente, por su nombre, al ex Gobernador César Duarte; al ex Secretario de Hacienda Jaime Herrera; al ex Director de Adquisiciones, Antonio Enrique Tarín; el ex Director de administración, Gerardo Villegas, así como el ex Secretario General de Gobierno, Mario Trevizo, entre otros funcionarios.

 

Dijo que lo presionaron para que disfrazara con documentos y facturas de servicios inexistentes los 246 millones que sacaron de las arcas de Chihuahua para la campaña del PRI.

 

Yáñez Herrera dijo más al MP ese 25 de septiembre.

 

Reveló un supuesto mensaje que envío “MB” o Manlio Fabio Beltrones a Gutiérrez Gutiérrez en el que le decía que el dinero que presuntamente recibió el CEN del PRI, “ya no tendría retorno”.

 

De acuerdo con esta declaración, Gutiérrez Gutiérrez, detenido, le dijo a Yáñez y demás ex funcionarios estatales que el saqueo se llevaba a cabo al mismo tiempo en Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Durango y Sinaloa.

 

VIDEO DE INTERÉS

BANNERS DERECHA

 
 
 
 
 

Carlos Alejandra, A.C.