Bangkok.-La ex primera ministra tailandesa Yingluck Shinawatra fue detenida por la junta militar que tomó el poder mediante un golpe de Estado, indicó una fuente de su partido, el Puea Thai, mientras se extienden los temores de una purga política. "Está confirmado que fue detenida por los militares desde que se presentó ayer ante la junta", dijo la fuente, que estaba presente cuando la exjefa del gobierno acudió el viernes a la convocatoria de la junta.

"No estamos seguros de cuál es su paradero porque los militares confiscaron sus teléfonos móviles, así como los de sus colaboradores", dijo el informante, quien había servido en el gobierno de Yingluck. Un poco mas tarde el coronel Winthai Suvaree, portavoz del ejército, dijo que los responsables políticos "podrían quedar detenidos hasta una semana en función de su grado de implicación"

Yingluck Shinawatra, de 46 años, madre de un niño pequeño, fue destituida de su cargo en un fallo polémico del Tribunal Constitucional a principios de este mes, lo que preparó el escenario para el golpe militar anunciado el jueves por el comandante en jefe del ejército, general Prayut Chan-O-Cha. La junta había convocado el viernes a varios ex dirigentes, incluida Yingluck Shinawatra, y les prohibió abandonar el territorio nacional.

"En total, 155 personas tienen prohibido viajar al extranjero, salvo autorización" del nuevo régimen militar, "para mantener la paz y el orden", había declarado un portavoz militar en la televisión. Tras los últimos acontecimientos, Yingluck no podrá reunirse con su hermano Thaksin Shinawatra, exiliado después de ser víctima de un golpe en 2006, y condenado luego por malversaciones financieras.

Destituida por la justicia el pasado 7 de mayo, el viernes por la mañana la ex primera ministra se presentó a la convocatoria de los militares, al igual que Niwattumrong Boonsongpaisan, un ministro que tomó su relevo de forma interina.

Estados Unidos tomó contacto con la junta y pidió "la restauración inmediata de las leyes civiles y el retorno a la democracia", señaló el departamento de Estado en Washington. Simultáneamente Washington suspendió 3'500,000 dólares de ayuda militar a Tailandia, aproximadamente un tercio de lo acordado por año con Bangkok.

El golpe de Estado ha sido condenado por la mayor parte de la comunidad internacional. Los generales aseguran haber actuado para poner fin a la grave crisis política que sacude al país desde hace siete meses, y han decretado un toque de queda y prohibido las manifestaciones. Algunos observadores creen que la crisis se debe a una lucha de poder sibre quién dirigirá el gobierno cuando llegue el momento de suceder al rey Bhumibol Adulyadej, de 86 años.

Queda por ver si el nuevo poder será investido por el rey en este régimen de monarquía constitucional que ha vivido 19 golpes de Estado o tentativas en 80 años. El anterior golpe, en 2006, llevó a una serie de crisis políticas en las que bajaron a la calle sucesivamente los enemigos y los partidarios del primer ministro de la época, Thaksin Shinawatra, considerado por las élites como una amenaza a la realeza.

La crisis actual, apoyada según los analistas por las élites tradicionales, no es más que el último sobresalto en esta disputa. Se inició en otoño por manifestaciones que reclamaban la salida de su hermana Yingluck, en el poder desde 2011. Ella fue destituida por la justicia a principios de mayo, pero los manifestantes seguían reclamando el fin del "sistema Thaksin", cuyos partidos han ganado todas las elecciones nacionales desde 2001.

Varios líderes de los Camisas Rojas, potente movimiento partidario del gobierno civil derrocado, han sido detenidos. Poco antes del anuncio del golpe, los principales líderes de ambos bandos fueron escoltados por los militares fuera del recinto en el que se desarrollaban las negociaciones. La comunidad internacional, desde la Unión Europea a Estados Unidos, ha condenado el golpe y reclamaba un regreso rápido a un gobierno democrático.

Además, la junta militar llamó a 35 políticos e intelectuales prodemocracia a comparecer ante la nueva autoridad del país, que mantiene la persecución contra opositores y críticos iniciada tras el golpe de Estado de hace dos días. Entre las nuevas citaciones están las de los profesores de la Universidad de Thammasat, Somsak Jeamteerasakul, Worachet Pakeerut y Sawatri Suksri, los dos últimos, miembros del colectivo "Nitirat" que aboga por una reforma de la draconiana ley de lesa majestad.

Otros intelectuales reclamados son Suda Rangupan, ex profesor de la universidad Chulalongkorn, y Pavin Chachavalpongpun, profesor de la Universidad de Kyoto, según informó el diario Bangkok Post. La junta hizo la convocatoria un día después de citar a otras 150 personalidades políticas y activistas, entre ellas la ex primera ministra Yingluck Shinawatra, y 22 miembros de su clan familiar y aliados políticos.

Todos ellos fueron puestos bajo arresto tras presentarse ante los militares y trasladados ya de noche hacia distintas bases y casas fuera de la capital controladas por el Ejército. El Ejército también arrestó a 21 activistas de los llamados "camisas rojas", grupo que apoya la corriente política de los Shinawatra, tras varias redadas en localidades de su feudo en el noreste del país, según el diario The Nation.

Desde la asonada la junta militar ha suspendido la Constitución, salvo las disposiciones referentes al Rey, decretado el toque de queda durante la noche y prohibido las reuniones públicas. También ha amordazado a la prensa, con cierres de radios y televisiones, y ha empezado a clausurar portales de internet críticos con el golpe como el de Human Rights Watch, según denunció el representante de la organización en el país a través de Twitter.

Amnistía Internacional (AI) denunció hoy la detención de manifestantes contrarios al golpe de Estado y llamó a la junta militar a levantar las "duras" restricciones de libertad de expresión y asamblea. Al menos tres personas fueron arrestadas ayer en Bangkok, según la organización, durante una protesta contra la intervención de los militares y para reclamar el restablecimiento de una autoridad civil y democrática.

"Que los soldados arresten a manifestantes pacíficos es un precedente peligroso. La gente que solo expresa opiniones no debe ser penalizada", dijo en un comunicado el director de AI en Asia-Pacífico, Richard Bennett. "El mantenimiento del orden público no puede ser excusa para violar los derechos humanos", añadió Bennett.

Amnistía Internacional también instó a los generales a clarificar la situación de más de 150 políticos y activistas, entre ellos la ex primera ministra, Yingluck Shinawatra, detenidos tras ser requeridos a comparecer por la nueva autoridad militar. Yingluck, así como responsables del Gobierno depuesto y personas cercanas a la familia Shinawatra, fueron convocados ayer en un club militar en Bangkok y luego llevados en furgonetas hacia distintas bases y casas controladas por el Ejército.

"Es muy preocupante que los militares hayan detenido a líderes políticos. El régimen debe clarificar la base legal de los arrestos y a dónde los han llevado", indicó Bennett. "(Los detenidos) deben ser puestos en libertad o imputados con cargos reconocibles como delito peneal, y luego puestos en manos de un tribunal civil e independiente", añadió el portavoz de AI.