A pesar de los avances en transparencia de información pública, en el país aún persiste un alto grado de opacidad o incluso simulación de algunas dependencias públicas, coinciden especialistas, y una de las consecuencias es que hace más difícil el combate a la corrupción.

De hecho, según la organización Transparencia Internacional México ocupa el lugar 106 en su Índice de Percepción de la Corrupción que evalúa a 177 países.

El informe, publicado en diciembre de 2013, establece que en América Latina el país con mejor calificación es Uruguay, que se ubica en el puesto 19 de la lista, seguido por Chile en el lugar 22. Por debajo de México se encuentran Guatemala, en el lugar 123, y Nicaragua en la posición 127.

'La transparencia no es la bala de plata que va a solucionar nuestros problemas de rendición de cuentas y de corrupción, es un componente muy importante', le dice a BBC Mundo Edna Jaime, directora de la organización México Evalúa.

'Pero si no tenemos transparencia, muy difícilmente vamos a tener una política anticorrupción o de rendición de cuentas'.

El tema es pertinente en estos días: el Senado no ratificó a los actuales consejeros del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI), y se encuentra ahora en el trámite de elegir a sus sucesores.

Especialistas como Edna Jaime advierten que hay un riesgo de politizar el proceso, lo cual puede causar problemas serios a la apertura informativa que se ha conseguido hasta ahora.

El pasado

En materia de transparencia, el escenario actual en México es muy distinto al que se vivió durante décadas, cuando conseguir información pública era prácticamente imposible.

Legalmente no existía forma de obligar a las dependencias a que proporcionaran toda la información que solicitaban periodistas, académicos o ciudadanos.

Los informes financieros del gobierno federal se entregan a la Cámara de Diputados, responsable de su autorización, pero los detalles del gasto público pocas veces se conocían por los ciudadanos.

La situación empezó a cambiar en 2002, cuando se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que obligó a todas las dependencias del gobierno federal a abrir a la sociedad todos sus archivos, documentos e información.

Gracias a esta ley, impulsada por organizaciones civiles, todos los ciudadanos tienen derecho a solicitar cualquier dato sobre las actividades públicas, sin necesidad de identificarse ni mucho menos informar el propósito de sus peticiones de información.

Como parte de este proceso de apertura todas las autoridades están obligadas a contar con un área de transparencia, y a publicar en una página de internet datos sobre su personal, sueldos y formas de contacto, por ejemplo.