Nacional
Los más de 10 mil trabajadores afiliados a la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) continúan este miércoles en paro de labores en todas las clínicas y hospitales públicos de Oaxaca.
Desde el martes los sindicalizados pararon labores en los centros de salud de los municipios de la Villa de Etla, Ejutla, Tlacolula, Tlalixtac de Cabrera, Santa María El Tule, Pinotepa, entre otros. Además en los hospitales ‘Dr. Aurelio Valdivieso’ de la ciudad de Oaxaca, el de San Pablo Huixtepec y el de la Niñez Oaxaqueña.
Por la suspensión de actividades, decenas de personas que vienen de varias comunidades de Oaxaca están sin recibir atención médica.
El dirigente de la SNTSA, Mario Félix Pacheco, señaló que hasta la noche del martes no había ningún acuerdo con la Secretaría de Salud de Oaxaca para resolver la demanda de pago de quincenas atrasadas y aguinaldo a 4,050 trabajadores regularizados.
Tampoco compromiso para informar a instancias externas cerca de mil millones de pesos de cuotas sindicales, de cuotas que han cubierto puntualmente los empleados, pero que no ha sido depositado por el titular de Salud, Germán Tenorio, al ISSSTE, FOVISSSTE, entre otros.
Por ello, dijo, la noche del martes se emitió una nueva convocatoria para que este miércoles continúe el paro de labores, en la modalidad de asamblea permanente, sin afectar las atenciones de urgencia ni las cirugías programadas.
Al definir que el problema de Michoacán más que de inseguridad pública es de conflictividad social, el comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en Michoacán, Alfredo Castillo, dijo que éste ahora "es muy distinto a lo que era hace un año" porque, con excepción de tres actores de Los Caballeros Templarios, "su estructura está desmantelada".
En comparecencia en San Lázaro, el funcionario afirmó que la entidad "no tiene hoy camiones ni tomas cuando se detiene a un líder delincuencial", mientras el trabajo de la Procuraduría de Justicia se ha triplicado para alcanzar en el periodo de trabajo que se informa a 9 mil ingresos en prisión.
exsubprocurador de la República.
Enfatizó que actualmente Michoacán ocupa el lugar número 25 dentro de las 32 entidades federativas en materia de incidencia delictiva.
Dijo que se convirtió en "el segundo estado que en tiempo récord colocó a todos sus secuestradores en un solo penal".
Castillo expuso que sus señalamientos se sustentan en cifras del Inegi y en el testimonio de los empresarios limoneros y aguacateros, así como de la Coparmex, respecto a que en la entidad:
La oposición cuestiona en respuesta que la realidad no se sostiene. "Es usted el virrey de Michoacán y la gente quiere que se vaya", le dijo la diputada del PT Lilia Aguilar, quien le pidió una autocrítica.
En tanto, en representación del PAN, el diputado Fernando Rodríguez Doval, expuso que la propia figura del comisionado federal en Michoacán no tiene sustento legal.
Ciudad de México, (SinEmbargo/El Sur).– Padres de los normalistas desaparecidos, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa e integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) protestaron frente a las instalaciones militares en Acapulco e Iguala.
En el 27 Batallón de infantería de Iguala, donde los familiares de los jóvenes desaparecidos ya se habían manifestado en demanda de la presentación con vida de sus hijos, se reportó el enfrentamiento de los padres de los 43 y de normalistas con elementos castrenses. De acuerdo con algunos medios hay civiles heridos.
Al momento en que los padres denunciaban que tenían pruebas de que los soldados de ese batallón intervinieron en los hechos del 26 de septiembre, algunos normalistas lograron abrir la puerta del cuartel general, por lo que la policía militar formó un cerco para evitar su ingreso.
Se informó que los manifestantes llegaron a las instalaciones y derribaron la puerta con un camión de carga y entraron al cuartel, para comenzar a arrojar piedras a las fuerzas castrenses. En la confrontación algunos padres, que lograron burlar la seguridad y avanzar unos pasos al interior del cuartel, resultaron heridos.
En su cuenta de Twitter, el estudiante normalista de Ayotzinapa, Omar García [@Omarel44], publicó una fotografía donde aparece golpeado y con el mensaje: “Fue el ejército! En el 27 batallón. La batalla sigue”.
De acuerdo con reportes de prensa, después de la confrontación y de que los manifestantes fueran replegados, los jóvenes tomaron un camión del cual sacaron envases de cerveza que lanzaron a las instalaciones militares.
En el 48 batallón de infantería, que se localiza sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa, alrededor de 200 miembros del MPG, se instalaron frente a la entrada principal del cuartel para realizar un mitin, informaron medios locales.
En tanto, otro grupo de simpatizantes del MPG y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), realizaron una marcha que inició en las instalaciones del ex Instituto de Educación Básica y Normal (INEBAN) hacia el acceso de la Octava Región Naval, que se mantuvo resguardada por policías antimotines, donde también efectuaron un mitin.
Los manifestantes realizaron pintas en la fachada del inmueble y en vehículos militares, custodiados por policías antimotines en la Octava Región Militar y el campo militar ubicado en Cumbres de Llano Largo para exigir la apertura de los inmuebles y buscar a los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
El MPG anunció días previos a las manifestaciones que protestarían en las sedes militares de Acapulco para exigir la apertura de los inmuebles y así buscar a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
El integrante de la comisión política del MPG en Acapulco, Marco Antonio Adame Bello, en consulta telefónica manifestó que el gobierno debe de permitir la búsqueda de los estudiantes en las sedes militares, tras confirmar que los soldados fueron partícipes de las jornadas violentas y trágicas en Iguala.Ciudad de México, (SinEmbargo/El Sur).– Padres de los normalistas desaparecidos, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa e integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) protestaron frente a las instalaciones militares en Acapulco e Iguala.
En el 27 Batallón de infantería de Iguala, donde los familiares de los jóvenes desaparecidos ya se habían manifestado en demanda de la presentación con vida de sus hijos, se reportó el enfrentamiento de los padres de los 43 y de normalistas con elementos castrenses. De acuerdo con algunos medios hay civiles heridos.
Al momento en que los padres denunciaban que tenían pruebas de que los soldados de ese batallón intervinieron en los hechos del 26 de septiembre, algunos normalistas lograron abrir la puerta del cuartel general, por lo que la policía militar formó un cerco para evitar su ingreso.
Se informó que los manifestantes llegaron a las instalaciones y derribaron la puerta con un camión de carga y entraron al cuartel, para comenzar a arrojar piedras a las fuerzas castrenses. En la confrontación algunos padres, que lograron burlar la seguridad y avanzar unos pasos al interior del cuartel, resultaron heridos.
En su cuenta de Twitter, el estudiante normalista de Ayotzinapa, Omar García [@Omarel44], publicó una fotografía donde aparece golpeado y con el mensaje: “Fue el ejército! En el 27 batallón. La batalla sigue”.
De acuerdo con reportes de prensa, después de la confrontación y de que los manifestantes fueran replegados, los jóvenes tomaron un camión del cual sacaron envases de cerveza que lanzaron a las instalaciones militares.
En el 48 batallón de infantería, que se localiza sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa, alrededor de 200 miembros del MPG, se instalaron frente a la entrada principal del cuartel para realizar un mitin, informaron medios locales.
En tanto, otro grupo de simpatizantes del MPG y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), realizaron una marcha que inició en las instalaciones del ex Instituto de Educación Básica y Normal (INEBAN) hacia el acceso de la Octava Región Naval, que se mantuvo resguardada por policías antimotines, donde también efectuaron un mitin.
Los manifestantes realizaron pintas en la fachada del inmueble y en vehículos militares, custodiados por policías antimotines en la Octava Región Militar y el campo militar ubicado en Cumbres de Llano Largo para exigir la apertura de los inmuebles y buscar a los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
El MPG anunció días previos a las manifestaciones que protestarían en las sedes militares de Acapulco para exigir la apertura de los inmuebles y así buscar a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
El integrante de la comisión política del MPG en Acapulco, Marco Antonio Adame Bello, en consulta telefónica manifestó que el gobierno debe de permitir la búsqueda de los estudiantes en las sedes militares, tras confirmar que los soldados fueron partícipes de las jornadas violentas y trágicas en Iguala.
Ciudad de México (SinEmbargo).– México destina 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en compras públicas, pero en su marco legal no especifica sanciones para prácticas de colusión, según un estudio realizado por el Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC).
Las compras gubernamentales representan una cantidad importante del gasto público, ya que se destina entre el 30 y el 40 por ciento del gasto total; son el 17 por ciento del PIB promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En contraste, son una de las actividades gubernamentales más vulnerables al desperdicio y con más tendencia al fraude y a la corrupción, de acuerdo con una iniciativa de ley expedida por la Cámara de Diputados en 2012.
El estudio sobre el combate a la colusión en compras públicas en América Latina es un análisis de 14 países de América Latina, incluido México. Se estudiaron leyes, reglamentos y decretos en materia de compras públicas para detectar las fortalezas y debilidades en mitigación de riesgos de colusión en el proceso de compras públicas. Al mismo tiempo, identifica los mecanismos que ayudan a combatir las prácticas que no fomenten una justa competitividad.
Y aunque la legislación mexicana contiene disposiciones que han incrementado y, al mismo tiempo, han fomentado la transparencia en los procedimientos; cuenta con mecanismos de rendición de cuentas y abre la posibilidad de presentar inconformidades, pero es información que no se divulga ni se hace de carácter obligatorio la publicación de programas anuales de adquisiciones.
Para uno de los investigadores del CIDAC y partícipe en la elaboración del estudio, Aitor Ortiz, México tiene dos problemas: los marcos legales a nivel estatal de compras públicas no están bien diseñados, lo que tiene como consecuencia que los resultados sean negativos, y la falta de capacidad en los funcionarios encargados de aplicar la ley para reducir las posibilidades de colusión.
“Su principal labor (de los funcionarios) es proveerse de ese bien o servicio, muchas veces el diseño de la ley está bien hecho, pero cuando se elaboran los pliegos de licitación o un estudio de mercado, o no tienen los conocimientos suficientes para poder atajar estas prácticas o tienen prioridades distintas. En su trabajo de asegurar el bien o servicio, el precio competitivo queda en segundo plano”, explicó.
A pesar de eso, de los cuatro ejes del estudio, México está ubicado dentro de los primeros cinco lugares: ocupa el primer lugar en elementos que favorecen la competencia; el cuarto en discrecionalidad de las entidades y el quinto en prevención de actos colusorios y en transparencia.
Otras de las debilidades que se enmarcan para México es que no se logran especificar las sanciones por prácticas anticompetitivas; la omisión de detalles para los contratos o declaraciones de responsabilidad para la figura del subcontratista, por lo que actos de colusión pueden presentarse en impedimentos para ofertar licitaciones.
El sitio CompraNet reúne toda la información para las empresas que deseen aspirar a una licitación. Fue creado con el objetivo de evitar el contacto físico entre las empresas y servidores públicos, sin embargo, mantiene la posibilidad de “convocar a reuniones de aclaraciones, lo que significa un riesgo considerable”.
Según estimaciones del Banco Mundial (BC), la colusión puede incrementar los costos de los bienes hasta en un 50 por ciento; otra afectación importante está en la extracción ilícita de recursos del Estado y al mismo tiempo de los ciudadanos, al ser estos los que aportan el financiamiento gubernamental mediante el pago de impuestos.
La manipulación de licitaciones o colusión entre oferentes de estas, se da cuando las compañías que “compiten”, conspiran de forma oculta para así aumentar precios y/o reducir la calidad de bienes o servicios; estas prácticas resultan más dañinas cuando están de por medio adquisiciones públicas.
Una de las razones que motivó al Centro de Investigación a realizar este informe, es el problema de la corrupción y nepotismo presentes en América Latina; se compara la realidad de los salarios bajos de servidores públicos con las grandes cantidades de dinero que se manejan en las compras. “La corrupción afecta al proceso de compra competitivo cuando el servidor público acepta sobornos o cualquier otra forma de compensación a cambio de diseñar las bases de la licitación, los criterios de evaluación o alterar el resultado del proceso para favorecer a un proveedor en particular”, se indica en el informe.
DISCRIMINACIÓN PARA EXTRANJEROS
En México, la OCDE ha puesto en marcha planes contra la colusión en entidades como el Estado de México, y en organismos como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en el que se han acatado planes de acción para combatir estas prácticas, y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), adherido a la Guía del Comité de Competencia del organismo.
El estudio del CIDAC indicó que la práctica resulta discriminatoria para vendedores extranjeros, ya que en los reglamentos está estipulado que debe priorizarse en licitantes nacionales.
De acuerdo con el informe del secretario del IMSS sobre las reglas y prácticas de compras públicas de la institución, a los licitantes mexicanos se les concede un trato
preferencial en la evaluación de las ofertas, “lo cual limita la posibilidad de que el IMSS y otros compradores públicos mexicanos obtengan los mejores precios (…) Este trato discriminatorio sanciona, en efecto, a los licitantes extranjeros y a las mercancías importadas, lo cual a la larga puede desalentar la participación en los procesos de licitación y, por ende, facilita en definitiva la colusión”.
También se indica que es una “práctica común” que los ganadores de contratos adjudicados cumplan sólo parcialmente, ya que les resulta “relativamente barato” por las sanciones que la ley indica, “el marco actual de sanciones es endeble en el sentido de que el cumplimiento parcial de un contrato por los proveedores es “barato” y no está adecuadamente sancionado”, se indica.
Según el Artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, cualquier licitante o proveedor que infrinja las disposiciones de la Ley de Adquisiciones será sancionado por la SFP con una multa de 50 a mil veces el salario mínimo aplicable en el Distrito Federal en el momento de la infracción.
MEXICO DF.- Fuerzas federales detuvieron este viernes 9 de enero de 2015, en el municipio de Ahumada, Chihuahua, a David Aroon Espinoza Haro, quien era asistente personal y hombre de mayor confianza del narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes.
En conferencia de prensa, Monte Alejandro Rubido García, Comisionado Nacional de Seguridad, señaló que luego de la captura Carrillo Fuentes, el pasado 9 de octubre de 2014, en la ciudad de Torreón, Coahuila, se logró ubicar a Espinoza Haro, quien cuenta con una averiguación previa en su contra.
Espinoza Haro, de 47 años de edad y originario de Navolato, Sinaloa, tenía su zona de operación en las ciudades de Chihuahua y de Villa Ahumada, desde donde era responsable de coordinar y supervisar las operaciones financieras y de protección de la familia Carrillo Fuentes.
"Desde muy joven, Espinoza Haro perteneció al primer círculo de Amado Carrillo Fuentes, lo que le permitió conservar una posición de privilegio al interior de la organización criminal", dijo Rubido García.
Añadió que a la muerte del "Señor de los Cielos" y el ascenso de Vicente Carrillo, el ahora detenido "se convirtió en su asistente personal y en su hombre de mayor confianza"
Tras la detención de Vicente Carrillo Fuentes, Espinoza Haro se posicionó como el segundo mando operativo del grupo delincuencial. "Con la información recabada y tras varios meses de seguimiento, elementos federales ubicaron las casas de seguridad y los ranchos de resguardo en los que operaba Espinoza Haro.
Al momento de su captura, Espinoza Haro se encontraba en posesión de dos armas largas. El detenido, así como lo asegurado, fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República.
Ciudad de México (SinEmbargo/El Sur).– Ayer por la mañana, en la reunión de familiares de los otros desaparecidos en la parroquia de San Gerardo con autoridades estatales y federales, se dio una lluvia de reclamos a las autoridades de los dos niveles de gobierno por la falta de apoyos a las familias vulnerables.
A las 11 de la mañana de este jueves inició una reunión a la que asistieron unos 60 familiares de víctimas de desaparición y a la que se tenía prevista la presencia del Gobernador Rogelio Ortega Martínez, pero sólo llegó el subsecretario de Gobierno, Victoriano Sánchez Carvajal.
Hubo reclamos a las autoridades estatales y federales por la falta de apoyo a familias de víctimas de desaparición, principalmente de apoyos económicos para que puedan movilizarse y continuar con sus actividades de búsqueda.
Solicitaron al gobierno estatal préstamos para mejorar la situación precaria en la que se encuentran y para “que a la gente la ayuden, aunque les paguemos, que nos den un préstamo para poder seguir sobreviviendo en estas circunstancias, porque a veces venimos solamente con el dinero para el único pasaje”. Reclamaron también proyectos productivos, becas, despensas y empleos temporales.
La coordinadora del comité de familiares de desaparición, Xitlali Miranda dijo a las autoridades que, además de información, también requieren respuestas a sus demandas, “porque si no nos traen respuestas y solución, no tiene sentido estar escuchando”.
El representante del DIF estatal dijo que sólo tienen el registro de 75 familiares de las víctimas de desaparición, contra las 380 que tiene el comité.
Miranda dijo que los familiares acordaron que si no les llevaban respuestas, ya no los recibirían “porque no tiene caso que sólo nos vengan a escuchar, o ver, queremos respuestas”, reclamó.
El representante de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal, Jorge Luis Ávila Pastor, que se reúne con familiares de víctimas de desaparición por primera vez en tres meses, sólo asumió el compromiso de llevarse sus peticiones y darles a conocer en la reunión del martes los requisitos y los programas a los que pueden acceder las familias.
La mamá de uno de los desaparecidos recriminó a las autoridades la falta de apoyos a más de dos meses, “venimos y venimos y no vemos nada, el tiempo es perdido para nosotros”.
Reclamaron que Sedesol federal entregó créditos a fondo perdido de 10 y 30 mil pesos a empresarios de Iguala, pero a los grupos vulnerables no los toman en cuenta, “sólo a la gente que tiene le llegan los apoyos, pero a los que verdaderamente estamos necesitados no”.
Al término de la reunión fueron entregados a las familias de víctimas de desaparición 20 proyectos productivos de pares de conejos, puercos, chivos, borregos y gallinas, así como carros de hot dogs y carros de tacos, láminas galvanizadas, 20 bicicletas y 200 juguetes austeros para los niños.
MEXICO DF (Sin Embargo).- El Gobernador Javier Duarte de Ochoa designó como titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de Veracruz a Ranulfo Márquez Hernández, ex Delegado federal de esa dependencia suspendido en abril de 2013 por su relación con una red electoral en la entidad, financiada con recursos públicos, que favoreció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de cara a los comicios de julio de ese año.
En su toma de protesta, Duarte de Ochoa afirmó que depositó su confianza en él.
“Tienen ustedes depositada la confianza no sólo del Gobernador sino de los veracruzanos. Estoy seguro que cumplirán como lo han hecho a lo largo de su vida profesional, con eficacia en esta nueva responsabilidad. Es justo reconocer la entrega, el talento y el desempeño de quienes han cumplido en distintas áreas del gobierno estatal. Su aportación ha sido de gran valía”, dijo Duarte de Ochoa al tomar protesta a Márquez Hernández junto a otros funcionarios.
En abril de 2013, el Partido Acción Nacional (PAN), que entonces encabezaba Gustavo Madero Muñoz, presentó una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntos desvíos de recursos federales de la Sedesol estatal en beneficio de los candidatos del PRI que competían por un cargo público.
La revelación provocó la destitución de Ranulfo Márquez Hernández, entonces delegado federal de la dependencia en Veracruz, y de seis funcionarios más: los jefes de zona, Heli César Mendoza y Raúl Molina; a los enlaces operativos de 65 y más, Graciela Tejeda, y de Oportunidades, Jesús Balbuena Buenrostro, así como a Mariano Molina, supervisor de este último programa.
Aunque la dirigencia del PAN utilizó su permanencia en el Pacto por México como moneda de cambio para exigir la renuncia de Rosario Robles Berlanga del Gabinete federal, el Presidente Enrique Peña Nieto no sólo la mantuvo en la Sedesol sino que en la presentación de la Cruzada del Hambre le pidió no preocuparse y “aguantar”.
“Y yo le decía [...] Rosario, no te preocupes, hay que aguantar. Porque han empezado las críticas, las descalificaciones de aquellos a quienes ocupa y preocupa la política y las elecciones. Pero nosotros tenemos un objetivo claro, una tarea comprometida con los mexicanos, que es acabar con el hambre”, dijo el Jefe del Ejecutivo federal el 19 de abril de 2013 en repuesta a la peticiones de Acción Nacional.
Al ser cuestionado sobre el caso, el Gobernador Duarte de Ochoa dijo el 21 de abril de 2013 que la destitución de Ranulfo Márquez fue un acto realizado por un “gobierno responsable y transparente” que prefiere “cortar por lo sano” ante la sospecha de un presunto mal manejo de los recursos.
Sobre su separación, Ranulfo Márquez negó que existiera alguna acusación en su contra por presunta desviación de recursos y precisó que la suspensión de su cargo fue temporal. “Yo acordé una separación temporal mientras se abre la investigación”, dijo en ese entonces.
“Estoy tranquilo, no he cometido ninguna irregularidad, la separación temporal del cargo tiene como objetivo que la investigación, que desarrollará también de manera interna la dependencia, fluya con toda normalidad”, manifestó el ahora titular de la Sedesol de la entidad.
Ante la llegada de Ranulfo Márquez a la Sedesol de Veracruz y de cinco funcionarios más, Javier Duarte dijo este jueves: “estoy seguro que con su capacidad, experiencia y una gran participación en la administración pública, habrán de dar lo mejor de sí, en beneficio de la sociedad veracruzana, bienvenidos compañeros”.
Y agregó: “Tienen ustedes depositada la confianza no sólo del Gobernador sino de los veracruzanos. Estoy seguro que cumplirán como lo han hecho a lo largo de su vida profesional, con eficacia en esta nueva responsabilidad. Es justo reconocer la entrega, el talento y el desempeño de quienes han cumplido en distintas áreas del gobierno estatal. Su aportación ha sido de gran valía”.
Ranulfo Márquez Hernández ha sido Diputado Federal Plurinominal, Consejero del Poder Legislativo del PRI ante el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), Subsecretario de Protección Civil, Secretario de Protección Civil, Secretario de Desarrollo Social y Medio Ambiente; así como Presidente del Comité Directvo Estatal del PRI Veracruz.
Ciudad de México (SinEmbargo).– La calle frente al Palacio de Gobierno de Veracruz fue bloqueada por decenas de periodistas que exigieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PJG) información oficial sobre el paradero de su compañero, Moisés Sánchez Cerezo, director del diario La Unión de Medellín de Bravo.
Además, la PGJ de Veracruz citó a declarar al Alcalde Omar Cruz Reyes para el próximo lunes en Xalapa. De acuerdo con organismos civiles, Cruz Reyes amenazó al periodista días antes de su desaparición.
El grupo de manifestantes marchó por las principales calles del centro de Xalapa para exigir la localización del también activista, quien fue raptado de su casa hace una semana por un grupo armado.
La prensa local reporta que posteriormente colocaron letreros en la puerta de las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública.
Los periodistas demandan que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso y no sólo colabore con la PGJ de Veracruz, como ayer anunció. Además, exigen que se reabran los expediente de los 10 comunicadores asesinados en Veracruz desde la administración del actual Gobernador Javier Duarte Ochoa.
Ayer, otro grupo de periodistas de Xalapa interrumpó la sesión en el Congreso local con pancartas que exigieron a los legisladores la aparición con vida de Moisés Sánchez, informó la Agencia Cuartoscuro.
Emitieron una petición de justicia para todos los periodistas desaparecidos y asesinados en el estado.
Los comunicadores fueron atendidos por los diputados José Ramón Gutiérrez de Velasco, Edgar Díaz Fuentes y Jesús Vázquez González, vocal de la Comisión de Derechos Humanos. Firmaron a lado de los reporteros y fotógrafos un acuerdo donde se exige que la PGR atraiga el caso de los periodistas caídos y desaparecidos en la entidad.
Ciudad de México (SinEmbargo).– Sayda Chiñas Córdova, periodista de Coatzacoalcos, Veracruz, denunció que el día de ayer la despidieron del diario Notisur donde laboraba desde hace cinco años, debido a que se atrevió exigir justicia para su compañero Gregorio Jiménez, asesinado en 2014, y ahora para Moisés Sánchez, desaparecido desde los primeros días de este año.
La reportera, quien hace unos días dijo a SinEmbargo que en Veracruz “mucha de la presión viene por parte del Estado”, denunció este día que debido a las manifestaciones en las que ha participado, por su activismo en redes sociales e incluso la entrevista que ofreció a este medio, ayer le dieron “las gracias ”, justificando que ya no daba resultados periodísticos.
La comunicadora comentó, hace unos días, que los dueños de algunos medios tienen tratos con el gobierno y bloquean mucha información. Principalmente la que critica a las autoridades.
“Las líneas editoriales son dictadas desde el gobierno estatal y no hay ninguna zona o margen para los periodistas para que podamos manejar información crítica al estado”, denunció.
Chiñas Córdova dijo hoy a SinEmbargo que desde el año pasado cuando su compañero, y de quien era jefa directa, Gregorio Jiménez desapareció, se unió a las manifestaciones para pedir que apareciera, y después del anuncio de su muerte, continuó manifestándose para exigir justicia.
Desde ahí comenzaron las presiones por parte de su medio.
“Yo era su jefa directa [de Gregorio Jiménez], yo me dediqué al activismo para que apareciera. Tuve presiones por parte de los dueños de Notisur para que parara. Tuve presiones del diario para que paráramos, incluso nos juntaron a todos los reporteros y nos exigieron que paráramos las manifestaciones”, detalló.
Ahora con el caso de Moisés Sánchez, la también reportera de la Jornada de Veracruz, se ha movilizado tanto en las calles como en las redes sociales para exigir que el comunicador aparezca.
“Todo eso se acumuló [incluida la entrevista que dio a este medio], y ayer me dijeron, sin preámbulo ni nada, que ya me tenían mi liquidación que porque el dueño dice que ya no daba yo los resultados periodísticos”, denunció.
Sayna Chiñas llevaba cinco años y seis meses como Coordinadora de información de Notisur, y ayer sin más explicaciones la despidieron.
Ella aseguró que los dueños del diario están ligados a actores políticos, específicamente, al Alcalde Coatzacoalcos, Joaquín Caballero Rosiñol, y al Delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el municipio, el ex Alcalde, Marcelo Montiel Montiel.
Sayna había alertado que ya la tenían monitoreada en redes sociales, y que incluso sus jefes le pedían que bajara publicaciones en Facebook.
“Si saco algún comentario sobre alguna nota en Facebook, a los 10 o 15 minutos me habla mi jefe para decirme: ‘oye bájalo porque ya te tienen monitoreada y me vas a generar un problema’. Ni siquiera ese tipo de libertades nos permiten. Yo peleaba antes porque decía: ‘son mis redes sociales, puedo tuitear lo que sea, yo pago mi teléfono, no utilizo el teléfono del periódico’. Aun así nos están monitoreando y nos están hostigando”, relató.
“Uno de ellos [de los dueños] es asesor privado del Delegado federal de Desarrollo Social, Marcelo Montiel”, aseveró. Y agregó que “todos ellos tienen presiones políticas, del Gobernador [Javier Duarte de Ochoa] ”.
Oficialmente los dueños del medio, dijo la periodista, son Marco Antonio Huerta y Miguel Ángel Lula Modesto, “aunque todos presumimos que son prestanombres del Delegado de Desarrollo Social ”, abundó.
Denunció que partir de que exigió justicia para Gregorio Jiménez, y que no paró con las protestas, no le daban recursos para trabajar. Incluso le cortaron la luz en su oficina, condiciones en las cuales debió seguir laborando desde el mes de junio del año pasado hasta ayer cuando la despidieron.
Agregó que en el mes de noviembre, tuvo a su cargo a jóvenes reporteros quienes trabajaban en el medio como becarios, sin embargo, debido a los ingresos mínimos que recibían, 700 pesos quincenales, los reporteros renunciaron. Por lo que Sayda debió realizar el trabajo de todo el equipo, sola.
La periodista adelantó que presentará una queja ante Conciliación, porque el finiquito que recibió tampoco fue el que correspondía al tiempo que laboró.
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