Dos demandas ante la justicia brasileña dejaron ayer en el aire el nombramiento y la investidura del ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva como nuevo ministro de la Presidencia en el Ejecutivo de Dilma Rousseff, maniobra considerada por muchos una treta para burlar el proceso iniciado en su contra por corrupción.

Lula ocupó el cargo de ministro de forma efectiva cerca de una hora, el lapso que pasó entre la firma de su acta ante Rousseff y el anuncio de la primera decisión de un juez de suspender los actos celebrados en el palacio de Planalto.

Gobierno recurrirá. Dos jueces, uno de Brasilia y otro de Río de Janeiro, ordenaron la suspensión del nombramiento por el riesgo de una eventual obstrucción a la justicia por parte de Lula, aunque el Gobierno anunció que recurrirán todas las demandas que se presenten.

En opinión del Gobierno, estos fallos judiciales no anulan la investidura, por lo que Lula sigue siendo ministro aunque no pueda ejercer sus nuevas funciones. Sin embargo, ni siquiera el abogado del Estado, José Eduardo Cardozo, fue capaz de resolver la incógnita de si la suspensión de sus funciones es también extensiva a su aforamiento, un punto que cobra especial importancia para aclarar qué juez debe analizar la petición de prisión preventiva que presentó la Fiscalía de Sao Paulo

“Judicialización”. El abogado del Estado advirtió del peligro de la “judicialización” de la política, en plena escalada de declaraciones entre el Gobierno y la magistratura por supuestas y respectivas violaciones a la Constitución y a la independencia de los tres poderes.

La propia Rousseff anunció que tomará medidas legales contra el juez Sergio Moro, encargado del macroproceso contra Petrobras, por haber ordenado grabar y haber divulgado una conversación telefónica entre ella y Lula realizadas el miércoles pasado, y en la que ambos sugieren que la designación del líder izquierdista como ministro es para que no se enfrente al juez Moro.

Ataque al juez estrella. En la ceremonia de investidura de Lula, Rousseff dijo que el juez Moro tiene por objetivo “convulsionar a la sociedad brasileña con métodos oscuros y criticables, viola los principios y garantías constitucionales, los derechos de los ciudadanos y abre precedentes gravísimos. Los golpes comienzan así”.

Ese pronunciamiento provocó una respuesta de la Asociación de Jueces Federales de Brasil (AJUFE), que además de arropar a Moro, rechazó de forma vehemente las “intimidaciones” y las “tentativas temerarias de injerencia en las decisiones judiciales”.

“Sin privilegios”. Sea cual sea la decisión de los tribunales acerca de Lula, el Tribunal Supremo dejó ayer claro, en caso de que el ex mandatario quede aforado y sea la máxima corte la que juzgue su caso y no el juez Moro del caso Petrobras.

“La República no admite privilegios”, dijo el juez Celso de Mello, decano del Supremo, después de reprobar con duras palabras los desaires que había proferido Lula contra los tribunales durante una conversación telefónica grabada por la Policía, que fue filtrada este miércoles.