El futuro de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, está desde ayer en manos de 513 diputados, después de que una comisión parlamentaria decidió que existen razones jurídicas que justifican la apertura de un juicio con miras a su destitución.

La decisión de la comisión integrada por 65 diputados fue tomada por 38 votos a favor y 27 en contra tras una sesión tensa, que duró casi once horas y reflejó el enconado clima político en que se ha sumergido Brasil, palpable también en la adopción de unas medidas extraordinarias de seguridad para las próximas fases del proceso.

“Maquilló resultados”. La mayoría de los miembros de la comisión respaldó el informe elaborado por el diputado Jovair Arantes, quien recomendó avanzar hacia un eventual juicio político, al considerar que Rousseff incurrió en maniobras contables para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, alterar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública, pese a que la legislación lo prohíbe.

“Proceso viciado”. El abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, descalificó el informe del instructor y redujo las acusaciones a meras “faltas” administrativas, que no bastarían para una destitución.

Según Cardozo, el proceso “está viciado”, es “nulo” y viola “el derecho a la debida defensa”, por la inclusión en el informe de asuntos vinculados a las corruptelas en la estatal Petrobras, ajenas a la acusación.

“Es absurdo destituir a una presidenta que no ha cometido delitos ni ha robado un centavo. Y un proceso como ese, sin delito ni dolo, será un golpe de Estado”, declaró, para apuntar que “la historia no perdona” y “no olvidará esto”.

Pero los alegatos de Cardozo cayeron en saco roto y la mayoría de los parlamentarios se decantó por remitir el caso al pleno de la Cámara de Diputados, que discutirá el informe de Arantes entre el viernes y el domingo próximos.

Vallas en Brasilia. Frente a la posibilidad de que el fin de semana se concentren ante el Congreso cientos de miles de manifestantes, las autoridades terminaron ayer de instalar unas enormes vallas en la Explanada de los Ministerios, una avenida que concentra a todo el poder público.

Las vallas tienen dos metros de alto, un kilómetro de longitud y pretenden separar a los adversarios y defensores de Rousseff, que ocuparán lados distintos a lo largo de esas cercas de seguridad.

En la Cámara baja, los impulsores del juicio político necesitarán una mayoría calificada de dos tercios (342 de los 513 votos). Sin embargo, los analistas coinciden en que los 342 votos aún no están garantizados, lo cual abre un enorme margen de dudas, pues si los favorables a la destitución de Rousseff no alcanzan ese número el proceso será archivado.

En caso de que el pleno de la Cámara baja acepte la acusación, la causa pasará a los 81 miembros del Senado, que por mayoría simple decidirán si se abre el propio juicio político contra Rousseff.

Si así fuera, la mandataria deberá separarse del cargo por un lapso de 180 días, que será el tiempo que tendrá la Cámara alta para el desarrollo del proceso.