Washington – Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó al hijo del líder del régimen ilegítimo de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien por su parte ya había sido sancionado previamente el 31 de julio de 2017. Esta medida, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13692, señala a Nicolás “Nicolasito” Ernesto Maduro Guerra (Maduro Guerra) por ser o haber sido un funcionario del Gobierno de Venezuela. Maduro Guerra es miembro de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC). Al poco tiempo de asumir la presidencia, Maduro nombró a su hijo director del entonces recientemente creado Cuerpo de Inspectores de la Presidencia y, en 2017, Maduro Guerra fue elegido como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, después de la creación fraudulenta de la Asamblea, que sirvió para arrebatar los poderes constitucionales a la legítima Asamblea Nacional y afianzó aún más el régimen de su padre.
“El régimen de Maduro fue construido a partir de elecciones fraudulentas y su círculo interno vive en el lujo con las ganancias de la corrupción, mientras el pueblo venezolano sufre”, dijo el Secretario del Departamento del Tesoro Steven Mnuchin. “Maduro confía en su hijo Nicolasito y otras personas cercanas a su régimen autoritario para mantener el dominio sobre la economía y reprimir al pueblo venezolano. El Departamento del Tesoro continuará señalando a familiares cómplices del círculo interno del régimen ilegítimo que se benefician de la corrupción de Maduro”.
La Asamblea Nacional Constituyente, cuyo objetivo es reescribir la constitución venezolana y disolver las instituciones públicas venezolanas, fue creada mediante un proceso antidemocrático instigado por el gobierno de Maduro para subvertir la voluntad del pueblo venezolano. El 9 de agosto de 2017, la OFAC incluyó en su lista de sanciones a ocho personas que participaron en la organización o de otra manera apoyaron la creación de la Asamblea Nacional Constituyente y participaron en acciones antidemocráticas: Francisco José Ameliach Orta, Adán Coromoto Chávez Frías, Erika del Valle Farías Peña, Carmen Teresa Meléndez Rivas, Ramón Darío Vivas Velasco, Hermann Eduardo Escarra Malave, Tania D’Amelio Cardiet y Humberto Lugo Armas. La Asamblea Nacional Constituyente está presidida por Diosdado Cabello Rondón, a quien la OFAC incluyó en su lista de sanciones el 18 de mayo de 2018.
Maduro Guerra también ha participado en actividades de propaganda y censura, y se ha beneficiado de las minas venezolanas junto con Maduro y su esposa, Cilia Flores. A comienzos de este año, Maduro Guerra estuvo diseñando una estrategia para presionar a la Fuerza Armada Nacional de Venezuela para que impidiera que la ayuda humanitaria ingrese a Venezuela con el argumento de que era un intento de socavar la democracia en Venezuela. También trabajó para aumentar la censura de la infraestructura de telecomunicaciones de Venezuela, con el argumento de que la censura era necesaria debido a las actividades del Gobierno de EE.UU.
Se ha determinado que la siguiente persona incluida en la lista de sanciones es o ha sido un funcionario del Gobierno de Venezuela:
Nicolás “Nicolasito” Ernesto Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro Moros, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. En 2014, Maduro Guerra fue nombrado director del Cuerpo de Inspectores de la Presidencia.
Como consecuencia de las medidas de hoy, todas las propiedades e intereses en propiedades de esta persona, y todas las entidades que sean el 50 por ciento o más de propiedad directa o indirectamente de esta persona, que estén en Estados Unidos o en posesión o control de estadounidenses, quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC por lo general prohíben toda transacción de estadounidenses o de personas que estén dentro o en tránsito por Estados Unidos, que involucre cualquier propiedad o interés en las propiedades de personas bloqueadas o designadas en la lista de sanciones.
Las sanciones de Estados Unidos no tienen que ser permanentes; su intención es lograr un cambio positivo de comportamiento. Estados Unidos ha expresado claramente que las personas pueden ser retiradas de la lista de sanciones, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13692 o la Orden Ejecutiva 13850, si toman medidas concretas y significativas para restablecer el orden democrático; rehúsan tomar parte en los abusos de derechos humanos; se pronuncian en contra de los abusos cometidos por el gobierno; y combaten la corrupción en Venezuela.
Si desea más información acerca de los métodos que los políticos de alto rango de Venezuela, sus asociados y representantes de fachada utilizan para trasladar y esconder los beneficios de sus actividades corruptas, incluso cómo tratan de explotar el sistema financiero y el mercado inmobiliario de Estados Unidos, sírvase consultar los informes de advertencia de la Red para la represión de delitos financieros (FinCen, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, en FIN-2019-A002, “Informe acerca de la extendida corrupción estatal en Venezuela”; FIN-2017-A006, “Informe a las instituciones financieras y empresas y profesionales del sector inmobiliario” y; FIN-2018-A003, “Informe acerca de las violaciones de derechos humanos autorizadas por políticos extranjeros corruptos de alto rango y sus facilitadores financieros”.
