Bajo el argumento de que no se puede apoyar a una nación que no es solidaria, el PAN en el Senado demandó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que retire “temporalmente” su respaldo a la candidatura de Venezuela como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas en el periodo 2015-2016, en tanto no proporcione información satisfactoria sobre el caso del avión mexicano incinerado en su territorio.
Sin embargo, el punto de acuerdo no encontró eco en la bancada del PRI, quien a través de su coordinador, Emilio Gamboa Patrón manifestaron su rechazo a esa medida.
“No soy de la idea de retirarle el apoyo a Venezuela, es una decisión del gobierno, (…) No estamos a favor de que la cancillería haga una gestión para retirarle el apoyo del Consejo de Seguridad en la ONU a Venezuela”, atajó.
Gamboa indicó que lo que el PRI busca es que se aclare perfectamente qué es lo que pasó con esa aeronave mexicana y con sus pasajeros.
“México bajo ninguna circunstancia puede respaldar a una nación para ocupar una posición clave en materia de seguridad en el mundo, que no demuestre que actúa respetando el derecho internacional y que tampoco se conduce de manera solidaria y transparente”, acusó la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, Mariana Gómez del Campo
Acompañada de los senadores Adriana Dávila Fernández y Francisco García Cabeza de Vaca, Gómez del Campo Gurza aseguró que bajo ninguna circunstancia, México puede respaldar a una nación para ocupar una posición clave en materia de seguridad en el mundo, que no demuestre que actúa respetando el derecho internacional, y que tampoco se conduce de manera solidaria y transparente.
Al promover un punto de acuerdo para que el Senado exhorte a la cancillería mexicana a tomar esas acciones, los panistas manifestaron su preocupación por la manera cómo se ha manejado la inhabilitación y destrucción de la aeronave Hawker 25 con matrícula mexicana XB-MGM, por parte del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
Gómez del Campo consideró que no existen pruebas ni datos oficiales de que Venezuela haya respetado los convenios en aeronáutica y aviación civil internacional, ni tampoco se tiene evidencia fehaciente de la supuesta carga de drogas en la aeronave.
