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CIUDAD DE MÉXICO.- En el marco de su gira de trabajo por la Ciudad de México, el Gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, sostuvo este martes una reunión con el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa Macías y con otros Mandatarios estatales, para atender las demandas prioritarias de los bajacalifornianos. 

 

 

 

En esta reunión, se acordó la integración de una mesa de trabajo entre los Estados y la Secretaría de Hacienda, a fin de impulsar que las entidades federativas cuenten con mayores recursos para atender las necesidades de la ciudadanía. El Mandatario estatal agregó que se gestionará el incremento al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

 

 

 

En relación a la problemática presente de cierre de ejercicio fiscal que presentan los Estados, el Gobernador de Baja California señaló que se seguirá trabajando de manera coordinada para fortalecer las finanzas públicas del Estado, como es la necesidad de actualizar la asignación presupuestal principalmente en temas de educación, salud e infraestructura. Ante ello, los Gobernadores acordaron la revisión de los convenios de descentralización en estos rubros, así como la revisión de potestades tributarias de los distintos órdenes de gobierno.

 

 

 

En materia de educación, el Gobernador Francisco Vega reiteró que Baja California es una de las entidades que mayores recursos propios aporta a la educación, y solicitó al Secretario de Hacienda que se lleve al Estado a una media nacional en relación al gasto educativo en el país, logrando con esto mayor inversión en las obligaciones y compromisos que el Estado toma ante otros conceptos presupuestados de orden local. 

 

 

 

A la reunión, que se llevó a cabo en las instalaciones de Palacio Nacional, también asistieron los Gobernadores de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval; de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis; de Durango, José Rosas Aispuro; de Guanajuato, Diego Sinhue; de Querétaro, Francisco Domínguez Servién; de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, así como el de  Yucatán, Mauricio Vila Dosal.

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).- María Ascensión Cruz Torres, regidora electa de Morena en Mazatepec, Morelos, fue asesinada a balazos la mañana de este domingo.

 

De acuerdo con medios locales, un sujeto disparó en contra de la mujer de 55 años de edad en calles de la colonia El Florido, en Mazatepec.

 

Al lugar arribaron los servicios de emergencia quienes trasladaron a María Ascensión Cruz a un hospital donde finalmente falleció. El agresor huyó a pie del lugar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en la mañana de ayer, día de Navidad, que este enero iniciará la construcción de un tramo de 256 kilómetros de muro nuevo en la frontera entre Texas y México.

 

El mandatario hizo el anuncio desde la Casa Blanca, y no quiso dar detalles al respecto de la construcción. De hecho, se limitó a decir que otorgaron esos 256 kilómetros “a varia gente”, es decir, a diversas empresas, y que los otorgaron “a un gran precio”. “Vamos a tener una gran muralla allí y vamos a tener otras secciones”, es decir, en otros tramos de la frontera, según agregó Trump.

 

El mandatario dio a conocer además que en enero próximo viajará a Texas para inaugurar los trabajos de la nueva sección del muro, que, según anticipó, podría ser la más larga de todas las existentes en la frontera entre EU y México.

 

Trump dijo sentirse muy entusiasmado con esta nueva sección y, en tono desafiante, aseguró que “mientras peleamos por fondos, estamos construyendo”. “Es mi expectativa tener esto construido, completado, todos los 880 kilómetros renovados o nuevos para el día de las elecciones (del 2020)”, agregó.

 

En ese sentido, Trump indicó que aunque el Congreso aprobó ya 25 mil millones de dólares para la seguridad fronteriza, y algunos fondos para el muro, ”queremos que el dinero para el muro sea incrementado, porque lo quiero terminar”.

 

Durante su anuncio sobre el muro, el presidente republicano incidió también en que el cierre parcial del gobierno continuará hasta que los demócratas no le autoricen este nuevo dinero que ha solicitado para financiar la construcción del controvertido muro.

 

“NO LOS QUIERO EN EL PAÍS”. “No puedo decir cuándo estará abierto el gobierno. Puedo decirte que no estará abierto hasta que no tengamos un muro, una barrera, como lo quieran llamar”, dijo el mandatario.

 

Trump insistió en que tanto el muro como otras acciones son absolutamente necesarios para la seguridad de EU, porque, en su opinión, la seguridad en la frontera está fuera de control.

 

En la misma línea, Trump incidió una vez más en el problema del paso de drogas de México a EU, así como en el tráfico de personas y la migración irregular. El mandatario llegó a decir de los migrantes: “No los quiero en el país, y la única manera como lo vas a lograr es con una barrera física”.

 

La población en su mayoría mujeres, niñas y niños, se desplazó nuevamente después de la agresión e intimidación. Familias les prestaron espacios pero existe la amenaza de expulsarles de sus comunidades. Testimonios refieren que autoridades comunitarias amenazaron con amarrar y quemar a representantes del Comité Chalchihuite, así como a quienes intenten ingresar al lugar donde se ubicaban los campamentos y prohibieron el acceso de ayuda humanitaria.

 

Al menos 1237 personas permanecen en desplazamiento forzado en Chalchihuitán, Chiapas, en condiciones de vulnerabilidad y riesgo, sin poder retornar a sus casas y parcelas de manera definitiva porque sus terrenos se encuentran en los límites del conflicto donde grupos armados provenientes de Chenalhó, mantienen disparos que se intensifican en las madrugadas.

 

A más de un año del desplazamiento forzado masivo de comunidades integrantes del pueblo tsotsil de Chalchihuitán, Chiapas, la situación es grave y continúan las violaciones a derechos humanos ante la omisión del Estado mexicano.

 

El gobierno de Chiapas incumple los compromisos internacionales de atención y protección a población desplazada y contraviene la medida cautelar No. 882-17 que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 24 de febrero de 2018, “para garantizar los derechos de integrantes de pueblos originarios en situación de riesgo a la vida, seguridad e integridad personal de las 10 comunidades desplazadas forzadas, desde noviembre de 2017”.1

 

Por lo anterior, el “Frayba” pidió al Estado mexicano:

 

 

• Garantizar la seguridad, integridad y vida de la población en desplazamiento forzado en Chalchihuitán, Chiapas.

 

• Detener las amenazas y agresiones provenientes de Hermelindo García Núñez, Sindico Municipal de Chalchiuitán en contra de representantes del Comité Chalchihuite.

 

A más de un año del desplazamiento forzado masivo de comunidades integrantes del pueblo tsotsil de Chalchihuitán, Chiapas, la situación es grave y continúan las violaciones a derechos humanos ante la omisión del Estado mexicano.

 

El gobierno de Chiapas incumple los compromisos internacionales de atención y protección a población desplazada y contraviene la medida cautelar No. 882-17 que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 24 de febrero de 2018, “para garantizar los derechos de integrantes de pueblos originarios en situación de riesgo a la vida, seguridad e integridad personal de las 10 comunidades desplazadas forzadas, desde noviembre de 2017”.1

 

Por lo anterior, el “Frayba” pidió al Estado mexicano:

 

 

• Garantizar la seguridad, integridad y vida de la población en desplazamiento forzado en Chalchihuitán, Chiapas.

 

• Detener las amenazas y agresiones provenientes de Hermelindo García Núñez, Sindico Municipal de Chalchiuitán en contra de representantes del Comité Chalchihuite.

CIUDAD DE MÉXICO.- De la mano de la cacique magisterial Elba Esther Gordillo, que

lo consideraba su alumno más destacado, Rafael Moreno Valle despuntó en la política del

país y, tras el fracaso de Ricardo Anaya, consolidaba su liderazgo en el Partido Acción

Nacional (PAN), del que era, hasta hoy que falleció junto con su esposa Martha Erika

Alonso, el más rme prospecto presidencial para 2024.

Nieto del exgobernador de Puebla del mismo nombre, general del mismo nombre que creció a la

sombra de Gustavo Díaz Ordaz, Moreno Valle fue brazo derecho en materia de finanzas con

Gordillo, quien en el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la

Cámara de Diputados, entre 2003 y 2006, lo hizo director de administración y luego, al pactar con

Felipe Calderón, renunció al priismo y fue el candidato del PAN a senador.

 

 

Con el apoyo de Calderón y Gordillo, Moreno Valle construyó desde el Senado su candidatura a

gobernador de Puebla, en 2010, producto de una coalición a la que se sumó el Partido de la

Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y Nueva Alianza (Panal), el partido del

magisterio.

Al vencer en la elección, producto del desprestigio del exgobernador Mario Marín, construyó un

gobierno que excluyó a los principales dirigentes del PAN y, con el paso de los años, fue

controlando los poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos autónomos, con mano

dura para los opositores.

 

Al mismo tiempo, Moreno Valle robusteció sus relaciones con Enrique Peña Nieto, quien fue

declarado ganador de las elecciones en 2012, cuando él apenas tenía dos años en el gobierno.

Cuando Gordillo fue encarcelada, al inicio de la gestión federal, guardó silencio.

 

Al mismo tiempo, Moreno Valle robusteció sus relaciones con Enrique Peña Nieto, quien fue

declarado ganador de las elecciones en 2012, cuando él apenas tenía dos años en el gobierno.

Cuando Gordillo fue encarcelada, al inicio de la gestión federal, guardó silencio.

 

Martha Erika Alonso tomó posesión como gobernadora el 14 de diciembre y, diez días después,

falleció en un accidente de aviación junto con Moreno Valle, con quien no procreó hijos.

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de Diciembre.- Luego de casi tres horas de discusión el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen con proyecto de decreto de la Ley de Ingresos de la Federación

para el ejercicio fiscal 2019. La votación contó con 295 votos a favor y 179 en contra del PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano.

 

Se reservaron 13 artículos y una adición para la discusión y votación en lo particular de partidos de oposición que se están desahogando la tarde de este martes en la tribuna del Palacio de San Lázaro.

 

Para 2019 se prevén ingresos presupuestales por un total de 3.8 billones de pesos de los cuales 3.2 billones de pesos provendrán de la recaudación de impuestos y 343 mil 133 millones de pesos de cuotas y aportaciones de seguridad social.

 

Se aprobó un monto de endeudamiento interno por 490 mil millones de pesos, y externo por 5 mil 400 millones de dólares. Los diputados avalaron el superávit primario que propuso el Ejecutivo, equivalente al 1% del Producto Interno Bruto (PIB) para no endeudarse para pagar intereses de la deuda.

 

Dieron el visto bueno al estimado de 2% para la economía, un precio promedio del barril de petróleo de 55 dólares y una inflación de 3.4%; así como un tipo de cambio de 20 pesos por dólar y un nivel para la tasa de interés de los Cetes de 28 días en 8.3%.

 

El dictamen no contiene nuevos impuestos ni prevé aumentar los vigentes. Se autoriza además al gobierno federal a emitir un decreto para dar estímulos fiscales en la frontera norte del país para reducir la tasa del ISR de 30% a 20% y el IVA de 16% a 8 por ciento.

 

Para la Ciudad de México aprobó también que se pueda contratar deuda hasta por 5 mil 500 millones de pesos para financiar obras del ejercicio fiscal 2019

El Congreso de la Unión hizo la declaratoria oficial con la que entran en vigor las reformas constitucionales, con las que se creó la Fiscalía General de la República (FGR) como un órgano autónomo. A partir de ahora el Senado debe comenzar el proceso para la elección del fiscal general entre 10 candidatos.

Quienes aspiren al cargo, podrán inscribirse de forma libre, con base en los requisitos que se establecen en la convocatoria, la cual señala que será la Comisión de Justicia la que resuelva la integración de la lista de personas que reúnan los requisitos de elegibilidad.

Con base a dicha relación, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) elegirá a 10 personas que por conducto de la Mesa Directiva pondrá a consideración del Pleno del Senado, que elegirá a los finalistas con voto de dos terceras partes de los presentes.

Emitida la lista de 10 aspirantes, el titular del Poder Ejecutivo Federal tendrá un plazo de 10 días para formular una terna y remitirla al Senado, que tendrá a su vez otros 10 días para elegir al primer fiscal General de la República, lo cual podría ocurrir el 29 de enero, la víspera del inicio del segundo periodo ordinario de sesiones.

Los tres candidatos avalados por el titular del Poder Ejecutivo federal deberán comparecer ante comisiones del Senado y finalmente se deberá votar por mayoría calificada, es decir, por dos terceras partes de los senadores presentes el día de la elección.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, Martí Batres Guadarrama, declaró ayer martes la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, siendo este el último paso legislativo para dar por extinta a la Procuraduría General de la República (PGR).

“En cumplimiento a lo que establece el primer párrafo del artículo décimo transitorio del decreto constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federal el 10 de febrero de 2014, y el artículo primero transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República publicada en el DOF el 14 de diciembre de 2018, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos declara la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República. Remítase al DOF para su publicación”, expuso Batres Guadarrama.

Con esta declaratoria se dio cumplimiento al primer párrafo del artículo décimo sexto transitorio del decreto publicado el 10 de febrero de 2014. También se dio cumplimiento con este proceso a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, aprobada y publicada el pasado 14 de diciembre de 2018.

El Senado secunda a la Cámara de Diputados que el pasado lunes avaló la autonomía de la FGR, días después de que en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicara la Ley Orgánica de la Fiscalía. En obediencia al ordenamiento, la Cámara baja tendrá 90 días para designar un titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía y que se garantice la suficiencia presupuestal para su funcionamiento.

El viernes pasado fue publicada la Ley de la Fiscalía en el Diario Oficial de la Federación, marco legal que establece que una vez promulgada la ley, el Poder Legislativo debe hacer la declaratoria de autonomía para que inicie todo el proceso para la transformación de la PGR en la nueva Fiscalía.

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), confió en que se pueda procesar la elección del fiscal general en enero del 2019 y no esperar hasta el periodo ordinario de febrero.

El presidente Andrés Manuel López Obrador  aseguró que no hay ninguna intención de desaparecer la autonomía universitaria y está dispuesto a que este tema se agregue a la nueva reforma educativa para que quede claro.

 

“Los que están a disgusto por la decisión de cancelar la reforma educativa van a querer agarrar eso de bandera, entonces mejor aclararlo. Es un principio, conozco toda la historia de la autonomía de la UNAM, es un gran movimiento, entonces se corrige, se agrega, es decir, se establece que las universidades mantendrán su autonomía”, dijo en conferencia de prensa.

 

El presidente respondió a este cuestionamiento tras los dichos del panista Juan Romero ­Hicks, quien ya tuvo acceso a la documentación oficial de la reforma educativa de AMLO, y asegura que “aniquila” la autonomía universitaria.

 

Actualmente el texto de la Carta Magna expresa que: “Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio”.

 

En el proyecto de López Obrador difundido por Romero Hicks vía Twitter, la educación queda supeditada a lograr el bienestar de la población y de conformidad a los planes y proyectos que se establezcan a escala nacional.

Luis Alberto Blanco Flores, alias “El Pelochas” o “M-28”, fue capturado la madrugada de este jueves en la zona sur de Monterrey, Nuevo León, durante un operativo encabezado por la Agencia Estatal de Investigaciones -apoyados por agentes de la Gendarmería de la Policía Federal (PF)-, luego de una persecución y balacera que inició en la avenida Eugenio Garza Sada.

 

El presunto líder del Cártel del Golfo (CDG) en Río Bravo y Reynosa, Tamulipas, era buscado por las autoridades federales, y la Procuraduría de Justicia tamaulipeca ofrecía una recompensa de 2 millones de pesos por su captura, ya que cuenta con dos órdenes de aprehensión por extorsión y asociación delictuosa.

 

El detenido fue trasladado alrededor de las 08:05 horas de este mismo día -bajo un fuerte operativo de seguridad-, en un helicóptero Black Hawk de la PF, desde las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León, hacia Ciudad Victoria, la capital tamaulipeca.

 

 

 

Según versiones periodísticas, “El Pelochas” fue detenido dos veces en Estados Unidos, en la primera ocasión obtuvo su libertad al pagar una fianza, y en la segunda fue deportado y luego liberado por el Gobierno mexicano. En febrero de 2017 se había informado que Blanco Flores había muerto durante un tiroteo, sin embargo, en agosto de ese mismo año reapareció en Tamaulipas, durante un enfrentamiento contra elementos del Ejército.

 

“El Pelochas” pertenece a “Los Metros”, un fracción del CDG con presencia en las zonas de Río Bravo y Reynosa, en la frontera entre México y Estados Unidos. Según los mismos medios, su papel era el de defender las plazas de “Los Ciclones” -una escisión del Cártel del Golfo- y también de Los Zetas.

Ciudad de México (SinEmbargo).– La Procuraduría General de la República (PGR) presentó en los último minutos de ayer formalmente la acusación contra Javier Duarte de Ochoa, el ex Gobernador de Veracruz, por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 

Lo anterior constituye una reconfiguración del delito del que se acusaba, pues originalmente era por delincuencia organizada, lo que implicaría una reducción en la condena que podría enfrentar el ex priista, la pena por el primer ilícito es de 20 a 40 años de prisión, mientras que por el segundo alcanza de 5 a 10 años.

 

La dependencia presentó la acusación cerca de las 23:30 horas del martes y deja la puerta abierta a la posibilidad de que Duarte abandone la cárcel, pues lo delitos no son considerados como graves y se pueden enfrentar en libertad.

 

Ante ello la PGR anunció que presentará una solicitud para que el juez aplique la medida cautelar de prisión preventiva justificada, bajo el argumento de que el veracruzano podría huir como lo hizo antes de concluir su mandato.

 

Fue en julio de 2017 que Duarte fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), y debido al riesgo de fuga le fue impuesta la prisión preventiva justificada.

 

Desde entonces, el ex mandatario ha permanecido en el Reclusorio Norte y aunque se ha solicitado su traslado a un centro penitenciario ubicado en el municipio de Ayala, en Morelos, esto no ha sucedido.

 

Por su parte, Ricardo Sánchez Reyes Retana, abogado defensor del ex Gobernador, comentó que está a la espera de que el juez le notifique la acusación de la PGR para poder tomar acciones.

 

El ex político que gobernó Veracruz de 2010 a octubre de 2016 fue arrestado en Guatemala en abril del año pasado y después extraditado a México, al ser reclamado en el país por una orden de arresto derivada de los cargos federales y las dos órdenes de la fiscalía del estado recién cumplimentadas.

 

La PGR lo acusó de supuestamente crear una red para desviar millonarios recursos de las arcas de Veracruz y lavarlos mediante la compra de bienes raíces.

 

Antes de su extradición, Duarte desestimó y calificó de irrisorias las dos acusaciones de la fiscalía local alegando, entre otras razones, que no participó en la transferencia de los 220 millones de pesos.

 

NOCHIXTLÁN Y LA IMPUNIDAD

 

El 19 de junio de 2016, policías federales y estatales participaron en el “Operativo Oaxaca” en el municipio de Nochixtlán, que en realidad se convirtió en un desalojo violento de profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

 

Ahí fueron asesinados ocho civiles con armas de fuego disparadas por los policías y 150 personas quedaron heridas en el ataque que fue indiscriminado y sin control contra el pueblo, incluidos menores de edad, de acuerdo con registros de organizaciones civiles y recomendaciones de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

A fines de 2017, la PGR atrajo tres carpetas de investigación contra los policías federales y estatales que participaron en los hecho. Hasta hoy no hay avances y la justicia no llega.

 

La organización Código DH acusa a la PGR de omisión y complicidad política con quienes ordenaron el ataque a los profesores y que terminó siendo una masacre contra el pueblo, así como una cadena de abusos contra los derechos humanos. Por ejemplo, planteó la ONG en junio pasado, la Procuraduría General de la República tampoco se ha ocupado de casos como el del grupo de 19 habitantes de Nochixtlán que, mientras enterraban a un familiar y amigo asesinado en el operativo fallido, fueron detenidos arbitrariamente por los federales, privados de su libertad, torturados y liberados días después.

El Congreso de Guerrero remitió a la Comisión Permanente la iniciativa por la que se reforma la Ley General de Salud, el Código Penal Federal  y el de Procedimientos Penales  para “legalizar el cultivo, producción y comercialización de amapola con fines científicos y medicinales”.

 

La iniciativa contempla que cuando se asegure la amapola, en operativos de seguridad, no sea destruida como actualmente propone el Código de Procedimientos Penales sino que se vigile su aseguramiento y entrega a la Secretaría de Salud. 

 

Entre los argumentos dados por el Congreso de Guerrero, se precisa que la política prohibicionista que se ha implementado hasta ahora ha traído consecuencias negativas para la sociedad.

 

Los legisladores guerrerenses exponen que la regulación, producción y comercialización será con fines científicos y medicinales con el propósito de atender la crisis de acceso de medicamentos controlados para los pacientes que requieren de cuidados paliativos y contribuir a frenar la violencia producto de la política prohibicionista.

 

La iniciativa recibida en la Cámara alta y que fue aprobada por el Congreso de Guerrero el pasado 17 de agosto, prevé reformar los artículos 194, 198, 235, 236, 327 y 238 de la Ley General de  Salud, mientras que reforma el 198 del Código Penal y el 235 de Código Nacional de Procedimientos Penales.

 

“Cuando se trate de plantíos papaver somniferum o adormidera, el Ministerio Público vigilará su aseguramiento y entrega sin dilación alguna a la Secretaría de Salud, para que proceda a su disposición final, levantando un acta en la que se haga constar: el área de cultivo, cantidad o volumen del estupefaciente, debiéndose recabar muestras del mismo para que obren en la averiguación previa que al efecto se inicie”, se indica.

 

En tanto que en la Ley General de Salud se prevé que se reforme para que especifique que la Secretaría de Salud será la encargada de expedir los permios para la siembra de amapola o incluso de traspasos de cultivos entre particulares. 

 

Mientras que en el Código Penal Federal se pretende reformar, por ejemplo, el artículo 198 para que se especifique que aquellas personas que no tengan permiso para tener cultivos de amapola serán procesados de la misma manera que se hace en la actualidad por delitos contra la salud.

 

“Como se puede observar, tanto en el ámbito internacional como en el local, existe coincidencia en replantear la política de drogas, pues desde que se asumió la política prohibicionista la tarea de reducir el problema de drogas ha contribuido a empeorar la seguridad y salud comunitaria”, se señala.

 

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Salud y Justicia del Senado para su análisis.

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Carlos Alejandra, A.C.