Por eso ni un segundo pienso en dejar de caminar para buscar la verdad de qué ha pasado, porque nuestro país se convirtió en un campo de batalla. No le declararon la guerra al narcotráfico sino a los ciudadanos de todos los estados”, dice Araceli Rodríguez, madre de un policía desaparecido en Zitácuaro, Michoacán, en noviembre de 2009. Luis Ángel León Rodríguez, sargento primero, fue llamado a comparecer en mayo de 2013 por el Órgano Interno de Control de la Policía Federal, se le imputaban irregularidades por no presentarse a su declaración patrimonial en 2010. Lo citaron como activo, desarmado, sin uniforme y asistido por su abogada y madre, Araceli Rodríguez Nava, quien llegó a las instancias con una fotografía de su hijo. “Aquí está mi hijo con dignidad a oír la notificación de su audiencia. No le pude quitar su uniforme, viene desarmado y asistido por una abogada, yo, su madre, Araceli Rodríguez”, recuerda. De tan sólo 24 años, Luis Ángel fue enviado junto con siete federales más a una comisión a Ciudad Hidalgo, Michoacán, únicamente con oficios y armas de cargo. Se les obligó a irse por sus propios medios, por lo que contactaron a Sergio Santoyo García, un civil que les prometió llevarlos seguros a su destino. Los uniformados y Santoyo García desaparecieron el 16 de noviembre en Zitácuaro, Michoacán. Fueron secuestrados por el cártel de la Familia Michoacana. En la audiencia, los abogados presentes se percataron que no hay un control real dentro de la institución “para ver cuántos policías federales tienen en activo, desaparecidos, caídos en cumplimiento de su deber o simplemente dados de baja por no cumplir con el examen de control de confianza”, plantea la también integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD). Luis Ángel, los siete oficiales y el civil son víctimas, entre los 25 mil 276 casos de desaparecidos que reportó Mariana Benítez Tiburcio, subprocuradora de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), en el periodo del 1 de diciembre de 2006 al 1 de diciembre de 2012. La misma subrpocuradora aseguró que de esos 25 mil 276 desaparecidos, 12 mil 744 personas “en su inmensa mayoría” habían sido localizados vivos. Pero ni Luis Ángel ni las personas que lo acompañaban están entre estos últimos. LOS DESAPARECIDOS NO IMPORTAN México firmó la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas el 6 de febrero de 2007, la misma entró en vigor hasta el 23 de diciembre de 2010, pero fue hasta el 22 de junio de 2011 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Las autoridades tenían la obligación de presentar un informe relativo en un plazo no mayor a dos años a partir desde que entró en vigor. Sin embargo, éste fue entregado hasta marzo de 2014, aunque en septiembre pasado –durante la una sesión pública del Comité de las Naciones Unidas– se dirigió una nota al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, para que presentara un informe alternativo al que dio el Estado mexicano. El Ombudsman nacional omitió el llamado. Ésa era una oportunidad en la que la CNDH pudo “presentar la realidad nacional ante las graves violaciones pluriofensivas que representa la desaparición de personas”, expresa Valentina Peralta Puga, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. “Raúl Plascencia Villanueva dejó perder esta oportunidad de que la voz de las víctimas en México fuera escuchada por la comunidad internacional”, afirma. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU sesionó del 15 al 26 de septiembre en Ginebra, Suiza. Ningún representante del Estado mexicano acudió, pero agentes de la sociedad civil se dieron a la tarea de elaborar siete informes alternos; además una comitiva de representantes de al menos 30 organizaciones acudió a entregarlos. En el documento que presentó el Estado el 11 de marzo, titulado Informe del Estado Mexicano sobre la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en virtud del Artículo 29 de la Convención, el gobierno federal asegura que se “registran avances sustantivos en la promoción, respeto y protección a los derechos humanos en el país”. Las autoridades mexicanas especificaron que han “intensificado sus esfuerzos para combatir la desaparición forzada de personas”. Entre las acciones que destacan se encuentra la del pasado 4 febrero, cuando el Senado de la República aprobó el retiro de la reserva a la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas, “para consolidar la armonización de nuestro derecho interno con las normas internacionales”. El gobierno federal aseguró ante la ONU que sus esfuerzos no estarían completos “sin un modelo para la atención de familiares de personas desaparecidas basado en el acompañamiento y la gestión de la información para garantizar un trato respetuoso y digno, que cumpla con el derecho a la verdad y a una reparación integral”. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil de todo el país refutan los resultados presentados por las autoridades mexicanas. Uno de ellos, presentado por la Coordinación de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada Comité Cerezo México, el Comité de familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” y el Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero, explica que se vieron en la necesidad de entregar el informe alterno pues “la situación en nuestro país, respecto al incremento de casos de desapariciones forzadas, evidencia la continuidad y sistematicidad de este delito e indican el nulo avance en la implementación de la Convención Internacional y la erradicación de éste”. La organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), junto con el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, presentaron en su denuncia que “el Estado mexicano se ha limitado a informar de una serie de medidas legislativas y otras de carácter administrativo, pretendiendo con ello que está implementando la Convención a nivel nacional. Sin embargo la realidad supera por mucho la posición oficial”. “La Desaparición Forzada e Involuntaria en México desgraciadamente sigue siendo una práctica común en la actual administración del Presidente [Enrique] Peña Nieto. No sólo es el crimen organizado el actor involucrado en las Desapariciones Forzadas, sino también, de manera preocupante, agentes del Estado, y el número de desaparecidos y de violaciones a derechos humanos continúa en aumento”, se puede leer en el informe que realizaron el Centro de Análisis e Investigación, Fundar, la organización Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad 

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