El Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, dictó este viernes auto de formal prisión por diversos delitos a los siete militares presuntamente implicados en el asesinato de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio.

En un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal, informó que dentro de la causa penal 81/2014, dictó auto de formal prisión en contra de siete integrantes del Ejército Mexicano.

De acuerdo con el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, los oficiales Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, fueron los únicos a quienes les abrieron el juicio por el homicidio calificado de 8 personas, así como por los delitos de abuso de autoridad y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo.

A Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Roberto Acevedo López, Samuel Torres López, Ezequiel Rodríguez Martínez, Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides, también se les dictó la formal prisión por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Ezequiel Rodríguez Martínez, fue procesado por su probable responsabilidad de Encubrimiento en la Hipótesis de no Procurar Impedir la Consumación de un Delito.

Los siete inculpados se encuentran en reclusión en la Prisión Militar adscrita a la Primera Región Militar, ubicada en el Campo Militar 1-A, en México, Distrito Federal.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Gobierno del Estado de México informaron este jueves haber aceptado la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el homicidio de 22 personas, al parecer a manos de elementos del Ejército Mexicano, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.

La Sedena reportó su aceptación a través de un comunicado en el que informó que, a pesar de que “no comparte algunos de los señalamientos” de la CNDH, acepta las recomendaciones, y reiteró que se trató de una respuesta a una agresión de los civiles.

“Aún cuando esta dependencia del Ejecutivo federal no comparte algunos de los señalamientos contenidos en dicha recomendación, ha tomado la determinación de aceptarla por el especial interés de coadyuvar a esclarecer los hechos y en el caso de que algún militar haya incurrido en conductas contrarias a la ley, a las virtudes militares y a nuestra vocación de servicio, sea sancionado conforme a derecho”, informó el Ejército.

Horas después, el Gobierno del Estado de México, encabezado por Eruviel Ávila Villegas, emitió otro comunicado tambié

n informando su aceptación de la recomendación. En el texto, el Gobernador dijo que giró un documento a Raúl Plascencia Villanueva para que la CNDH emita las instrucciones necesarias para el cumplimiento de la enmienda. La recomendación por los hechos en Tlatlaya fue emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el pasado 21 de octubre, cuando se dirigió a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Gobierno del Estado de México por el asesinato de 22 personas al parecer por parte de elementos del Ejército Mexicano, el pasado 30 de junio.

Al emitir la recomendación, el Ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, calificó estos hechos como una de las “peores violaciones” a los derechos humanos, aun cuando días antes, el 23 de septiembre, se había manifestado en favor de la versión oficial emitida por los militares: “Tenemos una claridad de que se trató de un enfrentamiento que duró cerca de dos horas entre el Ejército y estas personas, de disparos entre unos y otros”.

También el día de ayer, el director ejecutivo para las Américas de la organización internacional de protección a los derechos humanos Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, dijo que los casos de Tlatlaya e Iguala se encuentran entre los más graves de la historia contemporánea de México y América Latina.

Sobre Tlatlaya, poblado mexiquense donde 22 personas fueron asesinadas por miembros del Ejército, Vivanco dijo que se trató de un “crimen de Estado”, toda vez que fue una masacre cometida y encubierta deliberadamente por elementos del Estado.

En este caso también consideró que hubo dilación en la investigación, pues la cronología de los hechos muestran que la PGR atrajo el caso hasta el 23 de septiembre, pese a que la ejecución había ocurrido el 30 de junio. Para entonces había pasado una semana de la publicación de un reportaje de la revistaEsquire, con el testimonio de una testigo de la masacre. Fue gracias a esa publicación que comenzó a cuestionarse la versión oficial dada por el Ejército de que el asesinato de 22 personas, señaladas como presuntos delincuentes, había ocurrido durante un enfrentamiento entre éstos y los militares.

“Durante casi tres meses se engañó al país, a la comunidad internacional, y se utilizó al sistema judicial para sostener una falsedad, que hoy todo el mundo admite”, comentó Vivanco.

Al referirse a la conclusión de la investigación judicial, que señaló como presuntos responsables sólo a ocho militares, siete soldados y un teniente, quien presuntamente los encubrió, cuestionó: “Es difícil creer que no hay mandos superiores involucrados en estos hechos, tanto en la comisión del delito como en su encubrimiento, y nos preocupa mucho porque creemos que tan grave como la ejecución es el encubrimiento”.

Vivanco incluso ironizó sobre el tema al decir que, según la versión oficial, un teniente fue capaz de engañar a todo un país.

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