EL CAIRO.— Las autoridades egipcias impusieron el miércoles fuertes sentencias de prisión a un grupo de partidarias del derrocado presidente islamista —incluso niñas de hasta 15 años— y ordenaron la detención de una veintena de activistas, todos por participar en protestas.

Las medidas ponen de manifiesto lo que los críticos consideran la intención del gobierno egipcio, respaldado por los militares, de acallar el disenso y proseguir la represión de los islamistas desde el derrocamiento del presidente Mohamed Morsi el 3 de julio, y también reprimir a los activistas seculares que apoyaron la remoción de Morsi pero que también acusan al nuevo gobierno de restaurar un sistema tan autoritario como el derrocado antecesor de Morsi, Hosni Mubarak.

Imágenes del tribunal en la ciudad de Alejandría mostraron a las 21 jóvenes acusadas con velos blancos y uniformes de la prisión esposadas en la jaula de los acusados. Entre ellas había siete adolescentes de 15 y 16 años que fueron sentenciadas a prisión hasta cumplir los 18 años. Las restantes —la mayoría de 18 a 22 años— fueron sentenciadas a 11 años de cárcel.

Un día antes se vio cómo las fuerzas de seguridad golpeaban y arrastraban a mujeres activistas durante una protesta frente al parlamento. La policía detuvo a 14 mujeres y las llevó en una camioneta por el desierto donde las dejaron en un camino remoto en la mitad de la noche para intimidarlas, dijeron varias de ellas.

La represión está modificando el mapa político de Egipto después de meses en que las autoridades se dedicaron a desbaratar la Hermandad Musulmana de Morsi. La crisis amenaza fragmentar la coalición de grupos liberales y seculares que apoyaron en principio a los militares para derrocar a Morsi.

Esta semana se implantó una ley que prohíbe protestas o reuniones públicas de más de diez personas sin permiso policial, con fuertes multas y penas de cárcel para los infractores. Las autoridades dicen que la medida es necesaria para parar las protestas en favor de Morsi y restablecer la estabilidad en una nación conmovida por constantes sacudones desde el derrocamiento de Mubarak en 2011.

En vista de las críticas, el gabinete emitió una declaración enérgica en la que advierte que está dispuesto a aplicar la ley "con toda firmeza y fuerza para que la libertad no degenere en caos". Y vinculó la medida con la "guerra al terrorismo", caracterizada por la violencia de milicianos islámicos en el Sinaí.