¿La Procuraduría General de la República nos ha dicho toda la verdad sobre el crimen de Estado de Ayotzinapa? Las dudas sobre la versión oficial aumentan.

La torpeza con la que ha actuado el gobierno de Enrique Peña Nieto ha generado un montón de escenarios posible alrededor de las desapariciones forzadas de los normalistas.

Una hipótesis en particular, llama mucho la atención: la participación directa del Ejército mexicano en la detención y posterior desaparición de los estudiantes.

Como ustedes saben, el Ejército es la institución con mayor número de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones que van desde tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.

Aunque las estadísticas se han ocultado, la última cifra hablaba de 7 mil denuncias interpuestas ante el ombudsman nacional.

El número de recomendaciones, sin embargo, no se corresponde con el alto nivel de quejas. El año pasado, la CNDH solo emitió quince.

La mayoría de ellas, la Sedena se las pasó por el arco del triunfo, es decir, hizo caso omiso. En este país, los militares se han constituido como una casta de privilegiados por encima de la ley.

Tienen licencia para torturar, matar o desaparecer.

Lo han hecho en distintas etapas en México, aunque podríamos decir, a la luz de los hechos, que lo siguen haciendo. Históricamente, el Ejército mexicano ha sido un ejército represor, un ejército contra su pueblo. Solo basta recordar el récord de crímenes cometidos por los militares durante la llamada guerra sucia que se cobró más de 600 desaparecidos y otras decenas de muertos.

El Ejército fue pilar fundamental en la matanza de Tlatelolco. Fue un grupo paramilitar el llamado “Batallón Olimpia” el que dio la orden de empezar a disparar a los ciudadanos congregados en la plaza de las Tres Culturas aquel fatídico 2 de octubre de 1968. Prácticamente, el Ejército ha estado presente en las mayores tragedias de la historia de este país.

El recuento es interminable, pero recordemos los últimos crímenes de Estado: Acteal, Atenco, Aguas Blancas, Digna Ochoa, El Charco, Corpus Cristi, El Bosque… y recientemente Tlatlaya.

Hay que decirlo con todas sus letras: tenemos un Ejército represor, prepotente, impune, violador de derechos humanos, entrenado en acciones de contra insurgencia en la célebre Escuela de la Américas en Georgia, Estados Unidos, lugar donde se ha preparado a los ejércitos más delincuentes de América Latina.

Por tanto, no es de extrañar que, esta vez, el Ejército haya participado de manera directa en el crimen de Estado de Ayotzinapa.

Durante las primeras horas del asesinato y desaparición de estudiantes, se supo que por lo menos había tenido una actitud negligente, ya que los hechos ocurrieron a unos cuantos metros del lugar donde tienen su cuartel.

Luego, nos hemos ido enterando de las inconsistencias de la versión oficial y a veces de las francas mentiras que nos han dicho. Particularmente, en el caso del basurero de Cocula, las dudas oscurecen completamente la “verdad” del gobierno.

Y para refutar la versión del procurador Jesús Murillo Karam, cinco científicos de la UNAM y la UAM aseguran que la hipótesis de la PGR es “imposible” de probar científicamente, en concreto, porque la supuesta cremación de 43 cadáveres se tendría que haber hecho en hornos crematorios y no solo en un perímetro de ocho metros con leña y llantas: “Es imposible que hayan sido quemados en el basurero de Cocula, y la autoridad está en un serio problema porque si no se quemaron en Cocula, ¿quién los quemó y en dónde se quemaron?”, dijo el doctor Jorge Antonio Montemayor Aldrete, investigador titular del Instituto de Física de la UNAM. De manera detallada, los científicos van desmontando cada una de las supuestas verdades de la PGR.

Para empezar, señalan que se requieren 33 toneladas de tronos de árboles de cuatro pulgadas de diámetro y 995 llantas que contienen 2.5 toneladas de acero, para poder quemar 43 cuerpos y lograr que se reduzcan a cenizas, lo cual debió alcanzar entre mil 425 y mil 540 grados centígrados.

Los científicos hacen una serie de preguntas, imposibles de contestar por la autoridad, ya que con sus cuestionamientos, desmontan totalmente la versión oficial sobre los 43 normalistas.

En base a lo anterior, la pregunta surge de manera inmediata: ¿Cuál fue el destino de los 43 normalistas desaparecidos? Según testimonios de normalistas sobrevivientes como Omar García, el Ejército tardo dos horas en aparecer, después del ataque que sufrieron el 26 de septiembre.

Y finalmente cuando apareció, detuvieron a los jóvenes y los golpearon, en lugar de atender a los heridos. Más datos: el coronel encargado del 27 Batallón en Iguala se encontraba en la fiesta del Alcalde, mientras secuestraban a los jóvenes.

El terreno donde construyeron el centro comercial Tamarindos, propiedad de los Abarca fue donado nada menos que por la SEDENA, a través del  ex diputado del PRI Rubén Figueroa, el hijo del exgobernador, señalado por el crimen de Aguas Blancas.

Inicialmente, se pensó que se trató simplemente de una omisión del Ejército, es decir, la falta de auxilio a los normalistas detenidos, pero ahora cobra más fuerza la hipótesis de un plan nacional de criminalización de la protesta social y la eliminación de personas consideradas “enemigos políticos” o “subversivos” peligrosos para la estabilidad nacional.

Una de las hipótesis que circulan en redes sociales en base al testimonio de dos supuestos militares, concluye que los estudiantes siguen con vida y que fueron privados de su libertad por el Ejército, que los mantiene en un lugar secreto.

Es difícil de creer que el gobierno prefiera aceptar el costo de las desapariciones forzadas de estos 43 normalistas. Más bien, lo que muchos van confirmando, es precisamente la participación de los militares en esta supuesta estrategia de “exterminio”, al más puro estilo del PRI.

Será el tiempo, el que vaya desvelando los nombres, las instituciones y los gobiernos involucrados en este crimen de Estado. La matanza de Tlatelolco tardó 30 años en esclarecerse.

Entre todos, es necesario que construyamos la memoria de la ignominia a nombre del Estado. Es la única forma de no repetir como ahora, la historia negra de México.

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