El ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se encuentra en el momento más delicado de su larga carrera política, luego de que la Fiscalía de São Paulo emitiera ayer un pedido de prisión preventiva, al considerar que hay riesgo de fuga.

Lula da Silva fue denunciado por este mismo organismo el miércoles por lavado de dinero y ocultación de patrimonio. En concreto, es la Fiscalía acusa a Lula y a su esposa, Marisa Letícia, de ser los “verdaderos dueños” de un lujoso departamento de tres plantas en la playa de Guarujá, que está a nombre de la constructora OAS, empresa que está siendo investigada dentro del macroproceso Petrobras por haber sido beneficiada con multimillonarios contratos.

“Fiscal parcial”. Para Lula, la denuncia es una prueba más de la “parcialidad” de uno de los fiscales responsables por el caso, a quien acusa de utilizar su cargo con fines políticos.

En el escrito de los fiscales paulistanos (entre ellos el señalado por Lula) se argumenta que es “imprescindible” la petición de cárcel, ya que la fuga de Lula sería “extremadamente simple”, y se sostiene que, “al aislarlo”, se garantizaría “el orden público, la instrucción del proceso y la aplicación de la ley”. Además, los fiscales expresan su temor a que el ex presidente, que cuenta aún con gran tirón popular, movilice a su “red violenta de apoyo” para obstaculizar el proceso en su contra y que amenace a víctimas y testigos.

La acusación también ataca a la presidenta Dilma Rousseff porque pretende “blindar al denunciado, erigiéndolo en un ciudadano por encima de la ley”.

Como relata El País, desde hace días llueven los rumores en Brasilia sobre la posibilidad de que Rousseff le ofreciese a su padrino político un puesto en el Gobierno para convertirlo en aforado y evitar así la cárcel. Sin embargo, parte de la opinión pública ve la posibilidad de un nombramiento como una especie de confesión de culpabilidad de Lula.

Trece años. La jueza encargada del caso debe ahora decidir si acepta o rechaza la solicitud. No hay un plazo establecido para que responda. Si fuera condenado, el ex presidente podría tener hasta 13 años de cárcel.

“El país se derrite”. Mientras el cerco judicial se cierra en torno a Lula, el cerco político hace lo propio en torno a Rousseff. Ayer, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que sostiene el gobierno del izquierdista PT, se reunió con el PSDB (derecha), el mayor partido de la oposición para “buscar una salida a la crisis”, lo que en otras palabras, se traduce como negociar el inicio en el Congreso del proceso de destitución de la presidenta.

“No podemos seguir paralizados viendo como el país se derrite”, declaró el senador Eunício Oliveira, jefe del grupo del PMDB en la Cámara Alta, y advirtió que fueron discutidos “todos los escenarios actuales”, en alusión al “empeachment”, que volverán a exigir en la calle este domingo miles de brasileños en una nueva jornada de manifestaciones contra Rousseff.