Ciudad de México (SinEmbargo).– El Obispo Raúl Vera denunció en junio del año pasado que la Procuraduría General de la República (PGR) tenía conocimiento de que el Alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, estaba implicado en el asesinato de tres líderes sociales del estado. Como lo hicieron, entre otros, Human Rights Watch. Sin embargo, aunque le aseguraron que la PGR atrajo el caso, nunca actuó en contra del ahora ex Edil prófugo de la justicia. Le dijeron que sí irían contra el Secretario de Seguridad del municipio, Felipe Flores Vázquez. También está prófugo. El 30 de mayo del 2013, el Alcalde secuestró a ocho líderes sociales después de una manifestación en la que se conformó el colectivo Unidad Popular de Iguala, relata el Obispo, con el fin de asesinarlos. El secuestro fue perpetuado por personas del crimen organizado. “Tal como ahora pasó”, dijo Vera en entrevista con SinEmbargo. Días después, hallaron los cuerpos del ingeniero Arturo Hernández Cardona y de los activistas Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera Román, en la carretera federal México-Acapulco, en el tramo Mezcala-Iguala, en el municipio de Tepecuacuilco, con signos de tortura y  el tiro de gracia. Los otros cinco secuestrados lograron escapar por un error táctico de sus captores. Uno de ellos, Nicolás  Mendoza Villa, fue el único que dio su testimonio ante un notario público, pues no confiaba en las autoridades. En su declaración aseguró que tras su captura, los trasladaron en un vehículo a un terreno, un campo baldío, donde sólo había una carpa. El Secretario de Seguridad, Flores Vázquez, llegó junto con el Alcalde y fue el propio José Luis Abarca quien ejecutó a Arturo Hernández Cardona, pero no antes, se río de ellos en su cara. Es la misma denuncia hecha por René Bejarano que tampoco atendió el Procurador Jesús Murillo Karam. La misma declaración la hizo Mendoza Villa en marzo de este año ante la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) de Guerrero, una vez que ya se le había proporcionado protección. Sin embargo, desde entonces, él junto con su familia ha tenido que cambiar al menos en seis ocasiones de domicilio hasta que finalmente tuvo que salir del estado gobernado por el perredista, Ángel Aguirre Rivero, debido a las amenazas y hostigamientos que ha recibido. “Nosotros visitamos a Iguala, organizamos una caravana de observación para la protección de derechos humanos ahí en Guerrero, se sumaron otras instancias de derechos humanos y pedimos que el caso fuera atraído por la Procuraduría General de la República porque el estado era juez y parte y eso no se iba a arreglar ahí”. El Obispo de la diócesis Saltillo dijo que en la PGR se les aseguró que atrajeron el caso, sin embargo, “no nos dieron documentos, pero querían que este muchacho, Nicolás Mendoza, fuera a declarar. Nosotros les dijimos que primero eran necesarias medias cautelares, porque estaba en peligro su vida”. En entrevista para SinEmbargo, el Obispo Vera asegura que el 22 de septiembre, cuatro días antes del asesinato de tres estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa después 43 desaparecieron, pidió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) garantías de seguridad para Nicolás Mendoza Villa, que es perseguido y acosado por hombres armados. El religioso acudió a Washington, Estados Unidos, junto con Magdalena López Paulino presidente y secretaria de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, así como la regidora del PRD en Iguala y viuda del asesinado líder de la UP, Arturo Hernández Cardona, Sofía Mendoza Martínez y tuvieron una reunión con el secretario ejecutivo Emilio Álvarez Icaza Longoria. Sin embargo, cuatro días después “se vino el caso de Ayotzinapa. Nosotros, cinco días antes de que hicieran esta barbarie, nosotros estábamos pidiendo medidas cautelares”. El Obispo Vera asegura que este caso muestra el desprecio que los ciudadanos recibimos de parte de las autoridades estatales, municipales y federales. “Es lo mismo que nosotros vimos en el caso Pasta de Chochos, un desprecio por la vida humana, un desprecio arrogante, las familias, esposas, hijos, jóvenes, no merecían tener estas autoridades. Una clase política que ha venido imponiendo este modelo donde el ser humano no vale, en donde solamente se atiende a las personas de alto nivel, que tienen riqueza, el resto no cuenta”. Vera lo cuenta hoy, aunque ya no valga de nada: 43 normalistas están desaparecidos y, mientras se escarba, se hallan más y más fosas con cuerpos que siguen sin identificar.

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