Al detallar el contenido de la reforma energética en materia de electricidad, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que se reformará el artículo 27 de la Constitución para permitir la participación de particulares en la generación de energía eléctrica.

Si bien la iniciativa privada ya produce un tercio de la energía eléctrica en el país, debido a restricciones constitucionales, esta energía, normalmente de menor costo, sólo puede ser utilizada por las grandes empresas que tienen la capacidad de autogenerarla, expuso el mandatario.

Con la reforma propuesta —explicó— habrá una mayor oferta de electricidad y a menor costo, para beneficio de todos los usuarios, incluyendo los hogares de las familias mexicanas, las micro y pequeñas y medianas empresas, que son las que generan tres de cada cuatro empleos en el país.

En el salón Adolfo López Mateos, el mandatario destacó que el Estado mantendrá, en exclusividad, el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como el servicio público de las redes de transmisión y distribución, garantizando el acceso de todos los productores de electricidad a ellas; se fortalecerá a la Comisión Federal de Electricidad mediante mayor flexibilidad operativa y organizacional para reducir los costos.

De igual forma, se reforzarán las facultades de planeación y rectoría de la Secretaría de Energía y de su órgano desconcentrado, la Comisión Regulatoria de Energía y también será una reforma verde, ya que favorecerá una mayor inversión en el desarrollo tecnológico y la adopción de fuentes de energía con menos contaminantes y de bajo costo, como la solar, eólica y el gas.

De acuerdo con el texto de la iniciativa, en materia de electricidad, esta reforma tiene como propósito reducir los costos de producción y las pérdidas técnicas y no técnicas a fin de disminuir las tarifas eléctricas y prevenir la pérdida de patrimonio y descapitalización de la CFE, así como diversificar la matriz de generación para hacerla más limpia y flexible.

El mandatario dejó en claro que será el Congreso de la Unión quien establezca la legislación secundaria que permita la aplicación efectiva de las reformas.