Mexicali.- A fin de poner un candado a funcionarios públicos que se aprovechan del acceso que tienen a la información en el gobierno, para hacer compra de terrenos o bienes inmuebles y para realizar tráfico de influencias, el diputado Roberto Dávalos Flores, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California.
El diputado del PRD, dijo que esta iniciativa busca la prohibición a los funcionarios para adquirir cualquier bien inmueble, cuando se percata que va a incrementar su valor o condiciones debido a obras o inversiones públicas y privadas, obteniendo de esta manera un beneficio indebido.
El diputado presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, subrayó que en el municipio de Tijuana, hay varios casos de corrupción en esta modalidad, como fue el caso del Bolulebard 2000, desarrollo urbano de la Zona del Río, Playas de Tijuana y Valle de las Palmas, por mencionar algunos.
La iniciativa del diputado Roberto Dávalos, también busca sancionar a aquellos empleados de gobierno que teniendo uso de información pública, retardan u omiten información para favorecer a particulares.
Dijo que es importante que las instituciones públicas de gobierno proyecten no solo en imagen sino en los hechos, una posición de cero tolerancia a servidores públicos carentes de principios éticos, ya que la corrupción, “es uno de los enemigos para la transparencia y la rendición de cuentas”.
Agregó que los ciudadanos quieren saber la forma en que los recursos públicos son ejercidos y también quieren tener la certeza de que cualquier acto indebido en el servicio público será sancionado.
Esta reforma de vanguardia en materia de transparencia, contempla también prevenir que no sean rechazadas las solicitudes de cualquier institución que vigile y proteja los Derechos Humanos, en materia de transparencia.
Dicha iniciativa con proyecto de decreto busca reformar el Artículo 46 y 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California para dar transparencia y certidumbre a los ciudadanos de Baja California.