Un nuevo motín con 30 muertos avivó el incendio que vive Brasil debido a la crisis carcelaria que sufre el país desde el inicio de año. Esta vez ocurrió en la región de Natal, capital del estado nororiental de Río Grande do Norte.

Fue en la tarde del sábado cuando facciones rivales de grupos criminales se enfrentaron durante más de 14 horas en la Penitenciaria Estatal de Alcaçuz, en la ciudad de Nisia Floresta, y que sólo terminó cuando intervino la Policía Militarizada para retomar el control.

Esta nueva matanza llega justo cuando apenas se está implementando la serie de medidas que el gobierno brasileño, que dirige Michel Temer, propuso para atajar la crisis carcelaria, que con estas nuevas muertes, acumula unos 130 reos asesinados en apenas dos semanas de 2017.

Todo empezó el 1 de enero, cuando en el penal Compaj, en el estado de Amazonas, enfrentamientos similares terminaron la matanza de 56 presos, incluidas mutilaciones y decapitaciones.

Los estados más afectados por la violencia carcelaria, Amazonas y Roraima, solicitaron ayuda federal, y la primera medida que tomó Temer fue enviar a la Fuerza Nacional, un cuerpo de elite de la Policía, a esos dos estados, donde se registraron las más cruentas rebeliones, y prometió enviarla a otros estados que soliciten ayuda.

MÁS MEDIDAS. Sin embargo, en un país en el que, según datos del Consejo Nacional de Justicia brasileño, el 65 por ciento de las prisiones no tiene detectores de metales ni inhibidores para bloquear las señales de los celulares, estas medidas no son suficientes. Por ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió el jueves al gobierno de Brasil “acciones concretas” contra la violencia en sus cárceles.

La presidenta del Tribunal Supremo de Brasil, Carmen Lucia Antunes, pidió también el jueves durante un encuentro con los titulares de los tribunales regionales un “esfuerzo concentrado” a los estados del país para acelerar el análisis de los procesos penales de los presos.

Por el momento, Temer se comprometió a invertir 135 millones de dólares para instalar “dos escáneres” en todas las cárceles, y a construir cinco prisiones federales, con el objeto de garantizar la seguridad y reducir el grave hacinamiento que sufren los penales.