TIJUANA, B.C.- La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) registró en el 2014 un incremento del 20.86% en los volúmenes de agua residual tratada con un promedio de consumo de 9 mil 183 metros cúbicos mensuales.

El Director de CESPT, Alfonso Álvarez Juan informó que  en la actualidad se cuenta con usuarios de agua residual tratada principalmente para jardines, parques y algunas empresas que la utilizan para el riego de áreas verdes o en sus procesos productivos.

Sin embargo, ante la importancia y el impacto en el medio ambiente que representa este tema,  la CESPT realiza una promoción permanente para el aprovechamiento de los efluentes generados por las plantas de tratamiento que existen tanto en Tijuana como en Playas de Rosarito.

Actualmente el 99% de las aguas que se generan en estos dos municipios son tratadas a través de 16 plantas de tratamiento con que cuenta el organismo, sin embargo es necesario promover un mayor aprovechamiento, por ello este es un tema que se ha incluido en las pláticas de Cultura del Agua que se imparten en escuelas o con empresas.

Álvarez Juan enfatizó que ante el alto costo que implica traer el agua además de impulsar el consumo responsable de la misma también es importante que se dé un mayor reuso en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo que en el Eje de Infraestructura para el Desarrollo en el subeje de agua residual tratada señala la necesidad de promover e implementar proyectos locales e intermunicipales de aprovechamiento de aguas residuales tratadas.

Uno de los proyectos emblemáticos con que cuenta la paraestatal se encuentra en la Planta de Tratamiento de La Morita donde se encuentra un vivero que se opera en coordinación con la Secretaría de Protección al Ambiente (SPA) y un viñedo experimental ambos irrigados con el agua que ahí se trata.

Tijuana, B. C.- En atención a la instrucción del presidente municipal, doctor Jorge Astiazarán Orcí, este día se puso en operación el módulo permanente de atención al migrante que se instaló en la canalización del Río Tijuana, el cual está integrado por personal de DIF Municipal, Desarrollo Social Municipal, el Instituto Municipal Contra las Adicciones y centros de rehabilitación que trabajan de forma coordinada con el Ayuntamiento.

Este módulo -que funcionará diariamente de 9:00 a 13:00 horas-, ofrece a migrantes y a personas con adicción, la posibilidad de regresar a su lugar de origen o de internarse en un centro de rehabilitación, a fin de que puedan reincorporarse a la vida productiva.

Cabe referir que el día de hoy, 17 personas decidieron iniciar el trámite para regresar a su lugar de origen y cinco más optaron por internarse en un centro de rehabilitación; hasta el momento, durante las últimas dos semanas, más de 100 personas que vivían en la canalización del Río Tijuana han dejado dicho lugar y se han apegado a las opciones que el gobierno municipal ofrece.

El módulo de atención al migrante ofrecerá servicio de forma permanente, con el propósito de enfrentar la problemática que se vive en la canalización y ayudar a quienes ahí habitan, para que abandonen esa área pública y busquen mejores opciones de superación para su vida.

Por este medio, el Ayuntamiento de Tijuana reconoce a las organizaciones de la sociedad civil que se han sumado a estas acciones gubernamentales, lo que demuestra el interés de la participación ciudadana en el combate a esta problemática social.

El módulo permanente de atención al migrante, ofrece servicio de lunes a viernes, de las 9:00 a las 13:00 horas. Cabe referir que la gestión del Ayuntamiento para quienes deciden regresar a su lugar de origen dura aproximadamente dos días, y que es inmediata para quienes optan por entrar a un centro de rehabilitación.

Tijuana, B.C.- Un sujeto originario del Estado de Sinaloa fue detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), quienes lo hallaron en posesión de aproximadamente 37 libras de una sustancia que al parecer es droga sintética de la comúnmente conocida como “cristal”.

Dicha acción se registró este día cuando policías estatales preventivos que realizaban patrullajes de vigilancia e inhibición de delitos en el fraccionamiento Balcón Las Huertas, observaron a un sujeto que al percatarse de la presencia policial descendió un vehículo al tiempo que arrojó las llaves del mismo e intentó huir a pie.

De inmediato los policías descendieron de las patrullas para asegurar al sospechoso, quien se identificó como José Guerrero, de 53 años de edad, originario de Concha, Sinaloa.

Fue durante una inspección ocular que uno de los agentes observó que en el interior del vehículo Infiniti G20 modelo 1999, de color gris, con placas de circulación extranjeras 4FJU053 se encontraban varios paquetes.

Los policías efectuaron una revisión en el vehículo encontrando dentro 37 paquetes que contenían una sustancia blanca y granulada que al parecer es droga sintética de la comúnmente conocida como “cristal”, los cuales arrojaron un peso aproximado de 37 libras, lo que equivale a casi 17 kilos de la sustancia ilícita.

Con motivo de lo anterior los policías pusieron bajo arresto a José Guerrero, quien junto con la droga y el vehículo fue turnado ante el Ministerio Público del Fuero Federal.

Gilberto Lavenant S.

Palco de Prensa

Dice el dicho que “cae más pronto un hablador, que un cojo”. Esto se corroboró plenamente, este jueves, en la sesión ordinaria de la Legislatura estatal.

Los diputados blanquiazules hicieron hasta lo imposible, para proteger al ex gobernador panista, José Guadalupe Osuna Millán, votando en contra de la aprobación del dictamen 96 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, que señala serias irregularidades en el manejo de la Cuenta Pública Anual del Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Fuente de Pago del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Y conste, las irregularidades, no son cualquier cosa. Ameritan hacer una denuncia penal en contra de Osuna Millán, además de aplicar sanciones administrativas, como lo sería inhabilitarlo para ocupar cargos públicos.

Bueno, cabe recordar, que el domingo 4 de abril del 2010, la población de Baja California fue estremecida por un terremoto, que alcanzó magnitud de 7.2 grados, registrado a las 15:40 horas, cuyo epicentro fue ubicado a 26 kilómetros al suroeste de la Ciudad Guadalupe Victoria y a 60 kilómetros al sureste de Mexicali.

Los daños fueron cuantiosos, ocasionando al menos dos muertos y mil 218 lesionados. Muchos mexicalenses aún recuerdan esto. Quizás no lo olviden nunca. Mucho menos ahora que se enteren, que Osuna Millán no manejó correctamente los recursos disponibles para ello. A esto se refiere el Dictamen 96, aprobado ayer por la Legislatura, con el voto en contra de los diputados panistas. Obviamente, trataron de proteger a Osuna Millán.

El gobernador panista, fungió como presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Fuente de Pago del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). Al revisar el Orfis, la Cuenta de dicho organismo, correspondiente al ejercicio fiscal 2012, encontró que despide fétidos olores.

Uno de los puntos principales, detectados, es que habiendo manejado recursos por 112 millones 564 mil 857 pesos, solamente fueron acreditados 91 millones 210 mil 507 pesos, pero quedaron “en el aire”, 21 millones 354 mil 350 pesos. Advierte el Orfis que no les proporcionaron documentación comprobatoria, que valide el registro de dichas aplicaciones, desconociéndose en qué fueron gastados. 

Por lo tanto, se puede presumir que alguien “se birló” ese dinero, poco más de 21 millones de pesos. Siendo Osuna Millán el presidente, es el responsable del manejo de esa cantidad de dinero, de tal forma que la debe reponer, o en su caso, deberá ser sancionado.

Y eso no es todo. Al 31 de diciembre de 2012, se encontró un saldo en bancos por un monto de 146 millones 839 mil 658 pesos, por lo que causó extrañeza a los auditores, pues se trata de recursos para la ejecución de acciones emergentes, así como los trabajos y obras de carácter prioritario y urgente, dirigidas a solventar la situación crítica provocada por el desastre natural.

Es delicado el asunto. Mientras los mexicalenses aún siguen padeciendo los estragos de aquel movimiento telúrico, la administración de Osuna Millán, como por arte de magia, desapareció más de 21 millones de pesos, y además, dejó de aplicar casi 147 millones de pesos, que podrían haber mejorado considerablemente las condiciones de quienes residen en la zona afectada. Tal irresponsabilidad, debe ser sancionada severamente. Así se trate, de quien ostentó el cargo de gobernador de Baja California.

Sin embargo, al someterse a votación dicho dictamen, hubo 11 votos a favor, y 5 en contra. Los votos a favor, o sea para que se proceda en contra de Osuna Millán, fueron 4 de diputados priístas, 1 del PES, 1 del PT, 2 del Movimiento Ciudadano, 1 del PRD, 1 del PBC y 1 del PEVM.

Los que votaron en contra, fueron 5 diputados del PAN, los 2 del Panal y el diputado del PBC Felipe Mayoral. Entre los panistas, obviamente, se incluye el voto de los diputados Rosalba López Regalado y Mario Osuna. 

Curiosa o extrañamente, quienes no estuvieron presentes, y por lo tanto no votaron ni a favor, ni en contra, fueron los panistas Cuauhtémoc Cardona y Gustavo Sánchez, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN. Quizás les dio pena, votar para defender a Osuna Millán. 

Apenas el martes 4 de noviembre, al presentar la denuncia penal en contra del titular de la PDH, la diputada panista Rosalba López Regalado, declaró, categóricamente, que lo hacían porque al asumir el cargo de legisladores, hicieron un compromiso por la transparencia y la rendición de cuentas.

Dicen que hasta engoló la voz, para señalar: “no podemos ser omisos ante las evidencias –en el caso de la PDH-, el resultado de la auditoria especial que solicitamos los diputados del PAN nos arroja que fueron varias las leyes que se violentaron. Ello nos exige firmeza, transparencia y compromiso con los ciudadanos”.

Ahora, habría que preguntarle: ¿con quién fue el compromiso, para votar en contra del dictamen, relativo a los malos manejos de Osuna Millán? Obviamente con el ex gobernador, pero de ninguna manera con los ciudadanos bajacalifornianos. 

Evidentemente, los compromisos como representantes populares, ante los electores, desaparecen cuando los tienen que confrontar con los intereses partidistas y entonces, cuando se demuestra que sus señalamientos contra conductas irregulares, son “de dientes pa´fuera”, simples bravatas, quedan en meros actos de deshonestidad. Simple demagogia.

Por ello, aquello de que “cae más pronto un hablador, que un cojo”. Los “valientes” diputados panistas, se evidenciaron como simple habladores. Demagogos, farsantes. Quizás, hasta se mordieron la lengua.

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Jaime Flores Martínez

Gandalla

Acostumbrada al "agandalle" maquillado de "compromiso social", la ex diputada local priísta Rosana Soto Agüero encontró la coyuntura al colarse en el drama que viven 26 familias que perdieron su vivienda en la colonia Reforma de Tijuana.

Es innegable que Doña Rosana odia la clandestinidad y ama --entre otras cosas-- los reflectores, la fama, el protagonismo, el café y el dinero en abundancia.

Solamente los desmemoriados pasan por alto el zafarrancho registrado durante la imposición de Soto como dirigente municipal del PRI en septiembre del 2011. Del repudio y los insultos los inconformes con el amañado proceso de selección, pasaron a los golpes; era innegable que la entonces diputada se sentía la ahijada consentida.

Fue tan accidentada y tan tensa la mentada reunión, que la señora Soto rindió protesta en privado y salió escoltada por un ejército de incondicionales.

En tiempos recientes, después de ser desconocida como titular del Programa Oportunidades en Baja California, la señora Soto desapareció del mapa. Entro en depresión. No entendía como el mundo podía girar sin su presencia. Pégame pero no me ignores.

Y no se trata de tachar de “gandalla” a Rosana Soto en el asunto de la colonia Reforma. El incidente se registró hace exactamente un mes. Un reblandecimiento de tierra obligó a la autoridad municipal a desalojar la zona. 26 familias de un asentamiento irregular se quedaron sin casa.

Pareciera que la autoridad estatal está mas interesada en invitar a los chinos a Baja California para que vengan a explotar laboralmente a los necesitados locales. El Gobierno del Estado no hizo un carajo, varios camiones apoyaron a esas familias a sacar sus tiliches.

En otro de sus días de obligado relajamiento, Rosana Soto debió leer los periódicos y ahí vio la oportunidad de volver a la palestra. De inmediato se presentó en la zona para ondear su bandera de luchadora social y proyectar su interés por combatir la pobreza. Claro que antes acomodó su ropa de marca para enfundarse en un overol.

Decidida a comerle el mandado a quien sea, Soto instaló un módulo de gestión social para comprobar su compromiso ineludible de defender los derechos de los más pobres. Tan increíble como entendible resulta que ninguna autoridad le paró el alto. Quizá para evitar su obsesivo lucimiento, el Gobierno Municipal debió abrirle espacio en la mesa de diálogo creada para ese asunto.

Uno de los afectados recordó al columnista que en su época diputada local, la señora Rosana Soto invadió un inmueble ubicado en Camino Verde que funcionaba como Centro Comunitario.

En marzo del 2013 la señora Soto “tomó por asalto” ese inmueble para habilitarlo como su módulo de gestión social. El agandalle fue tan descarado que los vecinos de Camino Verde protestaron hasta el punto de obligarla a regresarlo.

También recuerda que al desempeñarse como coordinadora del Programa Oportunidades en el Estado, pregonó hasta las lágrimas que acataría las órdenes del presidente Enrique Peña Nieto para transformar (no administrar) el apoyo social.

Prometió que--ahora si-- llegarían los apoyos a los más pobres, especialmente a aquellos que no tienen ni siquiera camisa. El asunto es que Rosana Soto necesita un hueso para atraer reflectores y salir del anonimato sin importarle los calificativos de gandalla.

Morena

Muy complicado se observa el arranque del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en Baja California. Resulta que los delegados del mencionado partido político acusan al diputado federal Jaime Bonilla Valdés de apropiarse de la concesión de ese instituto político.

Ellos denuncian que el señor Bonilla ya repartió las candidaturas en todos los distritos de Baja California sin consultarlos. Apoyado en su relación con Andrés Manuel López obrador, el diputado Bonilla habría entregado el banderín a muchos de sus cuates.

Como los inconformes desconocen si López Obrador está enterado de las acciones de Bonilla, decidieron enviarle una misiva para explicarle las irregularidades. Lo único cierto es que, con estas acciones, Morena amenaza con nacer muerta en Baja California.

Doble

Aunque Cicuta no tiene marcaje personal contra Andrés Tapia Leyva, representante del Gobierno de Baja California en la capital del país, tanta burrada no puede pasarse por alto. En la reunión del martes entre autoridades federales, legisladores y el gobernador Francisco Vega, el señor Tapia se presentó como "representante del Gobierno de Baja California Sur", !Hágame usted el favor!

Ok, ok, cierto. Quizá Tapia represente a Francisco Vega y éste represente 2 entidades.

Radio

El periodista Fernando del Monte y el autor de Cicuta son mancuerna en Fórmula Tijuana, que se transmite de lunes a viernes a la una y media de la tarde por la frecuencia 950 de amplitud modulada, Radio Fórmula Tijuana.

Cicuta.com.mx twitter: @jaimecicuta

Mexicali.- A fin de poner un candado a funcionarios públicos  que se aprovechan  del acceso que tienen a la información en el gobierno, para hacer compra de terrenos o bienes inmuebles y para realizar tráfico de influencias, el diputado Roberto Dávalos Flores, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California.

El diputado  del PRD, dijo que esta iniciativa busca la prohibición  a los  funcionarios para adquirir  cualquier bien inmueble, cuando se percata que va  a incrementar su valor o condiciones debido a obras o inversiones públicas y privadas, obteniendo de esta manera un  beneficio indebido.

El diputado  presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, subrayó que en el municipio de Tijuana,   hay varios  casos de corrupción  en esta modalidad, como fue el caso del Bolulebard 2000, desarrollo urbano  de la Zona del Río, Playas de Tijuana  y Valle de las Palmas, por mencionar algunos.

La iniciativa del diputado Roberto  Dávalos, también busca sancionar a aquellos empleados de gobierno que teniendo uso de información pública, retardan u omiten  información para favorecer a particulares.

Dijo que es importante que las instituciones públicas de gobierno proyecten   no solo  en imagen sino en los hechos, una posición de cero tolerancia a servidores públicos carentes de principios éticos, ya que la corrupción, “es uno de los enemigos para la transparencia  y la rendición de cuentas”.

Agregó que los ciudadanos quieren saber la forma  en que los recursos públicos son ejercidos y también  quieren tener la certeza de que cualquier acto indebido   en  el  servicio público será sancionado.

Esta reforma de  vanguardia  en materia de transparencia, contempla también  prevenir que no sean rechazadas las solicitudes  de cualquier institución  que vigile y proteja  los Derechos Humanos, en materia de transparencia.

Dicha iniciativa  con proyecto de decreto busca reformar el Artículo 46 y 47  de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California para dar transparencia  y certidumbre a los ciudadanos de Baja California.

Mexicali.-Amnistía Internacional (AI), encontró en Baja California dos de los siete peores casos de tortura en México, los dos fueron cometidos  el mismo día, el 26 de Septiembre de 2012, por el grupo de agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP), en Tijuana y Rosarito.

Por estas graves circunstancias de violación a los derechos humanos, el diputado del PRD, Roberto Dávalos Flores, presentó este día un punto de acuerdo, donde exhorta  a que se implementen en nuestro estado medidas para la sanción de los casos  de tortura en contra de la ciudadanía, por parte de los cuerpos policiacos.

Ante los diputados de la XXI Legislatura Local,  Dávalos Flores, detalló que  el primer caso arriba mencionado, se suscitó en la ciudad de Tijuana, cuando  elementos de la PEP, irrumpieron en una cena familiar con un operativo “tipo asalto”, en el que se llevó detenido al joven Luis Ángel Zazueta Cornejo de 23 años de edad.

Datos revelados por amnistía internacional, revelaron que los policías torturaron al detenido y exigieron a la familia dinero para dejarlo libre; como los  familiares carecían de recursos, el equipo policiaco que ese día estaba franco, consignó a Zazueta Cornejo bajo cargos de haberlo detenido en la calle con un kilogramo de cocaína en una mochila.

El Tribunal encargado de llevar el caso, aceptó esos cargos y se negó a recibir evidencias de corrupción que la familia, vecinos y conocidos filmaron  y grabaron.

El otro caso es de Adrián Vázquez Lagunez, inicialmente detenido en Rosarito al confundirlo con conocido narcotraficante.

En ambos casos y en otros donde persisten denuncia en la propia 

Procuraduría General de Justicia del Estado  y en otras instancias locales, nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, obra el mismo equipo de la Policía Estatal Preventiva y forman parte de un expediente  de 7 casos  con los que Amnistía Internacional, presentó demanda ante la Corte Penal Internacional.

Durante el punto de acuerdo el diputado del PRD,  expuso que pese a la gravedad del caso, diferentes medios de comunicación hicieron público  que el Ejecutivo Estatal  se negó a recibir al equipo de Amnistía Internacional y casos denunciados ante las instancias de justicia  en la entidad, no han tenido un seguimiento puntual.

El legislador expuso que  por esta razón se deben adoptar  de  inmediato las medidas pertinentes para solucionar esta problemática, pues el Estado de Baja California ya está sujeto a investigación por parte de organismos internacionales.

El punto  de acuerdo  expone que   el Poder Legislativo de Baja California, exhorta al Ejecutivo Estatal, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la  Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que en su conjunto  y de manera urgente, den solución a las quejas y denuncias de las que son objeto  los elementos adscritos  a la Policía Estatal Preventiva.

También que el Ejecutivo Estatal, se  responsabilice e implemente  las medidas necesarias para que las  dependencias públicas a su cargo, encargadas de los cuerpos policiacos, cuenten con órganos de control eficaces para el seguimiento de las quejas ciudadanas, asimismo  para la investigación  de las denuncias presentadas.

Y que se informe  los  programas con los que se cuenta para sensibilizar al personal del cuerpo policiaco a fin de prevenir la Tortura en las investigaciones que se realizan.

Un grupo de ciudadanos y estudiantes iniciaron un cerco en las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en Paseo de la Reforma, como parte de las acciones convocadas por la Asamblea Interuniversitaria para que aparezcan con vida los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre.

Con pancartas y carteles, los manifestantes se encuentran situados en el camellón que divide los carriles centrales de los laterales de Reforma, con dirección a Chapultepec, sin afectar el tránsito. Los jóvenes también colocaron el letrero “clausurado” en la PGR. Algunos de los protestantes son jóvenes que portan banderas con el logo del IPN. Se espera que en el transcurso del día, se unan más personas a la manifestación.

Mexicali.- La comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales,  que preside el diputado Roberto Dávalos Flores, trabajó sobre dos dictámenes relevantes,  el primero,    la posibilidad de que  la Comisión  de Comunicación Social y Relaciones Públicas, sea quien ahora lleve la vigilancia y control de la Dirección de Comunicación social   del Congreso del Estado,   en lugar de la Junta de Coordinación Política.

Así mismo  se aprobó  un segundo dictamen  de la iniciativa   de ley de responsabilidades de los servidores públicos, autoría del diputado del PRI, René Adrián Mendivil Acosta, la cual busca  garantizar las bases para generar la eficiencia de las instituciones de gobierno y la eficacia del servicio público, con el objeto de motivar la transparencia de sus acciones.

En el tema de comunicación social, se busca que   el reglamento interior del  congreso local, fije los requisitos que deberán reunir el titular de la Dirección de Comunicación Social, así como las facultades y obligaciones que correspondan a las unidades y al personal que dependa del mismo.

Cabe destacar  que el área de servicios parlamentarios dio el visto bueno a la reforma en materia comunicación a fin de otorgar mayor facultad  a  la comisión de Comunicación  y Relaciones Públicas. Sin embargo no fue votada y por acuerdo de los integrantes  de la comisión de Gobernación, se dio un plazo para  un mayor análisis.

Esta reforma,  dijo el diputado Roberto Dávalos, contiene que   el Director de Comunicación Social, será nombrado  y removido por la mayoría calificada de los diputados integrantes del pleno del Congreso, es decir con la sumatoria de 17 votos. Actualmente la ley dice que el director de comunicación, es votado o removido  por mayoría absoluta.

La iniciativa  de  la ley de reforma al Artículo 83 en  materia de comunicación social,  la suscriben los diputados del PAN: Gerardo Álvarez,  Cuauhtémoc Cardona, Gustavo Sánchez, Mónica Bedoya,  Rosalba López Regalado, Mario Osuna, Irma Martínez, Rosa Isela Peralta, por el PANAL, la diputada Irma Martínez y Alberto Martínez, del PEBC, Francisco Barraza y Felipe de Jesús Mayoral y del PES, Rodolfo  Hernández Olimpo.

Jaime Flores Martínez

Retorcido

Descubierto en su interés enfermizo por alcanzar la Dirección General de Aduanas (a cambio de mantener en la cárcel a un ex militar estadounidense), el ex administrador de la Aduana de Tijuana Alejandro González Guilbot se retuerce del coraje al saber que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la inmediata libertad de Andrew Tahmooressi luego de 8 meses de encarcelamiento en Tijuana.

A finales de marzo, el joven Tahmooressi fue detenido por personal de la Aduana de Tijuana, al intentar ingresar a México con 3 armas de grueso calibre.

El asunto llamó la atención, pues con el mes de agosto también se fue Alejandro González de la Aduana de Tijuana. El columnista se aventuró a predecir que la salida del funcionario podría traducirse en la liberación de Tahmooressi.

Cicuta subrayó en un texto publicado el 19 de septiembre que González Guilbot tenía un interés especial en mantener preso al estadounidense. Allí se refiere que –en ese momento-- la intención de González era alcanzar la Dirección General de Aduanas y el caso Tahmooressi era el escalón necesario.

Sabedor que no es responsabilidad de la Aduana aportar elementos acusatorios contra personas que violen la Ley Aduanera, González contrató abogados privados que se encargarían de reunir argumentos para mantener detenido al norteamericano.

Cicuta refirió que el equipo de abogados de la Aduana no deben realizar esa labor y aludió que--el día que fue detenido el norteamericano con el armamento—la responsabilidad de la Aduana era solamente poner a disposición de la PGR al detenido y las armas.

La aduana no es la instancia encargada de investigar ni reunir pruebas acusatorias. El señor González Guilbot intuyó el camino al éxito y contrató los servicios del abogado Javier López, un profesionista de la localidad que se dedicó a reunir los elementos jurídicos necesarios para mantener en prisión al joven Tahmooressi.

Al tratarse de un asunto con alcances internacionales, González Guilbot se hizo presente en las altas esferas del poder. La ambición de González apuntaba hacia la Dirección General de Aduanas, donde despacha Alejandro Chacón.

Sin embargo el último día de agosto el señor González fue concentrado en la capital mexicana para informarle que quedaba cesado. Desesperado por quedar fuera del presupuesto federal, este hombre maniobró hasta el cansancio hasta–finalmente—quedar arrumbado en la Aduana de Puebla, donde las moscas son los principales contribuyentes.

Al quedar desenmascarado en sus desaseadas intenciones, el señor González permitió que los abogados de la contraparte se movieran hacia la Ciudad de México, específicamente ante la SCJN. Los abogados del ex Marine presentaron un recurso ante la Suprema Corte con el agravante de tratarse de un escándalo internacional.

Según la sentencia, la fiscalía que investigaba el caso determinó que no existían elementos para mantener a Tahmooressi en prisión, pues este joven pasó los últimos 8 meses en la prisión de El Hongo en la ciudad de Tecate.

Y aunque el escribiente no tenía elementos de juicio para afirmarlo, estimó que Tahmooressi quedaría en libertad en las próximas semanas. Hoy está claro que la autoridad federal tomó una determinación que plenamente coincide con la salida de Alejandro González.

Si el abogado López dejó de aportar elementos acusatorios contra el norteamericano, entonces la fiscalía determinó que quedaba en libertad.

Observadores en este caso, estiman que la autoridad norteamericana no tendría clemencia si algún mexicano ingresara a su territorio con tres armas de fuego. Las acciones del congresista norteamericano Duncan Hunter (quien sugirió que los estadounidenses deberían armarse, ingresar a México y rescatar al joven Tahmooressi), en su momento favorecieron los intereses perseguidos por González Guilbot.

Mientras que los familiares del joven Tahmooressi lo recibieron como héroe nacional durante el fin de semana, el ex administrador de la Aduana de Tijuana Alejandro González Guilbot se jala los cabellos y vomita del coraje. La Dirección General de Aduanas se le fue de las manos. Sólo consiguió que sus intestinos hicieran agua.

Radio

El periodista Fernando del Monte y el autor de Cicuta son mancuerna en Fórmula Tijuana, que se transmite de lunes a viernes a la una y media de la tarde por la frecuencia 950 de amplitud modulada, Radio Fórmula Tijuana.

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