El pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada en su totalidad el sexto y último dictamen de las leyes secundarias en materia energética y acto seguido dio por concluida la sesión más prolongada en la historia del Congreso de la Unión, con 73 horas y 40 minutos acumuladas desde el pasado lunes hasta hoy.

Los diputados federales superaron por más de diez horas la sesión extraordinaria celebrada por los senadores para discutir y votar cuatro de los seis paquetes de leyes reglamentarias de la reforma energética.

El presidente de la Cámara de Diputados, José González Morfín, ordenó el turno inmediato del proyecto de reformas a las leyes Federal de Presupuesto y General de Deuda Pública al Senado de la República para su ratificación, pero dejó abierto el periodo extraordinario en San Lázaro ante la posibilidad de que la colegisladora modifique y devuelva la minuta.

En el caso de que los senadores ratifiquen sin cambios los seis dictámenes, González Morfín dará por clausurado el periodo extraordinario, sin necesidad de convocar a sesión.

Al levantar la sesión a las 4:02 de este sábado, el diputado presidente sugirió a los legisladores de las diversas fracciones parlamentarias retirar del Diario de los Debates los agravios pronunciados durante la discusión de las leyes secundarias en materia energética, "con el fin de de demostrar en los años venideros que se llevó a cabo un debate en el que prevalecieron los argumentos".

Los representantes de las izquierdas respondieron desde sus curules con un sonoro "¡nooooooo!" y González Morfín aclaró que, en su caso, será una decisión personal de los legisladores que deberán comunicarle por sí mismos o a través de sus coordinadores parlamentarios.

Así, con 326 a favor y 113 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la miscelánea de reformas a las leyes Federal de Presupuesto y General de Deuda Pública con modificaciones pactadas por las bancadas del PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza para asumir como deuda pública las pensiones y jubilaciones de Pemex y la CFE, pero no todo el pasivo laboral.

La propuesta de modificaciones establece como "requisito indispensable" para reconocer esos compromisos que la Auditoría Superior de la Federación revise la evolución del aumento de esos pasivos y, en caso de detectar actos ilegales, proceda al fincamiento de responsabilidades.

El valor de las jubilaciones y pensiones en el balance financiero de ambas empresas asciende a 1.1 billones de pesos en el caso de Pemex y a 500 mil millones en la CFE, y una parte de esos adeudos pasaría a formar parte del endeudamiento soberano.

Ello, a condición de que tanto Pemex como la CFE alcancen en un año con sus respectivos sindicatos los acuerdos necesarios para modificar sus contratos colectivos de trabajo para reducir el costo de los pasivos, además de poner en marcha un programa de austeridad en el gasto.

Mandata igualmente a un ajuste gradual en la edad de jubilación de los trabajadores activos y a inscribir al personal de nuevo ingreso en el Sistema de Ahorro para el Retiro con cuentas individualizadas, y ya no dentro del actual régimen de excepción.