El gobierno federal no solo sostendrá, sino que desplegará al Ejército y la Marina para abatir los niveles de violencia, porque la acción del crimen organizado dejó de ser un asunto de seguridad pública para convertirse en un tema de seguridad interior.

Así lo define el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018, elaborado por el gobierno del presidente Enrique Peña y publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de abril.

En ese documento se señala que las “fuerzas armadas poseen características que hacen necesaria e indispensable su participación en operaciones para reducir la violencia y garantizar la paz social en regiones específicas del país”.

Añade que el entrenamiento, disciplina, inteligencia, logística, espíritu de cuerpo, movilidad y capacidad de respuesta y de fuego de los militares representan “un cimiento sobre el que debe apoyarse el Estado frente a grupos delictivos organizados que cuentan con gran poder económico, armamento y una presencia territorial en localidades y regiones específicas”.

En ese programa el gobierno federal reitera que privilegiará las labores de inteligencia en el combate a las bandas criminales “para evitar el empleo desproporcionado de la fuerza o escenarios de confrontación que generen hechos violentos.

“La actuación del crimen organizado en ciertas regiones del país dejó de ser un fenómeno vinculado al mantenimiento de la seguridad pública para convertirse en un tema de seguridad interior”, se añade.

Precisa que “será necesario desplegar y sostener las fuerzas federales en aquellas zonas del territorio nacional que tienen una importancia estratégica para la consolidación de la presencia del Estado y la contención de la violencia a corto, mediano y largo plazos”.

Este plan del gobierno adelanta también que las actividades de los militares deberán darse en una “operación conjunta con la Policía Federal y otras instituciones de seguridad y justicia”.

En ese sentido, señala que esa colaboración “deberá realizarse con un entendimiento claro de sus ámbitos de responsabilidad”.

El Programa para la Seguridad Nacional plantea un escenario de expansión de las actividades ilícitas vinculadas con el crimen organizado trasnacional, que aumentó sus ganancias y su capacidad para corromper autoridades locales para asegurar el tráfico de drogas.

“Con el paso del tiempo la presencia de grupos criminales y otros actores armados no estatales en algunas zonas del país se convirtió en una amenaza que rebasó la capacidad de las autoridades locales”, señala el documento elaborado por la actual administración federal.

Reitera que esta circunstancia “exigió la intervención decidida del gobierno de la República en aquellos estados y municipios donde la población y las instituciones de Seguridad Pública locales corrían el riesgo de quedar a merced de los actores armados vinculados al crimen organizado”.

Asimismo, el documento plantea ampliar la capacidad de anticipación y respuesta de las instituciones de seguridad y defensa para que se encuentren en condiciones de fortalecer la autoridad del Estado en cualquier parte del territorio.

MÁS PRESENCIA MILITAR

“Una política integral de seguridad interior también demanda fortalecer la presencia de las fuerzas federales en el territorio nacional para contribuir a la protección de las instalaciones estratégicas y a un efectivo ejercicio del poder nacional sobre nuestro espacio aéreo, terrestre y marítimo”, se señala en la propuesta.

Ahí mismo se define a las fuerzas federales como el “contingente disciplinado y armado, conformado por personal de las instituciones que forman parte de la comunidad de seguridad y defensa del país: Armada de México, Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Policía Federal y la Policía Federal Ministerial”.

Al mismo tiempo, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto también impulsa un marco jurídico en materia de seguridad interior que otorgue “certidumbre legal y administrativa” a la actuación de las instituciones civiles y militares responsables de su preservación.

Para el gobierno de la República es clara la exigencia ciudadana de reducir la violencia y recuperar la paz, y refiere que “la seguridad interior y la seguridad pública se encuentran ampliamente interrelacionadas, además de que  exigen un uso diferenciado del poder del Estado”.

La importancia de lo anterior, precisa, es para enfrentar los riesgos que pueden vulnerar las instituciones y velar por la observancia del estado de derecho.

Para ello se propone “transformar el entorno operativo que ha permitido el fortalecimiento del crimen organizado” y “establecer medidas que cambien estructuralmente la realidad social” de las regiones más violentas.

El gobierno aclara que las políticas públicas de seguridad y procuración de justicia buscarán en todo momento reducir la violencia y restablecer la paz.

Esto será posible si se combaten los delitos que más vulneran a la sociedad, pero sobre todo si se privilegia la prevención, el uso de inteligencia y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.