Brasil sigue empeñado en ser el campeón mundial en homicidios en términos absolutos, aunque la medalla de oro en términos relativos se la lleve Honduras, otra nación latinoamericana, la región del mundo donde estas cifras alcanzaron rasgos de epidemia.

En 2012, el último año con datos disponibles, hubo 42,416 muertos por armas de fuego, el peor balance desde 1980, cuando el Ministerio de Salud comenzó a elaborar el Mapa de la Violencia, cuyo último informe fue presentado ayer.

El Mapa de la Violencia arroja más datos alarmantes, como señala la web del diario “El País”: las balas se ceban más en la población negra de Brasil, que es la más marginada. Entre 2003 y 2012, el número de personas blancas muertas por disparos descendió un 23%. Sin embargo, el de personas negras aumentó un 14.1%.

Los ricos se protegen. La razón de esta disparidad es económica: “En teoría, los sectores de áreas más adineradas cuentan con una seguridad doble: pública y privada. Los que viven en las periferias de las ciudades, en su mayoría negros, sólo cuentan con la del Estado, normalmente reducida”, prosigue el texto.

“Brasil mata en la educación, en la falta de vivienda digna, en la salud pública, que es una auténtica fábrica de matar gente, y en la seguridad”, asegura Débora da Silva, fundadora de un grupo de madres, Mães de Maio (Madres de Mayo), cuyos hijos han sido víctimas de la violencia policial.

La “bancada de la bala”. Las cifras llegan cuando un grupo parlamentario, compuesto por varios diputados de distintos partidos y apoyados por lobbies de fabricantes de armas, ha anunciado que presentará una iniciativa a fin de liberalizar el comercio de pistolas y fusiles en Brasil. Este grupo parlamentario ha sido bautizado con el siniestro nombre de “bancada de la bala”. La iniciativa será votada dentro de tres o cuatro meses, presumiblemente, y dada la atomización y derechización del Parlamento brasileño resultado de las últimas elecciones, tiene serias posibilidades de salir adelante.

“Estatuto del desarme”. Lo que este grupo de diputados busca es la retirada del denominado “estatuto del desarme”, una ley que entró en vigor en 2003, con el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, y que establecía trabas para la adquisición de armas: elevaba de 21 a 25 años la edad para comprar una pistola, se intensificaba el control sobre la venta de munición, se aumentaban los registros y se prohibía salir a la calle armado. Lo que los diputados persiguen es, simplemente, derogar este estatuto.

Se calcula que con la puesta en vigor de este estatuto se han logrado salvar 170,000 vidas en Brasil.