Ciudad de México(SinEmbargo).– El año que termina está marcado por el retroceso en materia de derechos humanos y libertades individuales, coincidieron organizaciones civiles.

Los “excesos del Estado” en los crímenes de Tlatlaya y de Ayotzinapa, aunado al endurecimiento de la represión contra todo aquel que protesta y exige justicia, hicieron que este año las instituciones mostraran su peor rostro, lo que deja “mal sabor de boca” en los activistas y escasas esperanzas de un cambio para 2015.

“Este año se define por una crisis en derechos humanos. Los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa evidenciaron que en México no se estaba tomando en serio el tema. Para nosotros el 2014 se caracteriza por el quiebre de la imagen del gobierno federal, que se había construido años atrás”, dijo Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Aguirre explicó que en 2012 y 2013 se presentaron casos graves en la materia, pero el gobierno federal pudo sortear y construirse una imagen a nivel internacional de progreso, sobre todo por las reformas estructurales del Presidente Enrique Peña Nieto.

Pero los casos graves de impunidad y extrema violencia en contra de los ciudadanos evidenciaron una profunda crisis y derribó la “máscara” de un gobierno que trataba de ocultar a sus muertos y desaparecidos, expuso Santiago.

“Se aprobó una Ley de Víctimas y se sentaron algunos pasos para crear la Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas, pero lo real es que estas medidas resultaban limitadas frente a la profunda crisis de desaparecidos que no era aquilatada por el gobierno federal”, planteó el activista.

En este año que se va, la tragedia de Iguala y las fosas que no dejan de aparecer con restos humanos son evidencia, según los defensores de derechos humanos consultados, que los desaparecidos no eran buscados.

Santiago Aguirre explicó que existe preocupación por tres puntos: “El primero, que la desaparición no tiene atención integral en el decálogo anunciado por el Presidente, sigue siendo una tarea pendiente. Dos, 2014 se caracterizó también por una endurecimiento frente a las expresiones de protesta social.

Tres, en 2015 será el primer año de implementación de la Reforma Energética y un esquema que no respeta el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y campesinos”.

El defensor adelantó que se multiplicarán los casos de saqueo como el de la Tribu Yaqui en Sonora. Rodolfo Domínguez, director de la organización Justicia, Derechos Humanos y Género, y colaborador del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, coincidió con Aguirre y dijo que hay preocupación por 2015. “El 2014 es un retroceso terrible.

Muchos logros que habíamos tenido como sociedad, derechos que habíamos alcanzado se vinieron a diluir, como la protesta social.

La desaparición de personas es un infierno en este país, hay incertidumbre y no existe un mecanismo que garantice la seguridad de las personas. No hay forma de no decirlo: ha sido un año de tristeza. Uno se va con un corazón desolado y con la angustia de que 2015, no pinta mejor”, expuso.

Para la organización Greenpeace, el 2014 fue un año más de una política de la administración de Enrique Peña Nieto marcada por violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los mexicanos, acompañada de impunidad, corrupción y una estrategia de represión contra el movimiento social organizado.

“Pese a que Enrique Peña Nieto afirmó tener el compromiso de cumplir con las modificaciones constitucionales, realizadas en 2010, que fortalecerían los derechos Humanos en México, la realidad ha sido otra.

Desde su primer día de gobierno se coartó el derecho a la protesta y la libertad de expresión, configurando un escenario peligroso de retroceso en las libertades democráticas: represión desproporcionada de los manifestantes”, expuso la organización a través de un comunicado.

Greenpeace recordó que en agosto de 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que 22 mil 322 personas se encontraban en estatus de “no localizadas”, de las cuales 9 mil 790 fueron reportadas en el gobierno actual.

“En cifras reales, el gobierno de Peña ha tenido pocos avances en el juzgamiento de numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetradas por soldados y policías en el marco de acciones contra la delincuencia organizada, como una práctica habitual para obtener información y confesiones bajo coacción”, agregó.

EL NUEVO OMBUDSMAN DE LA CNDH Santiago Aguirre, del Centro Prodh, mencionó que uno de los aciertos rescatables de 2014, fue la elección del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez. “Desde la perspectiva del Prodh hay cosas que hay que reivindicar como el cambio en el la CNDH.

Algo que los organismos habíamos dicho que era el lamentable por el papel que jugaba la Comisión controlada por [José Luis] Soberanes y luego por [Raúl] Plascencia Villanueva. Este último salió de su mandato sin que ninguna voz defendiera su legado. Hay un clamor de renovación en la Comisión y creemos que es importante tener a un Ombudsman incómodo para el poder”, dijo.

El defensor se refirió también a la puesta en libertad de las dos mujeres del caso Tlatlaya, cuando el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México suspendió la causa penal en contra de las civiles que fueron testigos de los hechos de junio. “Esto habla de que las autoridades reconocen que cuando no hay pruebas suficientes, tiene que retirar los cargos. Esto no ocurriría en el sexenio pasado.

Pero no quiere decir que todo esté resuelto”, concluyó. NIÑOS, LAS VÍCTIMAS PRINCIPALES Y si los abusos contra los jóvenes y adultos en México han escandalizado al mundo, los activistas han puesto otro reto al Estado: hablar en serio y con cifras en la mano sobre otro indicador vergonzoso y que incide en infantes y adolescentes, pues éstos constituyen el grueso de las cifras de desaparecidos.

Sin embargo, no existen investigaciones sobre su paradero, ni protocolos para evitar que sean las víctimas más vulnerables del país, denunciaron directivos de distintas organizaciones. Del total Registro Nacional de Desaparecidos 2013, un 59 por ciento son niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años de edad, dijo Luis Alberto Barquera Medina, de Odisea A.C. “En una búsqueda que realizamos dimos con que 15 mi 719 de los desaparecidos en 2013 fueron niños; es decir, seis de cada 10 desaparecidos.

Pero no hay información de cómo fueron secuestrados, necesitamos mucha información adicional para llegar a las medidas que se deben tomar y ver dónde están esos niños”, comentó el activista a SinEmbargo.

Hace unas semanas, la televisión France 24 publicó un reportaje donde denunció que dos meses antes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala; en Cocula, Guerrero fueron secuestrados 31 adolescentes y niños de ese municipio. “Hombres con el rostro cubierto se llevaron el pasado 7 de julio de este año, a plena luz del día, a 31 adolescentes, niños y niñas de Cocula en supuestos vehículos oficiales y hasta la fecha sus familiares no saben nada de ellos”, aseguró una supuesta testigo del secuestro a la cadena de televisión.

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) informó inmediatamente después que no existe ninguna denuncia, ni reporte de las autoridades de educación, sobre una supuesta desaparición de 31 alumnos de una escuela de educación secundaria en el municipio de Cocula, Guerrero, pero el el Gobernador de Guerrero Rogelio Ortega admitió que en julio de 2013 desaparecieron 30 jóvenes en esa localidad y el Presidente Municipal, César Miguel Peñaloza Santana, reconoció que ese mes fueron secuestradas 17 personas, entre ellas tres mujeres y dos estudiantes de bachillerato, en la cabecera y comunidades. información, las organizaciones no dudan que el secuestro de esos niños sea verdad y argumentan que el miedo a la denuncia es un fenómeno que se da en México con frecuencia.

“La gente no denuncia por miedo, es un fenómeno que estamos viendo, donde finalmente hay intereses de diferentes órdenes de poder lícito o ilícito y la gente no denuncia por miedo.

Aquí lo grave es que no ha quedado claro qué pasó y en general hacen falta protocolos de investigación para los casos de niños desaparecidos.

El reto es que las instancias gubernamentales se vinculen y hagan una estadística.

En México no se sabe quién se lleva y para qué a los niños”, dijo Mayra Rojas, directora de Infancia Común. Barquera Medina, de Odisea AC, agregó que los menores en el país son secuestrados para trata, explotación sexual, para usarlos de halcones o de sicarios y para esclavitud.

“Si a todos les va mal en México, a los niños les va peor”, afirmó. Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), coincidió con Barquera y añadió que –de acuerdo a un estudio que la organización que dirige realizó en 2010– los menores son secuestrados no sólo por el crimen organizado, sino también por el Ejército.

“Hay una participación fuerte de grupos criminales y del Ejército mexicano en la incorporación de adolescentes en la lucha contra el crimen organizado, no sólo es el crimen, sino las autoridades, del Estado”, dijo. Y TAMBIÉN VAN CONTRA ACTIVISTAS El informe La defensa de los derechos humanos en México: una lucha contra la impunidad.

Junio de 2013 a mayo de 2014 denuncia hostigamientos, amenazas, agresiones físicas, allanamientos y criminalización del trabajo de defensa de los derechos humanos.

Al menos otros 29 defensores han sido agredidos desde entonces, de acuerdo con los casos documentados por Amnistía Internacional, Frontline Defenders, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todas y Todos (Red TDT), así como con base en una revisión hemerográfica. De ellos, cuatro han sido asesinados.

Se trata de una cifra alta si se considera que entre 2011 y 2013 se cometieron al menos 409 agresiones contra defensores de derechos humanos en México, de acuerdo con un informe de la Red TDT, con base en su propio monitoreo.

Los datos recabados exponen que en tres años ocurrieron al menos 104 casos (que pueden involucrar más de una agresión), en contra de 115 defensores, 56 defensoras y 37 colectivos.

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