"Seguimos intentando todas las opciones de apelación para hacer valer el derecho del señor Tamayo al examen de la violación de sus derechos consulares", dijo uno de los abogados del mexicano, Maurie Levin, pocas horas antes del momento previsto para la ejecución.
Luego de un recurso ante una Corte de Apelaciones de Texas, los abogados de Tamayo presentaron las últimas apelaciones ante la Suprema Corte: una que se apoya en la violación de sus derechos consulares y otra que se propone reabrir la discusión sobre su eventual retraso mental.
Una lluvia de llamados e intervenciones diplomáticas y judiciales intentaban a último minuto evitar la muerte del mexicano, condenado por el asesinato de un policía en 1994 en Houston, pero privado de sus derechos consulares, en violación de la Convención de Viena.
La Convención de 1963, ratificada por 175 países incluido Estados Unidos, prevé que todo extranjero debe recibir asistencia de sus representantes consulares, tras ser informado de sus derechos.
El martes por la noche, un juez federal de Texas rechazó una demanda para postergar la ejecución del reo y volver a revisar su caso, como decidió la Corte Internacional de Justicia en 2004, al determinar que se le había proporcionado un "procedimiento justo".
"Estamos decepcionados por este fallo", afirmaron los abogados de Tamayo Arias al anunciar su intención de "continuar luchando por el derecho de Edgar a que se revise su caso".
Varias organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, denuncian "la violación vergonzosa del derecho internacional" tanto en este caso como en los de unos cincuenta mexicanos que se encuentran en el corredor de la muerte en Estados Unidos.
La ejecución de otro mexicano, Ramiro Hernández de 44 años, fue fijada el martes para el 9 de abril en Texas.
"Continuaremos intentando que se respete este fallo (de La Haya) antes de cada ejecución, pero, a final de cuentas, estas decisiones están en las manos de los Estados", afirmó recientemente Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para América Latina.
PRESIONES POLÍTICAS Y DIPLOMÁTICAS
El martes, el gobierno federal estadounidense ejerció su presión sobre el Estado de Texas, mientras que el gobierno mexicano volvía a manifestar su rechazo a que Tamayo Arias sea ejecutado.
"Simplemente pedimos se postergue la ejecución hasta que podamos ver si el hecho de que no gozó de sus derechos consulares conforme a la Convención de Viena fue perjudicial", resumió la portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf.
A fines de 2013, el secretario de Estado John Kerry ya había solicitado una prórroga para Tamayo Arias ante el gobernador de Texas, Rick Perry, al insistir sobre "la obligación de Estados Unidos ante el derecho internacional" y las inevitables repercusiones que podría tener para los estadounidenses detenidos en el extranjero.
El tema fue nuevamente tratado el viernes entre Kerry y su homólogo mexicano en Washington, mientras que funcionarios de los Departamentos de Estado y Justicia hacían lo propio en Texas.
Por su parte, el gobierno mexicano reafirmó "su rechazo a la ejecución en clara violación a las obligaciones internacionales de Estados Unidos".
SIN LÁGRIMAS Y RESIGNADO
"Nos dice a su mamá y a mí, pues que seamos fuertes, porque solamente Dios dice la última palabra. Él está resignado con lo que pase", contó Héctor Tamayo, padre de Edgar Tamayo Arias, el martes en una entrevista radiofónica con el mexicano Grupo Fórmula desde Huntsville,
Tamayo Arias debía tener la mañana de este miércoles una reunión, que podría ser la última, con sus padres y dos hijas.
En Cuernavaca, una ciudad del centro de México, unas 200 personas marcharon el martes para protestar contra su ejecución.
En la ciudad de México, frente a la embajada de Estados Unidos, otro centenar de integrantes de una organización defensora de los derechos de los inmigrantes llamó a anular la pena capital.
A su vez, organizaciones pro derechos humanos y de apoyo a inmigrantes se manifestaron en la región de Cuernavaca en "espera de una reflexión" por parte del gobernador de Texas, Rick Perry.
El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, afirmó en redes sociales que "todo indica que se impone arrogancia y falta de respeto a Tratados y resolución de Corte Internacional de Justicia".
En total 96 latinoamericanos aguardan en los corredores de la muerte en cárceles estadounidenses, más de la mitad de ellos (58 personas) de nacionalidad mexicana.
La lista incluye nueve cubanos, 10 salvadoreños, cinco colombianos y 5 hondureños, así como detenidos de Perú, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y Argentina, así como un español.
Desde la reinstalación de la pena capital en Estados Unidos, 17 ciudadanos latinoamericanos fueron ejecutados, en su franca mayoría mexicanos, de acuerdo con la ONG Death Penalty Information Center.
CONGRESO RECHAZA LA EJECUCIÓN
Por su parte, legisladores de los partidos PRI, PAN, PRD, PVEM y Nueva Alianza solicitaron a las autoridades texanas suspender esa ejecución.
También llamaron a diputados y senadores a sumarse a la condena por la aplicación de la pena capital, a un ciudadano cuyo derecho al debido proceso fue violentado.
Ricardo Anaya Cortés, legislador de Acción Nacional, dijo que “nos hemos sumado formalmente a solicitar la suspensión de esta ejecución de pena de muerte para que haya un procedimiento transparente y justo para nuestro connacional que está en los Estados Unidos”.
En entrevista, el presidente de la Comisión Permanente informó que la Cámara de Diputados se ha sumado de manera formal a la solicitud para que se suspenda la ejecución de Tamayo Arias.
La postura de los diputados al solicitar que la ejecución sea suspendida es exigir que “haya un juicio transparente, respetando todo lo que un procedimiento legal debe llevar”, insistió.
“Nos parece inaceptable que, con las condiciones actuales de este procedimiento, haya una ejecución de una pena, que es evidentemente de imposible reparación”, destacó.
Por separado, Manlio Fabio Beltrones Rivera, coordinador de la fracción del Revolucionario Institucional en el Palacio Legislativo de San Lázaro, lamentó que en este caso no se haya actuado con apego al debido proceso.
“Lo lamento mucho, sobre todo porque, lo dijimos en su momento en algunos casos en México, el que no se tenga el debido proceso habla de que no se actúa de manera justiciera al cien por ciento”.
Ante la inminente ejecución de Tamayo Arias, el Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados reiteró su repudio a todo proceso judicial que incumpla con lo que establece la comunidad internacional en materia de derechos humanos.
Ricardo Astudillo Suárez dijo que aun cuando la Junta de Perdones y Libertades Condicionales de Texas negó la clemencia al mexicano, “los cónsules y embajadores mexicanos deben pronunciarse”, al igual que la comunidad internacional, contra las arbitrariedades en el caso de Édgar Tamayo y, de ser posible, evitar o posponer su ejecución”.
El vicecoordinador del PVEM dijo que en este caso se deben adoptar las medidas necesarias que ayuden a corregir las violaciones a los derechos de los ciudadanos, como la presunción de inocencia y la asistencia consular.
Consideró que a Édgar Tamayo no se le puede imponer la calidad de culpable, aunque tampoco de inocente; pero sí reconocer que su juicio es una flagrante violación a sus derechos universales, reconocidos en diversas disposiciones internacionales, así como a resoluciones universales como el llamado “Fallo Avena”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recordó, también solicitó una reparación efectiva del daño que ha causado a Tamayo Arias la violación de sus derechos fundamentales en su proceso judicial.
