Falta de reglas que obliguen a los funcionarios a hacer pública su declaración patrimonial, la ausencia de controles para las empresas que se relacionan con el gobierno, así como la necesidad de sanciones contundentes para quienes cometan faltas, son algunos de los "huecos" en la legislación sobre conflicto de interés que quedan en evidencia tras la polémica generada por las residencias de Angélica Rivera y Luis Videgaray, coinciden especialistas en transparencia y rendición de cuentas.

Expertos de Transparencia Mexicana (TM), de Fundar y de la organización civil Gestión Social y Cooperación (Gesoc) consideran que las autoridades federales no sólo deben aclarar estos casos de la primera dama y del titular de Hacienda, sino promover cambios legales para evitar que otros similares ocurran en el futuro.

La controversia comenzó el 9 de noviembre, cuando el portal Aristegui Noticias publicó que la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, compró una mansión a una compañía de Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa, quien obtuvo contratos de obra pública cuando Peña era gobernador del Estado de México (2005-2011) y actualmente compite en licitaciones federales.

Ante las exigencias para que esclareciera los hechos, Peña negó que hubiera un conflicto de interés en el caso, es decir, una situación en la que un funcionario puede obtener un beneficio privado de su cargo público. En tanto, Rivera dijo que adquirió el inmueble con el dinero que recibió de Televisa —donde trabajó como actriz durante 25 años— y prometió vender la vivienda.

La polémica sobre el tema recibió un nuevo impulso el pasado 11 de diciembre, cuando el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó que Videgaray, en octubre 2012, compró una casa a otra compañía de Grupo Higa. Al respecto, el funcionario rechazó irregularidades porque hizo la operación cuando no tenía ningún puesto y afirmó estar dispuesto a ser investigado.

A continuación te presentamos los puntos que los especialistas piden atender en esta materia.

1. Declaración patrimonial pública

Alejandro González Arreola, director de Gesoc, consideró que el primer "vacío" que debe subsanarse en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es establecer que los funcionarios estén obligados a publicar sus declaraciones patrimoniales.

La norma actualmente señala que deben entregar a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la información sobre su patrimonio y el de sus cónyuges, pero están en libertad de decidir qué partes de ésta se harán públicas y cuáles no.

En enero de 2013, por ejemplo, Peña presentó su declaración patrimonial y dio a conocer que tiene nueve propiedades —cuatro casas, cuatro terrenos y un departamento—. Sin embargo, el documento presentado entonces no detallaba el costo de los inmuebles ni su ubicación.

Fue hasta después de la polémica causada por la casa de la primera dama que el mandatario reveló el valor de su patrimonio, que asciende a 45.2 millones de pesos.

"(Se debe cambiar) el hecho de que sigamos teniendo una legislación que no obliga a las y los funcionarios a hacer pública su declaración patrimonial de manera íntegra, no un resumen de la misma, no elementos parciales, sino tal cual como fue depositada en la Secretaría de la Función Pública", dijo González Arreola a CNNMéxico.

Guillermo Ávila Reséndiz, investigador de Fundar, coincidió con este punto de vista, al señalar que la publicidad de estos datos favorecería la transparencia y ayudaría a la ciudadanía a vigilar el desempeño de los funcionarios.

Incluso, este año Ávila Reséndiz llevó el tema ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al promover un juicio de amparo para que el máximo tribunal ordenara hacer públicas estas declaraciones patrimoniales. Ávila Reséndiz argumentó que esto es parte del derecho a la información de los ciudadanos, pero la mayoría de los ministros se inclinó por proteger el derecho a la privacidad de los servidores públicos y respaldaron la ley vigente.

2. Definición clara sobre conflicto de interés

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, consideró que otro hueco en la legislación actual es que carece de una definición clara sobre qué es un conflicto de interés.

Hoy por hoy, la norma establece que esta situación se dará "cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión", según indica la fracción XII del artículo 8 de la citada ley.

Para Bohórquez, sin embargo, esta definición no permite identificar con claridad cuándo habrá conflictos de interés y, por ello, dificulta evitarlos.

El especialista incluso sugiere incluir en la ley la figura de declaración de intereses, es decir, un documento similar a la declaración patrimonial, en el que en vez de que un funcionario dé a conocer qué posesiones tiene, informe en qué empresas o sectores económicos invierte. A decir de Bohórquez, esto impediría que ese funcionario use su cargo para tomar decisiones que favorezcan sus negocios.

"La legislación mexicana está coja en términos de lo que se refiere a las declaraciones sobre potenciales conflictos de intereses", dijo.

Para Bohórquez, Chile es un ejemplo en América Latina, dado que tiene una ley con esta figura de declaración de intereses, con la que se evita que un funcionario tome decisiones en áreas en las que está involucrado.

3. Protocolos de actuación

Para González Arreola, además, no sólo debe definirse con claridad cuándo habrá un conflicto de interés, sino que es necesario establecer un protocolo de actuación para el funcionario que esté en riesgo de caer en él.

"La norma hoy no necesariamente establece las situaciones de conflicto de interés de manera muy clara, pero menos aún cuál es el protocolo de actuación que debe seguir un funcionario en esa situación", dijo.

Establecer esos procedimientos permitiría que un servidor público tuviera certeza sobre cómo reportar el caso y sobre qué hacer para actuar con ética y evitar incurrir en una falta administrativa mayor o un delito, agregó.

4. Reglas para los empresarios

Bohórquez considera que la legislación también debe comprender reglas para que los empresarios tengan una relación "honesta, abierta y transparente" con las autoridades.

"Hay que preguntarnos también si estamos como sociedad exigiéndole al sector privado políticas anticorrupción para cuando se relacionen con los servidores públicos", dijo.

Una opción sería prohibir en la legislación que un empresario compita por contratos públicos en una dependencia o en un área encabezada por un familiar directo.

González Arreola citó como ejemplo el caso de Reino Unido, donde se obliga a las empresas a publicar quiénes son sus accionistas. Para el experto, esto permite ubicar si hay funcionarios o legisladores con inversiones en una compañía y evitar que tomen decisiones encaminadas a favorcerla.

5. Sanciones

Para los especialistas, el último hueco que debe subsanarse en la legislación es el de las sanciones para quien incumpla la ley.

La legislación actual establece que el funcionario que no se excuse de participar en decisiones en las que tenga interés personal, familiar o de negocios, o que le puedan dar un beneficio económico a él o a sus familiares hasta en cuarto grado, o que reciba algún tipo de beneficio de actores por él regulados, incurrirá en una falta administrativa "grave" que al menos le valdrá ser destituido e inhabilitado para ejercer un cargo público hasta por 20 años.

Otras sanciones contempladas son las amonestaciones públicas o privadas —regaños— y las multas.

Al respecto, Bohórquez llamó a que se revise si estas medidas en verdad inhiben las violaciones a la ley, así como a que el Congreso haga los cambios necesarios para que así sea.

"Tenemos que legislar en esta materia porque ya es un tema recurrente. Legisladores, funcionarios del Ejecutivo... el propio sector privado tampoco tiene regulaciones claras. Es un vacío legal que se está convirtiendo en un problema recurrente para el país y que amplía la brecha de desconfianza en la clase política", concluyó.