El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, advirtió que las autoridades “no podrán dar por concluido” el caso Ayotzinapa hasta que todos los responsables sean juzgados y se aclare el destino de los estudiantes desaparecidos.

Dijo que los hechos en Iguala “son el ejemplo más significativo de la infiltración del crimen organizado en algunas estructuras del Estado, de la displicencia y omisiones: Hay que desmontar ese entramado perverso de complicidades y colusiones cuyo trasfondo no es otro que la corrupción”, exigió.

Al rendir el informe de actividades del organismo a su cargo para el ejercicio 2014, en el seno de la Comisión Permanente, el ombudsman nacional advirtió que “nadie debe caer en la tentación de la violencia”.

“El diálogo, el entendimiento y el respeto a la ley deben prevalecer como las vías para la solución de los conflictos. México no puede renunciar a su convicción democrática ni violentar su Estado de derecho”, subrayó.

Agregó que “entender la complejidad del enojo colectivo y el riesgo de la erosión de la legitimidad de estructuras estatales obliga a un cambio de actitud, de estrategia y de discurso”.

Sostuvo que no hay manera de recuperar la aparente normalidad que tenía el país antes de los hechos de Iguala, “porque era anómala, estaba asentada en la simulación, la ausencia de información pertinente, la desidia, la indolencia y la falta de responsabilidad pública de quienes propiciaron ese estado de cosas”.

Señaló que las manifestaciones de apoyo y solidaridad a las víctimas que se han generado “son una expresión de hartazgo ante la impunidad, de indignación por la complicidad entre autoridades y delincuentes, y de inconformidad ante los abusos de poder y la falta de respuesta de las autoridades a las demandas por un país más justo e incluyente”.