Por MAQUIAVELO
A punto de definirse el lapso para la gubernatura de Baja California, hay un grupo perfectamente identificado que insiste en pronunciarse por un periodo bianual, aunque en contraste un considerable sector de la población e incluso grupos que representan liderazgo en materia de productividad, opinan que la administración del ingeniero JAIME BONILLA VALDEZ, debe continuar hasta 2024, esto es de 5 años.
Sin embargo estudiosos del Derecho como el Mtro. JORGE ESCARCEGA, ex presidente del Colegio de Abogados Emilio Rabasa A.C. en atención al tema, afirman que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la facultad de emitir una sentencia que determine que la actual gubernatura de Baja California, sea sexenal y que luego de este periodo, sin vicios ni oscuros conflictos legales, inicie un procedimiento mediante el que el Congreso del Estado en tiempo y forma adecue fechas que empaten una próxima elección de la federación con la de esta entidad.
Entonces, con la ley en la mano, la SCJN, daría pauta legal a que la ciudadanía, a través de la Legislatura en turno y los gobiernos municipales, se emita opinión para un cambio en el periodo de la gubernatura de Baja California.
Hoy de sobra es sabido que un grupo político-financiero, entonces en el poder ejerció todo tipo de maniobras al margen de la legalidad para modificar la Constitución del Estado y heredar un periodo de gubernatura que permitiera la continuidad de componendas y corrupción perpetuada por tres décadas de terror, sin embargo el sufragio en el proceso electoral 2019 truncó la intención de que el trinomio PRI-PAN-PRD siguiera saqueando las arcas públicas a costa de la miseria y marginación de un importante sector poblacional.
Los que pregonan que la gubernatura debe ser de solo 2 años, son los ahora tienen la soga en el cuello, los que luchan por evitar su camino a la cárcel, y que como consecuencia tendrían que regresar al pueblo, lo que durante 30 años robaron inmisericordemente, sabedores de que miles de familias permanecieron en la ignominia, con hambre, en una atroz inseguridad y sin derecho a la educación, mientras las gavillas de 50 alcaldes y cinco gobernadores, desde 1989 hasta 2019, robaron a manos llenas, sin escrúpulos ni saciedad.
Fueron presidentes municipales emanados del partido tricolor, o de Acción Nacional, los que cuando concluía uno y entraba el otro, jamás "chistaron", para exigir cuentas de los latrocinios cometidos.
Presidentes municipales y gobernadores que antes de ganar la elección acusaban a los que estaban en el poder, de corruptos y ladrones, pero que una vez sentados en el codiciado sillón, prometieron temporalmente que corregirían lo que habían establecidos como compromiso, aunque con el paso del tiempo, eso quedó en el olvido y así sucesivamente hasta que el hartazgo ciudadano en el uso de las urnas, echó a la calle a los que creyeron que eternamente permanecerían en el poder.
En la gubernatura recientemente JOSE OSUNA MILLÁN, y luego FRANCISCO VEGA, ambos ex alcaldes y ex diputados federales, han sido señalados de malversar multimillonarias cantidades de fondos públicos, de proteger al crimen organizado y de cometer tan graves delitos desde el poder, que lo único que merecen es ir a prisión y a obligárseles a regresar el botín hurtado.
Esos son precisamente los que representan a quienes vociferan que la gubernatura debe ser de 2 y no se 5 años.
Pero de escuchar lo expresado por quienes conocen de leyes, como el experto en Derecho Constitucional JORGE ESCARCEGA, entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estaría en la ruta de emitir una resolución que deje sin efecto las trapacerías de quienes al mismo tiempo realizan campañas de desinformación, desprestigio y engaño, con la finalidad no solo de evitar el castigo de la ley, sino de recobrar el poder que les permita más de lo que venían haciendo.
Se insiste, en que los que apuestan por una gubernatura de 2 años lo hacen para permanecer en la impunidad.
Hoy la decisión está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Nicolás Maquiavelo, filósofo y escritor italiano, considerado padre de la Ciencia Política moderna, en 1513 escribió en Roma “El Príncipe” su tratado de doctrina política.
