El crimen organizado ha sumado a su cartera delincuencial la falsificación de licencias de portación de armas de fuego.

La Secretaría de la Defensa Nacional develó a Crónica una red dedicada a la venta, uso y distribución de permisos apócrifos, la cual opera a nivel nacional.

Las pistas de este entramado fueron reveladas por indagatorias realizadas en la propia institución, así como por averiguaciones previas abiertas en la Procuraduría General de la República (PGR) y por diversos procesos en el ámbito judicial.

De acuerdo con los expedientes que la Sedena ha podido documentar, el problema se disparó de 2009 a la fecha, con un crecimiento de más del 600 por ciento… Mientras en 2009 se corroboraron 25 casos, en 2010 fueron 32, 65 en 2011, 120 en 2012 y 160 en 2013, para más de 400 expedientes en los últimos cinco años.

Sin embargo, la dependencia militar refiere que la cifra negra podría ser mucho mayor, pues no hay certeza de cuántos permisos falsos circulan en México ni cuántas armas están avaladas por estos documentos ilegales.

“Desconocemos cuántos permisos falsos se están usando en el país, no hay manera de saberlo. Nos enteramos cuando el documento es descubierto por las instancias correspondientes en una situación ilegal y así hemos conformado el registro”, compartió a este grupo editorial el Capitán Mazatl Valadez Huertos, subjefe de la sección de licencias de la Dirección del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos (DGRFAFCE) de la Secretaría.

-¿Y hay al menos algún cálculo de cuántas armas están vinculadas a esta red de falsificación? -se le preguntó.

-Es la misma situación, no sabemos si un arma tiene registro o sustento legal hasta que la autoridad ministerial o judicial nos hace la consulta de información: cuando se nos pregunta si la licencia con número tal o a nombre de tal persona fue expedida o no por la institución, o cuando verificamos que el documento no se encuentra dentro de nuestra base de datos o está a nombre de una persona distinta a la que portaba el arma.

PISTOLISMO. El uso de armas con permisos falsos equivale a incumplir los requisitos mínimos establecidos por la Sedena para la portación, entre éstos no tener impedimentos físicos o mentales ni consumir drogas o enervantes, los cuales son considerados imprescindibles por la doctora Elizabeth Cruz Reyna, especialista en el tema del Tecnológico de Monterrey:

“Si una persona no puede acreditar la necesidad de portar un arma o carece de la capacidad psicoemocional para manejarla, pone en grave riesgo a los otros ciudadanos y altera el orden social; genera lo que se ha conocido desde hace algunos años como pistolismo”.

-¿Pistolismo?

-Es un fenómeno en el que se generaliza el uso de armas sin control o con registros falsos, e incrementa el índice de inseguridad que de por sí sufre la ciudadanía. En la actualidad vemos que cualquier motivo, como un simple incidente de tránsito, provoca que las personas accionen sus armas: la mayoría clandestinas, y es por la negativa carga emocional que traen consigo. Si no existe control por parte del Estado entonces cualquier persona es susceptible de sufrir daños.

Señaló que detrás de redes de este tipo, “no pueden sino estar células de la delincuencia organizada ligadas al tráfico millonario de armamento, cuya operación impacta a la población no sólo por el número de armas que son importadas, sino porque la mayoría son de baja calidad y no están sujetas a un régimen de verificación”.

Explicó que “un arma fabricada por la propia Sedena cumple con ciertos parámetros o estándares de calidad, en cambio en el caso de las miles de armas que llegan de fuera todos los días no conocemos su origen o si tuvieron pruebas de calidad que aminoren el riesgo para los integrantes de las familias que las adquirieron. Por eso son comunes los accidentes en los cuales los seguros no funcionan y las personas, en especial los menores de edad, las accionan con facilidad y pierden la vida”.

Las falsificaciones se han presentado tanto en licencias particulares individuales -en teoría usadas para protección personal- como en licencias particulares colectivas, que son las otorgadas a empresas de seguridad privada, vigilancia, traslado de bienes o valores y servicio de escoltas.

“Ha habido un crecimiento brutal de empresas que se dedican a la seguridad empresarial y privada, y muchas han surgido sin el control de la autoridad, casi de manera secreta; son éstas las que optan por alimentar a las organizaciones delictivas obteniendo permisos falsos de portación, con tal de dotar a sus vigilantes de armas de fuego”, denunció Roberto Villanueva, experto en este tópico e integrante del Movimiento por la Paz encabezado por el poeta Javier Sicilia.

Hasta el momento la Sedena no ha acreditado casos en relación a licencias oficiales colectivas, utilizadas por corporaciones policíacas o de seguridad pública.

“Si bien es cierto que hasta ahora no se ha detectado que policías y agencias de seguridad municipal o estatal utilicen permisos falsos, su problema es otro -apuntó la doctora Cruz Reyna-: el uso de permisos vencidos. El permiso oficial es necesario para que agentes policiales y de los ministerios públicos desempeñen su cargo, pero resulta que son dados de baja de sus funciones y continúan con el permiso vigente, entonces no son falsos, pero no se les revisa la vigencia ni se supervisa que correspondan a quienes portan las armas. Pueden pasar muchos años y continúan usando los documentos vencidos”.

Las más de 400 investigaciones hoy son procesadas tanto en la PGR como en la Procuraduría General de Justicia Militar…

Los datos

Requisitos para la expedición de licencia

— El solicitante debe comprobar que necesita portar un arma, ya sea por la naturaleza del lugar donde vive, por el peligro que representa su trabajo u otro motivo justificable.

— Debe presentar carta de no antecedentes penales.

— Carta de modo honesto de vivir firmada por la primera autoridad administrativa del lugar de origen.

—No tener impedimento físico o mental ni consumir drogas o enervantes, lo cual se comprueba a través de certificados de salud física y mental, y exámenes toxicológicos practicados por facultativos autorizados y registrados a nivel oficial.

— Comprobante de domicilio e identificación oficial.