Los colegios electorales de México abrieron este domingo sus puertas para dar inicio a la consulta popular sobre si se debe enjuiciar por corrupción y otros delitos a los últimos cinco expresidentes del país.

La apertura de mesas comenzó a las 08.00 horas, donde se encuentra la capital, y se irán abriendo progresivamente una y dos horas después en los estados occidentales.

Los colegios cerrarán a las 18.00 horas y el Instituto Nacional Electoral (INE) dará a conocer una primera proyección de los resultados y de participación a las 21.00 horas.

Más de 93 millones de mexicanos están llamados a las urnas en la primera consulta popular a nivel federal de la historia de México, la cual requiere de una participación del 40 %, es decir 37 millones de personas, para que sea vinculante.

El ejercicio fue convocado y promovido por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien sin embargo no está previsto que vote porque ha dicho que su "fuerte no es la venganza".

En un inicio, la consulta proponía enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Pero la Suprema Corte modificó la pregunta para preservar la presunción de inocencia y dejó un enunciado muy abierto que plantea a los mexicanos si quieren "emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados".

En todo el país están instaladas 57 mil  mesas electorales, una cifra mucho menor a las 163 mil mesas de los comicios intermedios de junio, algo que el INE ha atribuido a la falta de presupuesto que le dio el Congreso.

Las organizaciones promotoras de la consulta, vinculadas al oficialismo, han denunciado que el INE no ha puesto suficiente empeño en la organización de la consulta, mientras que el órgano electoral sostiene que ha hecho "una intensa campaña de difusión".

Ni el presidente ni nadie de su Gobierno ha explicado su plan en caso de que se imponga el "sí".

La consulta divide a los mexicanos entre quienes creen que acabará con la impunidad y quienes se oponen a que la Justicia se someta a las urnas porque la Fiscalía debería denunciar a los expresidentes si tiene pruebas de delitos.