“Hemos platicado todas las autoridades comunitarias y decidimos que nos vamos a enfocar a realizar una investigación a fondo en Guerrero, vamos agotar todo el territorio.
Nosotros ya venimos de La Montaña y de Costa Chica, ahora vamos por todo”, dijo Manuel Vázquez Quintero, abogado de la Unión de Pueblos.
La semana pasada la UPOEG anunció que iniciaría con un programa de brigadeo en todos los municipios de Guerrero.
La policía comunitaria está presente en 42 de los 81 municipios de la entidad y tomado comunidades como Xaltianguis, Tierra Colorada y El Ocotito, secuestradas por el crimen organizado.
Como segunda etapa de la búsqueda de los normalistas, los miembros de la Unión de Pueblos buscará en el norte y en Tierra Caliente.
Pero en esta etapa, no sólo se buscarán a los estudiantes, sino a todas las personas reportadas como desaparecidas que llegan a la organización a través de los reportes de familiares que se acercan a pedir ayuda.
Crisóforo García Rodríguez, promotor de la UPOEG, indicó que sólo en Iguala hay más de 100 víctimas que se acercaron a la UPOEG para denunciar algún familiar desaparecido y que intentan recolectar más muestras de ADN para agrandar el banco de 500 muestras que ya se tienen.
En cuanto a las brigadas se realizarán por tiempo indefinido.
La semana pasada se recorrió Tecoanapa, Ayutla y una parte de San Marcos, dijo.
Las brigadas están conformas por 100 personas, que se irán turnando cada determinado periodo de tiempo.
De acuerdo con Crisóforo hasta el momento no se encontraron más fosas en los otros municipios donde han buscado.
Las búsquedas son de hasta 14 horas continuas y un municipio puede tomar entre tres y cinco días.
“Son distancias largas.
La última vez que recorrimos fueron casi 14 horas, fue en fue en Mayanalán y Cacahuananche”, dijo el promotor.
El abogado de la UPOEG Manuel Vázquez dijo que en la Primera Convención Estatal para un Proyecto Alternativo del Estado de Guerrero, realizado ayer la entidad con la participación de alrededor 800 personas, entre comisarios, delegados, organizaciones sociales, funcionarios, asesores y comunitarios, se propuso que para recuperar la paz se deben desaparecer los tres poderes.
Se habló de la inseguridad y el abandono del gobierno del pueblo guerrerense y se propuso retomar el proyecto comunitario.
“En el primer punto se habló del nuevo federalismo, en un segundo la desaparición de poderes en Guerrero y como tercer punto un proyecto comunitario o autodefensa, para recuperar la paz y la participación ciudadana”, dijo.
El abogado de la UPOEG indicó que la población de la entidad está “sentida porque ha sido engañada”.
Los participantes realizarán una segunda convención el 6 de diciembre, para avanzar en la discusión de los resolutivos acordados ayer.
PODRÍAN RECORRER TODO EL PAÍS
UPOEG dice que después de Guerrero analizarán si recorren otros estados.
Foto: Antonio Cruz, SinEmbargo Manuel Vázquez informó que la investigación en Guerrero definirá cuándo será el momento de buscar en otras entidades, pues muchas personas de los distintos municipios de la entidad se ha acercado a pedirles apoyo para localizar a sus familiares desaparecidos.
“Hay gente que se nos acerca y nos dicen que su familiar puede estar en otro estado.
Nosotros vamos a descartar todos los lugares, el mismo transcurso de las brigadas nos irán diciendo cuándo vamos a buscar en otro estado.
Eso sería después, primero vamos por todo Guerrero”, dijo.
El académico Miguel Rábago, investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (UIA), señaló que el caso de Ayotzinapa hizo visibles los casos de violencia generalizada y desaparición forzada en nuestro país.
“Durante el sexenio de Felipe Calderón se negó que existiesen casos de desapariciones forzadas.
Durante los primeros años como presidente de Enrique Peña Nieto, se realizó una labor de contabilizar desaparecidos, con base en denuncias penales.
Sin embargo, hay muchas narrativas, muchas historias que no caben en el ámbito de la denuncia penal.
Éstas dan cuenta de la magnitud de todas las desapariciones en México, que podrían ascender a mucho más de 20 mil”, advirtió el especialista en materia de derechos humanos.
Tan sólo en el municipio de Allende, Coahuila, el presidente municipal comunicó a principios de este año la desaparición de 300 personas.
“Lo que tenemos que comenzar a hacer es entender la desaparición forzada como una táctica de las fuerzas de seguridad del Estado.
La desaparición forzada siempre va relacionada al Estado por acción u omisión”, explicó Rábago.
AL AUXILIO DE LINDA VISTA
En Linda Vista .
Foto: Especial Crisóforo García adelantó que la UPOEG evalúa el momento de acudir al llamado de auxilio que hizo el pueblo de Linda Vista en el municipio de San Miguel Totolapan, que se levantó en armas a principios de este mes en contra de los criminales.
“Es un territorio de alta peligrosidad y estamos evaluando cómo entrar.
Lo vamos hacer, lamentablemente ahí están como en Iguala”, dijo.
Leopoldo Soberanis Hernández, director de la Alianza de Derechos Humanos de Guerrero Unido, indicó la semana pasada que Linda Vista se ubica a seis horas de camino de tercería de Tecpan de Galeana, ubicado a 100 kilómetros de distancia de Acapulco y que la crisis de inseguridad que viven sus habitantes es terrible, pues desde hace ocho meses varias mujeres permanecen secuestradas por los criminales, en total impunidad.
“Ángel Aguirre me desmintió cuando denuncié aquella masacre [ocurrida en febrero, donde murieron ocho pobladores] y yo personalmente coloqué a 247 personas de Linda Vista en albergues de Tecpan, que salieron de su pueblo a raíz de aquel ataque.
Ellos están incomunicados en la sierra, ellos son los que me llaman cuando pueden, la última vez que me hablaron me dijeron: ‘vamos a tomar las armas para que en lugar de que nos maten indefensos, que nos maten armados y que nosotros, también podamos matar a un infeliz que venga a querer quitarnos el pan de nuestros hijos’, así lo expresaron cuando me hablaron”, afirmó el activista.
El activista denunció que el crimen organizado despojó a los habitantes de Linda Vista de sus tierras, secuestró familias enteras y desde hace ocho meses se llevó a varias mujeres de la comunidad, que no pudieron ser rescatadas.
El poblado está cercado, los caminos son vigilados por miembros del crimen organizado y por ello, los habitantes no pueden sembrar maíz ni frijol.
“Es un escenario de violaciones, asesinatos, la población está clamando ayuda porque está abandonada.
El gobierno no les lleva ni agua, los tiene a merced de los criminales.
Hace unos días me hablaron desesperados y me pidieron un teléfono de la Comisión Nacional de Derechos Humanos [CNDH]”, recordó.
Crisóforo García aseguró que la UPOEG está dispuesta a acudir al llamado de todos los pueblos de Guerrero que lo soliciten: “Vamos por Guerrero, vamos a limpiar y a proteger a Guerrero”, dijo.
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