TIJUANA, B.C..- El Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, en compañía del Secretario de Salud en la entidad, Alonso Óscar Pérez Rico, acudió al Hospital General de Tijuana (HGT), con la finalidad de supervisar los avances de las diferentes obras de infraestructura que se llevan a cabo en el nosocomio. 

El Director del HGT, Alberto Reyes Escamilla, externó un agradecimiento al Gobernador del Estado, por dar respuesta a las necesidades apremiantes de los trabajadores de salud y de los pacientes más necesitados.  

 “En 40 años no se había realizado ninguna obra tan importante y tan necesaria. Espero que podamos continuar con este apoyo, para que el Hospital General de Tijuana se convierta en el mejor del estado”, expresó.  

Entre estas acciones en materia de equipamiento e infraestructura, se encuentran la instalación de una caldereta nueva para autoclave, la modernización de los elevadores, la remodelación del sistema de calentones, la reconversión de algunas áreas hospitalarias, la impermeabilización de azoteas, el reforzamiento de la escalera de emergencia externa, la instalación de aires acondicionados en los servicios de hospitalización, entre otras.  

La rehabilitación de la carpeta asfáltica del estacionamiento del Hospital General de Tijuana, se lleva a cabo mediante una inversión de $ 4.1 millones de pesos y consiste en la demolición de carpeta, construcción de base hidráulica y construcción de carpeta asfáltica; en una superficie de 5 mil 953 metros cuadrados.  

Cabe mencionar que, desde su creación, la unidad hospitalaria es sede de atención médica para toda la población que lo requiera y solicite, incluyendo aquella que vive en condición de vulnerabilidad, como pueden ser las personas en condición de calle, migrantes y quienes no cuentan con otro tipo de derechohabiencia en salud.  

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.- El Fiscal General de Baja California, Juan Guillermo Ruiz Hernández, se reunió este día con el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), que preside Orlando López Acosta.

El encuentro se realizó con el propósito de informar los resultados obtenidos en puerto y atender los reclamos e inquietudes de este importante sector que contribuye de manera positiva con el bienestar social y económico de la entidad.

Durante su participación el Fiscal General del Estado, destacó la labor diaria que realiza la institución para hacer frente a la delincuencia a través de trabajo de coordinación, prevención, inteligencia e investigación, logrando la captura de generadores de violencia, desmantelamiento de narco laboratorios, decomisos y aseguramientos.

El problema principal que encontramos al inicio de la gestión era que todos los generadores de violencia no tenían orden de aprehensión, iniciamos investigaciones y logramos identificarlos, sabemos quiénes son, quiénes están detenidos y quién nos falta por aprehender, dijo.

“No podíamos permitir que la delincuencia se fuera apoderando poco a poco de este territorio y mucho menos que perturbara el desarrollo de aquellos que han trabajado por el bien de este municipio”, manifestó Ruiz Hernández.

Comentó que con las capturas de generadores de violencia, hay pugnas entre grupos delictivos, y con ello un aumento en la incidencia de homicidios.

En relación a este tema, el Comisionado de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), Carlos Alberto Flores, explicó que mediante labor de inteligencia e investigación se han podido integrar carpetas de investigación y con ello obtener órdenes de aprehensión contra objetivos prioritarios.

También, informó el Comisionado, durante el periodo de noviembre 2019 a enero 2021 en Ensenada, se cumplimentaron 617 órdenes de aprehensión, 52 por homicidio, 52 por narcomenudeo, 64 por robo de vehículo y 449 por otro tipo de delitos.

Agregó que durante el mismo periodo se  logró el aseguramiento de  89 armas de fuego, más de 2 millones de dosis de droga, cinco narcolaboratorios de gran escala y  572 vehículos con reporte de robo.

Resaltó que a nivel Estado se incrementó la ejecución de órdenes de cateo “De la mano con el Fiscal Central y el Fiscal Regional hemos logrado aumentar en promedio 600 por ciento la cantidad de cateos”.

Igualmente el Fiscal Central, Hiram Sánchez Zamora, resaltó que la FGE cuenta con 99.4 por ciento de efectividad en la obtención de sentencias condenatorias, igualmente durante 2020, se judicializaron 15 mil expedientes, se logró vincular a proceso a 6 mil 675 personas y se aseguraron 2700 máquinas tragamonedas en un ataque frontal a la corrupción de menores.

En la reunión, los empresarios manifestaron su preocupación e interés por la situación de seguridad en la región, también reconocieron el trabajo emprendido por la Fiscalía e hicieron de manifiesto su disposición a colaborar con la autoridad para lograr resultados positivos en este ámbito.

TECATE, BAJA CALIFORNIA.- Un operativo de la Fiscalía General del Estado (FGE) derivó en la captura del presunto delincuente conocido como “El Aguacate” o “H3” en posesión de armamento, quien en su momento fue detenido por su presunta participación en la privación de la vida del periodista Francisco Javier Ortiz Franco.

En seguimiento a información obtenida mediante labores preventivas y de investigación, la tarde del miércoles 10 de febrero del año en curso, agentes de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) implementaron un operativo en el poblado El Hongo del municipio de Tecate.

La movilización se desarrolló sobre la calle Lázaro Cárdenas y avenida Trece de la colonia Luis Echeverría, culminando en el arresto de Alejandro Manuel N alias “El H3” o “El Aguacate”, considerado líder y uno de los principales generadores de violencia de esa región.

Al momento de la detención el individuo poseía una pistola calibre 9 milímetros que se encontraba abastecida con once cartuchos útiles, además de dos rifles calibre .22, una mira telescópica y cien cartuchos útiles calibre .22.

Dicho individuo era considerado líder operativo de un grupo criminal en Tecate, siendo responsable de la logística para recepción y comercialización de droga.

Durante el año 2004 “El H3” fue señalado como partícipe en el homicidio del periodista Francisco Javier Ortiz Franco, por lo que estuvo en prisión, fue liberado en el año 2016 al interponer un amparo ante la justicia federal.

El detenido también cuenta con antecedentes penales por violación a la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos, así como delincuencia organizada, delitos que le fueron imputados en el 2004 y 2014.

Al ser encontrado en posesión de armas de fuego y cartuchos, Alejandro Manuel N fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica.

Tijuana.- Mañana viernes 12 de febrero a las 13:00 horas es el último día como alcalde de Tijuana de Arturo González Cruz tras autorizar su licencia definitiva en la sesión extraordinaria de cabildo para separarse del cargo, y se llamará a la alcaldesa suplente, Karla Patricia Ruiz Macfarland, para cumplir con la encomienda y finalizar el periodo que termina a finales de este 2021.

“A 15 meses de gestión puedo afirmar que Tijuana avanza en bienestar, infraestructura urbana, desarrollo económico y seguridad. Logros que no se hacen solos, por eso mi profundo agradecimiento a funcionarios, delegados, coordinadores, directores de áreas, porque su entrega se traduce en frutos palpables para los ciudadanos”, agregó el mandatario local.

En la última sesión que presidió González Cruz agradeció a los miembros del cabildo por el apoyo en los 15 meses que estuvo como alcalde de la ciudad y le deseo suertes a la presidenta municipal suplente, Karla Ruiz MacFarland que iniciará funciones a partir de las 13:00 horas de este viernes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado para su ratificación el nombramiento de Esteban Moctezuma Barragán como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en los Estados Unidos de América en lugar de Martha Bárcena.

La propuesta será analizada en las comisiones de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores América del Norte para su dictaminación y como parte de este proceso Moctezuma Barragán habrá de comparecer ante éstas la siguiente semana para que, posteriormente el nombramiento sea sometido a ratificación en el Pleno de la Cámara Alta.

Moctezuma Barragán deberá exponer ante los senadores, su plan de trabajo y los objetivos que se pretenden alcanzar en la relación con los Estados Unidos.

Según el escrito fechado el 9 de febrero pasado, se adjuntaron dos versiones impresas de la carpeta de datos biográficos del interesado, la información del país al cual fue designado y el programa de trabajo correspondiente, así como dos discos compactos con los documentos que se citan en la versión digital.

Fue desde el 16 de diciembre pasado cuando el  presidente Andrés Manuel López Obrador  anunció que  Moctezuma Barragán  quien actualmente es secretario de Educación Pública (SEP), sería propuesto para ser embajador de México en Estados Unidos, en sustitución de Martha Bárcena.

En diciembre de 2018, Bárcena fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador como embajadora de México en los Estados Unidos?, siendo la primera mujer en la historia de México en ocupar dicho cargo.

El Senado también recibió la designación de Carmen de la Soledad Moreno Toscano como Subsecretaria de Relaciones Exteriores, nombramiento que llevará el mismo procedimiento en comisiones para su ratificación.

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, aseguró este lunes que "es hora de que vayamos pensando" y retomar la aplicación de la pena de muerte para ciertos delitos, tras el asesinato el miércoles de una niña de ocho años en el norte del país.

"Yo le pido al Congreso que no nos tiemble la mano para enfrentar a los criminales. Si hay necesidad de la pena de muerte, que lo hagan. Si a mí me llega una pena de muerte, la vamos a evaluar", dijo a periodistas tras un acto público en el departamento de Izabal, al noreste de Guatemala.

Las palabras del gobernante fueron pronunciadas tras la muerte el miércoles en el departamento de Petén (norte) de Sharon Figueroa, una niña de ocho años que desapareció del patio de su casa el lunes y cuyo cuerpo fue encontrado al día siguiente con signos de violencia y asfixia.

"Es hora de que vayamos pensando por ejemplo en que el crimen de esa niña debería de ser condenado con la pena de muerte", añadió.

El artículo 18 de la Constitución de Guatemala establece la pena de muerte, sin embargo, en los últimos años no ha podido ejecutarse debido al vacío legal que existe desde que el expresidente Alfonso Portillo (2000-2004) derogó en 2004 el decreto 159, que regulaba el indulto y permitía al presidente suspender o no la ejecución.

En ese mismo inciso se regula que es el Congreso el que podrá "abolir" este castigo.

En 2017, la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país, decidió declarar inconstitucional la aplicación de la pena de muerte en los delitos de parricidio, ejecución extrajudicial, plagio o secuestro, desaparición forzada y muerte del presidente o vicepresidente.

La resolución de la Corte, que además de los cinco delitos afectó además a dos artículos de la Ley contra la narcoactividad, utiliza como argumentos para su decisión las contradicciones con acuerdos internacionales de derechos humanos.

Por tanto, de acuerdo al dictamen de la Corte de Constitucionalidad en 2017, "prácticamente" ya no hay delito que contemple este castigo, como confirmó la entidad en aquel momento.

El Estado de Guatemala ejecutó por última vez a dos personas en el año 2000 tras haber sido declarados culpables de secuestro.

La nación centroamericana es una de las 15 más violentas del planeta de acuerdo a organismos internacionales y solo en la última década contabilizó el asesinato de más de 60.000 personas.

Mexicali, B. C.- El diputado Ramón Vázquez Valadez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presentó un punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo para que, a través de la Fiscalía Estatal, se ordene a las empresas de seguridad privada que cumplan con la nueva Ley de Seguridad Pública del Estado.

Esta iniciativa fue presentada durante la sesión plenaria que llevó a cabo el Congreso local de manera virtual, conducida por la diputada Eva Gricelda Rodríguez, en su condición de presidenta de la Mesa Directiva de la XXIII Legislatura.

Vázquez Valadez, quien preside la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, expuso que en Baja California existen más de 200 empresas que prestan servicios de seguridad privada, y es  la Secretaria de Seguridad Publica, a través de la Dirección de Servicios de Seguridad Privada, la que está facultada para suspender la autorización a este tipo de empresas, por falta de cumplimiento a las normas aplicables y, en su caso, imponer las medidas pertinentes.

Añadió que las citadas empresas están reguladas por la nueva Ley de Seguridad Pública del Estado que aprobó este Congreso el 23 de diciembre de 2020, y precisó que su aplicación corresponde al titular del poder ejecutivo, a la fiscalía general y a los ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos de competencia.

Bajo estas consideraciones,  el diputado Ramon Vázquez presentó al Pleno un punto de acuerdo para que el Congreso local exhorte al secretario del Trabajo y Previsión Social, Sergio Moctezuma Martínez López, así como al fiscal general, Juan Guillermo Ruiz Hernández, en su calidad de secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica, a efecto de que exijan a las empresas de seguridad privada cumplir con los derechos fundamentales de sus empleados guardias de seguridad privada, de acuerdo con la ley de la materia.

Agregó que, según lo que le ha comentado un buen número de guardias de seguridad, existe una deficiente capacitación, no se les proporcionan condiciones óptimas para el trabajo como el uso y devolución de uniformes, cambio periódico de los mismos; monto de salarios deprimido; preparación casi inexistente, jornadas excesivas e inadecuadamente controladas con reubicaciones repentinas, y carencia de instrumentos indispensables entre otras irregularidades.

La propuesta fue aprobada por unanimidad para que la Mesa Directiva de la XXIII Legislatura se dirija al fiscal general del Estado para exponer esta situación.

Antes de abandonar la alcaldía de Tijuana, Arturo González Cruz y su equipo buscan dejar la concesión para el servicio de infracciones viales digitales a una empresa con ligas al ex secretario de Seguridad Jorge Ayón Monsalve, quien firmó un millonario contrato -a nombre del Ayuntamiento- para la prestación del mismo servicio en 2020.

Grupo Gencotech recibió más de 22 millones de pesos de recursos destinados a seguridad pública en un periodo de cinco meses y tiene como socio a un ex colaborador del padre de Ayón Monsalve cuando este, el general Mario Ayón Rodríguez, fue secretario de Seguridad en Puebla.

Otra empresa, con el mismo socio entre sus directivos, vendió 325 tabletas electrónicas a la Policía Municipal con un sobreprecio de tres veces su valor en el mercado.

Además, meses antes de la firma, el recién estrenado secretario municipal y el empresario tijuanense Xavier Peniche Bustamante, quien también representa a una asociación civil dedicada a entregar incentivos a la Policía Municipal de Tijuana, viajaron a la fiesta del cumpleaños número 80 del general Ayón Rodríguez en Puebla.

Al convivio, celebrado en marzo de 2020, acudieron 300 invitados del militar en retiro, quienes degustaron desde barbacoa hasta chalupas y bebidas como tequila, ron, brandy y whisky.

Además de la familia del general, quien es el actual director de la academia policial de Puebla, estuvieron presentes varios empresarios y políticos, como fue el caso del hermano del ex gobernador poblano, Rafael Moreno Valle.

Posterior a esa visita de placer, Ayón Monsalve solicitó en Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Tijuana que se realizara una adjudicación directa a Gencotech para arrancar un programa piloto de infracciones viales digitales.

Hizo lo mismo con una segunda empresa, también poblana, para la adquisición de tabletas electrónicas para policías.

Fuentes al interior del Ayuntamiento explicaron a PUNTO NORTE que entre los temas que González Cruz busca dejar listos en el Ayuntamiento antes de dejar, por segunda ocasión, el cargo, es que la concesión quede en manos de Gencotech.

Además, colaboradores cercanos al alcalde relatan que Ayón Monsalve, en cenas y reuniones privadas, comentó que la empresa que entraría a prestar el servicio en el gobierno municipal eran de empresarios cercanos a él y a su familia en Puebla

Efectivamente, fue la primera vez que Gencotech fue contratada en Baja California.

Incluso, la empresa comparte apellidos entre sus socios y también un director con Mizco Consultores, la empresa que celebró dos contratos con Ayón para la compra de tabletas digitales y servicio de internet inalámbrico.

Ambas compañías firmaron, por primera vez, contratos en junio de 2020 con el Ayuntamiento de Tijuana, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM).

Para noviembre, cuando presentó su renuncia, Ayón Monsalve ya había contratado a estas empresas.

La concesión a toda costa

En su primera solicitud de licencia para dejar el cargo, en sesión ordinaria de Cabildo del 14 de octubre de 2020, González Cruz presentaría el punto de acuerdo para concesionar durante 10 años el servicio de infracciones viales digitales a una empresa particular, sin definir las bases de licitación o adjudicación ni la empresa.

De último momento, el regidor panista Arnulfo Guerrero León presentó el documento, el cual fue aprobado fast-track por el Cabildo de Tijuana con un único voto en contra, el de la regidora Mónica Vega Aguirre, quien advirtió que este tipo de concesiones fueron las que marcaron el gobierno de Juan Manuel Gastélum “El Patas”.

En el pleno del Cabildo, el alcalde defendió el proyecto al decir que había casos de éxito en Puebla, Ciudad de México, Estado de México y Jalisco, sin citar estudios ni fuentes.

El alcalde alegó que la implementación de las multas digitales era necesaria primero por la pandemia, para evitar que los ciudadanos acudieran a las instalaciones municipales a pagarles y en segundo, porque la recaudación por este concepto era muy baja.

Dejó de lado el hecho de que la concesión no se estudió en comisiones ni fue presentada primero a los regidores, así como la falta de condiciones, bases y requisitos para los interesados en participar.

También omitió que una empresa ya estaba presentado ese servicio y que las especificaciones técnicas de la concesión eran idénticas al contrato ya firmado.

La urgencia que en aquel entonces el alcalde demostró por aprobar el tema, es la misma con la cual ahora busca agilizar la entrega de la concesión.

El nexo Ayón

Mucho antes de que González Cruz pensara en la alcaldía y que Ayón Monsalve figurara como prospecto en un cargo público en Baja California, el general Mario Ayón Rodríguez, padre de Jorge Ayón Monsalve, y el ingeniero Hugo Juárez Salgado trabajaron juntos en la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla.

Era el año 2009 y Juárez Salgado ingresó como director del Centro de de Control, Coordinación, Comunicación y Comando (C4) del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Puebla, tras haberse desempeñado como subdirector de Tecnología y telecomunicaciones de la misma dependencia que se encontraba bajo el mando del militar en retiro.

En 2014, Juárez Salgado, en conjunto con Pedro Rubén Mier Vargas conformó la empresa Grupo Gencotech en Puebla, según el acta constitutiva registrada ante la Secretaría de Economía.

Su objeto social es por demás amplio, desde equipos antimotines, chalecos, accesorios de seguridad y equipo de radio comunicación, hasta electrodomésticos.

También contempla “la comercialización de tecnología y equipos de seguridad, así́ como el software de estos y el de equipos electrónicos o computarizados”.

Los primeros contratos que Grupo Gencotech firmó con el sector público fueron, precisamente, en Puebla. Recientemente, perdió una licitación para sistemas de videovigilancia en esa entidad, debido al incumplimiento de los requisitos técnicos.

Hugo Juárez Salgado, además, es parte de Mizco Consultores, la empresa que recibió dos contratos de la Secretaría de Seguridad en el mismo mes que Gencotech.

Mizco Consultores, en redes sociales, presenta al ex funcionario como su líder de Ingeniería y lo muestra en eventos públicos y privados nacionales como su representante.

Mizco Consultores, en su acta constitutiva con fecha del año 2007, estipula como socios igualitarios a Moisés Villaverde Mier-familiar de Pedro Rubén Mier Vargas, dueño de Gencotech- y a Eduardo Izcoa Reyes.

Al igual que Gencotech, la mayoría de sus contratos con gobiernos son en Puebla y su primera contratación en Baja California fue con el Ayuntamiento de Tijuana, cuando Ayón Monsalve aún era secretario.

Por adjudicación directa

El 12 de junio de 2020, Oficialía Mayor recibió oficio de parte de la SSPCM para la adjudicación directa para la contratación de la implementación de una plataforma tecnológica de software y hardware para el procesamiento digital de infracciones viales para el uso de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal.

Previo a esto, se realizó una ampliación presupuestal a la Secretaría de Seguridad y también adecuaciones al reglamento de tránsito, para llevar a cabo el proyecto.

Dos semanas después, el contrato estaba siendo firmado entre Ayón Monsalve y la representante legal de la empresa por un monto de 22 millones 11 mil 609 pesos (con impuestos incluidos) por un periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020.

Según las cláusulas del contrato ADQ-2020-AD-074, en poder de PUNTO NORTE, el servicio incluye la implementación de la plataforma para infracción digital y la entrega de 100 dispositivos móviles nuevos con la prestación del servicio de pago móvil.

Entre la información que el sistema guarda no están únicamente los oficiales que hagan uso de los aparatos, también un perfil con datos de identificación del ciudadano e historial de infracciones a un vehículo.

Aunque hasta el momento, Oficialía Mayor no ha publicado la convocatoria de licitación para esta concesión, el servicio de Gencotech dejó de prestarse desde el 31 de diciembre de 2021.

Por mes, el gobierno municipal pagó 3 millones 669 mil 601 a la empresa para operar este programa. Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha informado cuánto se logró recaudar a través de este programa digital.

En la sesión de Cabildo donde se aprobó la concesión, los regidores que votaron a favor argumentaron que había más de 18 millones de pesos no cobrables, esto es cuatro millones de pesos menos de lo que costaron seis meses de este servicio.

Tabletas tres veces arriba de su precio

También en junio de 2020, la empresa Mizco Consultores, en la cual Hugo Juárez Salgado, el ex funcionario del papá de Ayón Monsalve, aparece como líder de Ingeniería, recibió dos contratos por parte de la SSPCM, también por adjudicación directa, esto es sin ningún otro participante.

Esto para arrancar otro programa piloto que consiste en que los oficiales utilicen tabletas electrónicas para el llenado del Informe Policial Homologado (IPH) “con la finalidad de disminuir los tiempos de captura invertidos por el oficial de policía, se simplifiquen los procesos y se explote información criminal en oportunidad”.

El contrato ADQ-2020-AD-004FORTASEG, firmado el 11 de junio de 2020, fue por concepto de la compra de 325 tabletas electrónicas Hawei Android 7.0 de 2 gigabytes de memoria RAM y 16 gigabytes de almacenamiento interno, con 7 horas de duración de batería.

Otras especificciones son una cámara trasera de 5 megapíxeles, frontal de 2 megapíxeles y pantalla de 9.6 pulgdas.

Según el sitio web de Office Depot México, un dispositivo con estas mismas características tiene un precio de 4 mil 179 pesos.

En el documento, en poder de PUNTO NORTE, no se señala ninguna especificación técnica ni de software que explique el sobreprecio tan elevado.

Por separado, la Secretaría de Seguridad celebró un segundo contrato, bajo el númreo ADQ-2020-AD-072, con Mizco Consultores para la contratación del servicio de internet inalámbrico de esas 325 tabletas.

Se trata de un plan mensual de consumo de 3.5 megabytes de consumo controlado, así como la capacidad de seis megabytes.

Esto significa que si el policía consume los seis megabytes, ya no podrán utilizar el servicio de internet.

Por este servico, la empresa poblana recibió un total de un millón 316 mil 861 pesos cada mes por un periodo de siete meses, resultando en 9 millones 218 mil 27 pesos.

La vigencia del contrato firmado es del 12 de junio al 31 de diciembre de 2020.

Para mas información: https://puntonorte.info/2021/02/11/antes-de-irse-arturo-intenta-entregar-concesion-millonaria-a-empresa-ligada-a-ayon-y-su-padre/

Tijuana.- En la próximas dos semana, será reconvertido el Hospital General de Tijuana para tratar a pacientes no covid y con ello, bajar la ocupación hospitalaria del hospital de apoyo en Rosarito, así lo informo el Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico.

“Nuestros hospitales en Tijuana están por debajo del 50% de ocupación, por lo tanto se está planteando el escenario de hacer mixtos todos los hospitales, al momentos que se hagan mixtos los hospitales, pues la demanda de atención en Rosarito para atender a los pacientes no covid de Tijuana, cae drásticamente la ocupación hospitalaria”, dijo Pérez Rico.

El titular de salud en el Estado, dijo que a casi un año de que el Covid-19 está en la entidad, en el mes de septiembre se intentó reconvertir el Hospital General de Tijuana para atender a pacientes no covid, sin embargo aumentaron los casos hospitalarios.

Desde el mes de marzo del 2020, cuando llegó la pandemia del coronavirus a Baja California, el Hospital General de Tijuana fue convertido en un hospital covid, los pacientes con enfermedades no covid son canalizados a los hospitales de apoyo.

 Información: El Sol de Tijuana

Tijuana. – La Comisión Nacional de Gobernadores informará mañana en su reunión el número de vacunas contra Covid-19 que recibirá cada estado de la República Mexicana para continuar con la Jornada Nacional de Vacunación, así lo informó el secretario de salud en Baja California, Alonso Óscar Pérez Rico.

Asimismo, el secretario dijo poder adelantar, “seguramente las dosis que estaremos recibiendo será de la farmacéutica Pfizer porque fue con esta que se inició la aplicación de la primera dosis al personal de salud”, mismos que esperan la segunda dosis, para tener el esquema completo.

El funcionario público refirió que también podría llegar una remesa del biológico ruso Sputnik V, sin embargo, esto se definirá en los asuntos a tratar el miércoles en la CONAGO, por lo que, habrá que esperar la distribución que establezca la Secretaria de Salud Federal.

En el reporte mañanero a través de la red social Facebook, el secretario de salud informó que para el miércoles hubo una disminución de casos activos, 767 personas en etapa activa de contagio en el estado, siendo los municipios de Mexicali, San Quintín y el poblado de San Felipe, los únicos en registran aumento.

El acumulado en 11 meses de pandemia, es de 41 mil 992 casos positivos, 129 nuevos registrados en las últimas 24 horas y 13 defunciones ocurridas en los municipios de la entidad, con una tasa efectiva de reproductividad del virus de 0.72 en promedio.