Durante el encuentro, la Ombudsperson y la Diputada revisaron avances y pendientes en materia de derechos humanos en Baja California, en particular, abordaron temas en materia de derechos de las personas que viven en contexto de vulnerabilidad como lo son las niñas, niños y adolescentes, las personas de comunidades indígenas, las personas adultas mayores, las personas en situación de calle, las personas en contexto de migración, las personas con discapacidad, la Comunidad LGBTI, entre otras.

De igual manera, analizaron la necesidad de contar en el Estado con una Ley de Víctimas, marco jurídico más sólido de protección a los derechos humanos de víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos que la CEDHBC ha impulsado y respaldado en iniciativas ciudadanas presentadas en el Poder Legislativo.

Recordó que en febrero del 2016 la CEDHBC acompañó a familiares de víctimas de desapariciones, tortura y otros hechos victimizantes, miembros de organizaciones de la sociedad civil, a defensoras y defensores de derechos humanos e integrantes del sector académico a la presentación de una iniciativa ciudadana de la ley de víctimas ante el Poder Legislativo.

Asimismo, el Organismo Público Autónomo participó en una mesa de trabajo junto a sociedad civil y el Poder Legislativo para revisar, analizar y comentar el estado que guardan las iniciativas de ley de víctimas para el Estado de Baja California, presentadas ante el Congreso.

Melba Adriana Olvera Rodríguez expresó que lamentablemente la anterior Legislatura dejó pendiente la creación de la Ley de Víctimas para el Estado de Baja California a pesar de que a nivel federal ya existe una Ley General de Víctimas desde el 2013.

Por otro lado, durante la reunión revisaron los pendientes en materia de igualdad de género, derecho al medio ambiente saludable, derecho a la protección de la salud, derecho a la no discriminación así como el derecho a la ciudad, este último en el Marco del Día Mundial de las Ciudades, conmemorado cada 31 de octubre.

Olvera Rodríguez, recordó que “el derecho a la ciudad es el que tienen las y los habitantes presentes y futuros para ocupar, usar y producir ciudades justas, inclusivas y sostenibles, que se define como un bien común esencial para la calidad de vida”.

La Ombudsperson resaltó la importancia del trabajo legislativo con perspectiva de derechos humanos así como la necesidad de la armonización de las leyes con los más altos estándares internacionales en la materia.

En ese sentido recordó que en septiembre de 2015 se firmó un Convenio General de Armonización por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los cinco Ayuntamientos del Estado y la CEDHBC como órgano garante en la supervisión del cumplimiento de los derechos humanos, y enfatizó el deber de seguirlo cumpliendo.

Para finalizar, en la reunión ambas Presidentas coincidieron en la importancia de mantener un canal de comunicación abierto y trabajar de manera cercana en el fortalecimiento de una cultura de respeto a los derechos humanos.