Eduardo Sánchez Hernández, vocero del gobierno federal, dijo ayer que el presidente Enrique Peña Nieto dio “instrucción precisa” de que sea investigada de manera profesional la eventual participación de funcionarios públicos en complicidad con “delincuentes de cualquier tamaño”, y advirtió: “Si tenemos evidencia de cómplices que desde los gobiernos hayan apoyado a criminales, iremos contra ellos”.

Aseguró además el funcionario que el gobierno federal irá tras los bienes, cuentas y negocios del líder del Cártel de Sinaloa, sus cómplices y sus redes de protección.

Indicó que el presidente Peña Nieto dio la orden de investigar a familiares y colaboradores del líder del Cártel de Sinaloa, para evitar que disfruten de la fortuna acumulada por el capo.  “Nos da coraje que su riqueza pueda ser disfrutada por familiares (de El Chapo), quien fue apoyado por otros más para poderse escapar o mantenerse afuera de la cárcel”.

Recalcó que se indaga dónde están los bienes del capo y cuáles han sido los mecanismos financieros que le han permitido a éste lavar su dinero. “Todo lo que tenga que abonar en disminuir la impunidad, es el terreno en el que estamos”, dijo.

Y prosiguió: “Así podemos disminuir niveles de impunidad. A los ciudadanos no nos es suficiente con que se detenga (a El Chapo)… hay una instrucción precisa, ahora que tenemos la posibilidad de la captura de esta persona, tenemos acceso a él y podemos interrogarlo, poder tener datos duros. También tenemos acceso a colaboradores y cómplices”.

En declaraciones a MVS dijo que las autoridades harán uso de todos los recursos necesarios para conocer cómo se dio la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal de Puente Grande, Jalisco, el 19 de enero de 2001, y exhibir a quienes lo protegieron.

“Hay una instrucción precisa por parte del presidente Enrique Peña Nieto de que se investigue cómo sucedió la fuga de El Chapo hace 13 años. Y vamos a conocer y a exhibir a quienes lo ayudaron a huir de la cárcel”, subrayó.

“Asumimos el reto que han pasado 13 años desde que esto ocurrió (la fuga, supuestamente en un carrito de lavandería) desde que evadió la justicia; han pasado 13 años desde que quienes ayudaron a este criminal, han podido esconderse”, apuntó Sánchez Hernández.

“El gobierno tienen todos los recursos para reconstruir los 13 años en que Guzmán Loera construyó su imperio y sus cómplices trabajaron para que la verdad no se sepa”, abundó.

Por otra parte, el vocero gubernamental calificó como “un disparate” y “una acusación sin sustento” lo dicho por  el ex director de inteligencia de la DEA en El Paso, Texas, Phil Jordan, quien declaró que Guzmán Loera había financiado la campaña presidencial del PRI en 2012.

“Es verdaderamente un disparate, una acusación sin sustento, él mismo reconoce que no puede sustentar esta acusación, desconozco las razones que tiene para hacer esta acusación, pero la rechazamos contundentemente”, subrayó.

Ciudad de México, 24 de febrero (SinEmbargo/Zeta/Efe).–El fundador del extinto Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, quien con un amparo salió de prisión en agosto pasado, tomará el lugar del recién capturado Joaquín “El Chapo” Guzmán como el “capo de capos”.
Así lo afirmó Héctor Berréllez, jefe de grupo que investigó el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, caso por el cual el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a la captura del capo.
“Ahora va a reinar como capo de capos, Caro Quintero [...] cuando arrestaron a Ernesto Fonseca y a Caro Quintero, le dejaron el reino a cuatro personas: [Ismael] Zambada, [Juan José Esparragosa Moreno] ‘El Azul’, ‘El Chapo’ [Joaquín Guzmán] y ‘Amadito’ Carrillo [Amado Carrillo Fuentes]. Pero la condición era que si salían iban a tomar el reino”, dijo Berréllez a la agencia española EFE.
Caro Quintero había sido sentenciado a 40 años de cárcel, acusado del asesinato de Camarena en 1985, condena de la que cumplió 28 años, ya que el 8 de agosto de 2013 salió en libertad por un amparo concedido por un tribunal federal de Jalisco.
Sin embargo, desde el 6 de noviembre fue declarado prófugo cuando cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revirtieron el amparo mediante el cual había sido liberado, poco después de que el Departamento de Estado de EU anunció una recompensa de cinco millones de dólares por cualquier información que lleve a su “arresto o condena”.
Ahora desde algún punto insospechado en la sierra o la ciudad, Rafael Caro Quintero da señales de vida. El sinaloense no solo se oculta para no ser recapturado, sino que encabeza su defensa legal para no ser extraditado a los Estados Unidos.
El semanario ZETA de Tijuana dio seguimiento a un juicio de amparo “sospechoso” presentado desde el 28 de octubre de 2013 en la ciudad de Guadalajara, en el que personal del Juzgado de Distrito ha actuado sigilosamente para no revelar el nombre del peticionario.
Una vez realizada una investigación rigurosa del asunto, este medio confirmó que la solicitud de amparo es del buscado Caro Quintero.
Se trata de una demanda de derechos fundamentales entablada por el capo, a través de sus abogados, contra el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el Procurador General de la República Jesús Murillo Karam, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Rodrigo Archundia Barrientos, y otras autoridades.
El acto reclamado por Rafael Caro Quintero es, como lo fue en julio del año pasado antes de ser liberado, la orden de detención provisional con fines de extradición internacional.
Debido a lo anterior, el juez que conoce del nuevo amparo solicitó a su homólogo que sobreseyó el anterior juicio de garantías, remitiera copias para que no existiese duplicidad en las solicitudes. La diferencia es que en julio, incluso en agosto de 2013, cuando el sinaloense obtuvo su libertad, no existía la petición de los norteamericanos.
ADMISIÓN Y AMPLIACIÓN
La demanda de amparo finalmente fue aceptada el 12 de noviembre de 2013, al comprobarse que aunque se trata del mismo acto reclamado, aquel otro juicio fue concluido en su momento. Ese mismo día le fue concedida la suspensión provisional para no ser molestado, pero después le fue negada la definitiva, el día 22 de ese mes.
El anuncio de la Policía Internacional Criminal (INTERPOL) desde Lyon, Francia, el 16 de diciembre, en el que se exhortó a la comunidad mundial a denunciar el paradero del traficante mexicano, movió a los abogados de Caro a presentar una ampliación de demanda tres días después.
Caro Quintero señaló como nuevas autoridades responsables al titular de la INTERPOL México y al Congreso de la Unión que aprobó la Ley de extradición internacional. La ampliación se admitió, pero ese 19 de diciembre de 2013 le fue negada la suspensión provisional contra los actos y funcionarios de las citadas dependencias.
La defensa del sinaloense interpuso el 27 de diciembre el recurso de queja en contra de la negativa de suspender provisionalmente los actos reclamados.
Debido a que los Tribunales Colegiados en materia Penal gozaban del periodo vacacional decembrino, tocó conocer de la queja a un Tribunal en Materia del Trabajo, el cual resolvió que el reclamo del quejoso era infundado por haberlo interpuesto extemporáneamente y no dentro de las 24 horas posteriores a la notificación, como señala la Ley correspondiente.
El juicio de garantías ha seguido su curso. La audiencia para resolverse en definitiva se ha diferido al menos en cinco ocasiones, estableciéndose el mes de marzo como fecha para el desahogo de esta etapa.
El 28 de enero último se negó una vez más la suspensión definitiva solicitada en contra de los actos y autoridades de la ampliación de la demanda. Este fallo ha sido recurrido por los representantes legales con el recurso de revisión el 14 de febrero reciente, por lo que el asunto será conocido por un Tribunal Colegiado en Materia Penal para resolver el incidente.
EN LA SIERRA SINALOENSE
El subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales, así como el subprocurador especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, ambos adscritos a la Procuraduría General de la República (PGR), rindieron sus informes justificados el 12 de febrero, reconociendo que buscan aprehender al narcotraficante por la orden de detención provisional.
Por su parte, el Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado de Amparo no pierde oportunidad de solicitar copias de cada uno de los autos que se decretan en el juicio de garantías para mantener informados a sus superiores, pues así se lo han ordenado.
A través de la promoción de esta demanda, la presencia de Rafael Caro Quintero se siente cercana, y aunque las diversas corporaciones policiales no han ubicado su paradero, estiman que debe encontrarse en las regiones Noreste u Occidente, y no ha abandonado el país.
Mientras autoridades federales fijan su mira en ranchos o cotos de Guadalajara, particulares y voces extraoficiales establecen la estadía del fugitivo en las inmediaciones de la sierra en Badiraguato, Sinaloa, protegido hasta el pasado 22 de febrero por Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera quien ahora se encuentra en el penal de máxima seguridad de el Antiplano.
Los juicios de garantías han acompañado los últimos años del fugitivo y éste es el amparo número 65 promovido entre mayo de 2010 y octubre de 2013. Fue precisamente mediante un fallo de amparo directo que Rafael obtuvo su libertad -el 9 de agosto del año próximo pasado- del penal de mediana seguridad de Puente Grande, Jalisco.
Recientemente, Héctor Rafael Caro Elenes, hijo mayor de Caro Quintero, interpuso un juicio similar en el Estado de Colima por una posible orden de captura o extradición dictada en su contra.
El primogénito del capo buscó protegerse tras los señalamientos realizados a mediados del año pasado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en el sentido de que pertenece a la organización delictiva de su padre. Los actos reclamados fueron negados por las autoridades y el juicio fue archivado.
Además, el gobierno norteamericano, que ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por informes que ayuden a detener a Rafael Caro Quintero, prohibió a sus habitantes realizar negocios o transacciones económicas con la ex esposa, hijos y algunos allegados al prófugo criminal.
UN PACTO, LA CAPTURA DE “EL CHAPO”
La captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán está vinculada con la salida de prisión de Rafael Caro Quintero, aseguró hoy Héctor Berréllez, jefe de grupo que investigó el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena.
En entrevista telefónica con Efe desde California, el ex agente del Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA) afirmó que “El Chapo” había dejado de contar con “protección del gobierno mexicano” y sabía que iba a ser capturado.
“Él sabía que lo iban a arrestar porque siempre traía como 200 hombres protegiéndolo, incluyendo militares. Y como se decidió que ‘Chapo’ Guzman, por sus tendencias tan violentas, ya no iba a ser protegido [...], pues le dijeron: o entras a la cárcel o vas a morir porque te vamos a quitar toda la escolta”, dijo el ex agente de la DEA.
Para el agente encargado de resolver el caso de Enrique Camarena Salazar, luego de su asesinato en Guadalajara en 1985, este detalle confirma que había un arreglo previo entre las autoridades mexicanas y el narcotraficante más buscado del mundo.
“Cómo agarran al narco más grande del mundo, con más millones que Pablo Escobar, como una rata. Eso es un arreglo [...] Si no, hubiera sido una balacera tremenda”, agregó.
Berréllez opinó que el presunto pacto debe incluir no ser extraditado a los Estados Unidos, país que ya ha expresado su intención de reclamar a “El Chapo” para juzgarlo por los numerosos cargos que pesan en su contra en este país.
Héctor Berréllez, quien trabajó 27 años con la DEA y ahora es propietario de un negocio relacionado con la seguridad y estrategia, mencionó que ni Ernesto “Neto” Fonseca, ni Rafael Caro Quintero fueron extraditados a Estados Unidos.