MÉXICO, D.F.- El mexicano Ramiro Hernández Llanas está sentenciado a muerte en el estado de Texas. La ejecución está prevista para el próximo 9 de abril mediante inyección letal.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que recurrirá a instancias internacionales para notificar del incumplimiento de la justicia de Estados Unidos en el fallo Avena, en el que se le ordenó desde 2004 revisar 51 casos de connacionales condenados.

Las autoridades judiciales de Texas se han negado a revisar el caso, como ocurrió con Édgar Tamayo Arias, ejecutado el 22 de enero en ese estado de la Unión Americana.

Aquí presentamos algunas claves para entender este nuevo caso.

¿De qué se le acusa?

Está acusado del homicidio del norteamericano Glen Lich, dueño de un rancho en Kerreville, Texas, donde Ramiro Hernández se desempeñaba como carpintero.

¿Cómo ocurrió el asesinato?

De acuerdo con la declaración de Lera Lich, esposa de Glen, los hechos sucedieron la noche del 14 de octubre de 1997 dentro del rancho.

Hernández Llanas ingresó a la casa de los dueños y atacó con una varilla de metal a su patrón, dándole muerte.

Posteriormente, el mexicano habría amagado a la mujer con un cuchillo y la violó al menos cuatro veces.

Las inconsistencias del caso

Aún sin la presencia de personal del consulado mexicano, autoridades texanas establecen que Hernández confesó el asesinato de Glen y la violación a Lera.

En febrero del año 2000 el estado de Texas lo condenó a muerte.

La defensa solicitó que la confesión se tomara como inválida, ya que, tras la detención, no se no acató la Convención de Viena, la cual otorga el derecho a la asistencia consular.

La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos determinó en 2005 que la sentencia de la CIJ no es de cumplimiento obligatorio para los estados.

La defensa de Hernández Llanas intentó demostrar que Hernández padece retraso mental, por lo que era improcedente la pena de muerte.

La Corte de Texas indicó que no existía suficiente evidencia para demostrar el "retraso mental” del acusado.

Tras la ejecución de Édgar Tamayo, suman tres los mexicanos cuyos casos debieron revisarse antes de cumplir la sentencia de pena de muerte para establecer si la falta de apoyo consular fue determinante en su proceso.

El caso de Ramiro Hernández Llanas se suma a la lista de peticiones de la Cancillería mexicana para que Estados Unidos acate la resolución de la CIJ.