Por Shaila Rosagel 

Ciudad de México, 12 de mayo (SinEmbargo).– Si el boicot propuesto como una acción global por los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, Baja California, a organizaciones campesinas de Estados Unidos y Canadá da resultado, los productores de la región perderán alrededor de mil millones de dólares anuales, advirtió Víctor Suárez Carrera, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).

“Esto no significa nada, comparado con las pérdidas de vida por enfermedades, de dignidad, salud y derechos de los jornales que han sido de muchos miles de millones de dólares en todos estos años que lleva el Tratado de Libre Comercio [TLCAN]”, expuso.

Las ganancias anuales de los productores de agroalimentos en México son extraordinarias, gracias a que los empleadores y dueños de los campos agrícolas se ahorran en salarios justos y prestaciones de ley a los trabajadores. Es decir, el pago del jornal y las condiciones en las que viven los jornaleros, es similar al trabajo de “esclavo”, denunció.

“En el Valle de San Quintín se ha generado un vacío del poder, porque el Estado mexicano se ha ausentado ausente y es cómplice de las grandes empresas. No hay cumplimientos de las leyes laborales, no se pagan salarios dignos, no hay condiciones higiénicas de trabajo. La Secretaría de Salud y la Cofepris [Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios] han permitido la utilización de pesticidas que están prohibidos en otras partes del mundo y que representan un peligro para los trabajadores”, explicó.

Las ganancias libres de costos de producción en la exportación de agroalimentos, principalmente a Estados Unidos y Canadá, ascienden a 500 millones de dólares al año en el Valle de San Quintín, precisó.

Estas ganancias son posibles gracias a que la mayoría de los campos agrícolas en San Quintín son empresas extranjeras o compañías locales que perecen a funcionarios y ex funcionarios del gobierno de Baja California.

“También son empresas de productores de Sinaloa y de Jalisco, que han encontrado en San Quintín condiciones de generar ganancias extraordinarias”, afirmó.

El sábado, la policía estatal de Baja California ingresó a la colonia Nuevo San Juan Copala en la delegación Vicente Guerrero y golpeó a jornaleros agrícolas de San Quintín, dejando como saldo al menos 70 pesonas heridas, varias con lesiones graves.

Los habitantes señalan que la policía irrumpió en las casas y arremetieron en contra de mujeres, menores de edad y ancianos.

De acuerdo con los testimonios difundidos, los jornaleros recibieron disparos con balas de goma, y acusaron al Gobernador Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid de enviar a los policías a agredirlos.

Ayer, durante una manifestación en la Ciudad de México, trabajadores sindicalizados y ciudadanos exigieron la destitución de Vega de Lamadrid como Gobernador de Baja California y exigieron una explicación sobre el ataque a los trabajadores.

Los ciudadanos y trabajadores se manifestaron afuera de la representación del gobierno del estado de Baja California en la Ciudad de México para exigir un alto a las arbitrariedades policiacas y a la represión ejercida por el Gobernador panista.

Vía telefónica Fidel Sánchez, vocero de los trabajadores de San Quintín expreso que el sentir de los jornaleros es exigir la renuncia de “Kiko” Vega.

“Francisco ‘Kiko’ Vega ya no merece ser Gobernador de Baja California. Los bajacalifornianos hoy estamos aquí no necesitamos un Gobernador-represor. Necesitamos personas que demuestren la voluntad de trabajar y de darle solución a los problemas de los bajacalifornianos”.

Hace unos días Fidel Sánchez Gabriel, vocero oficial de la Alianza Nacional de Organizaciones por la Justicia Social del Valle de San Quintín en entrevista conSinEmbargo, manifestó que los empresarios del lugar cuentan con varias avionetas de 2 millones de dólares y se niegan, por “orgullo”, a aceptar pagarles 200 pesos el día a los jornaleros, acusó

El vocero se refirió particularmente a los hermanos Antonio y Rafael Rodríguez Hernández, dueños del rancho Los Pinos, uno de los más grandes de la región.

“Es por orgullo que no quieren aceptar nuestra petición. Sabemos que aquí hay algunos empresarios que han comprado aviones que cuestan dos millones de dólares. Uno de ellos es Antonio Rodríguez dueño de Los Pinos, él tiene dos aviones y sus hermanos también. Sin han podido comprar eso, ¿por qué no pueden dar el incremento salarial?”, dijo Fidel Sánchez.

Antonio Rodríguez, además de ser un empresario exportador de Baja California, es ex Diputado local y ex Secretario de Fomento Agrario de Baja California con el panista José Guadalupe Osuna Millán. En 2013 el Presidente Enrique Peña Nieto otorgó el Premio Nacional a la Exportación a la familia Rodríguez.

El vocero de los jornaleros también ha denunciado que los productores poseen yates y vehículos de lujo.

Víctor Suárez aseguró que esos empresarios obtienen sus ganancias extraordinarias amparados en sus influencias y asegurando que el “trabajo esclavo” continuará sin que ninguna autoridad haga algo al respecto.

Esto sólo sucede en México, indicó. En Estados Unidos y Canadá se pagan salarios justos, como 10 dólares la hora trabajada [unos 153 pesos], se cumplen las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo.

“No se pueden utilizar pesticidas que hagan daño a la salud de los trabajadores. Se cumplen leyes ambientales para no contaminar el suelo ni los mantos freáticos. Esto les hace que tenga una ganancia razonable, pero no extraordinaria como sucede en México”, detalló.

El martes pasado organizaciones campesinas de México, Estados Unidos y países de Europa iniciaron la Acción Global por San Quintín, que busca hermanar las causas de los jornaleros además de “luchar” por que se garantice un trabajo digno y mejores condiciones de vida.

Fidel Sánchez Gabriel dijo que si no se llega a un acuerdo con el gobierno y la industria, se llevará a cabo un boicot global el cual estará apoyado por organizaciones como la de César Chávez y por otros sindicatos en Washington y Florida.

El llamado es a que ningún comprador de Estados Unidos y Canadá compre a los productores de San Quintín y a que ninguna persona de esos países, consuma agroalimentos que provengan de Baja California.

Con este boicot, los jornaleros pretenden lograr que se les pague un jornal de 200 pesos al día, 30 pesos por cubeta de fresa y un contrato colectivo.

Los agricultores se niegan a darles seguro social, pago de aguinaldos, vacaciones, días festivos, prima vacacional y reparto de utilidades por separado del monto que perciben diario.

De acuerdo con Víctor Suárez el boicot tiene probabilidades de ser efectivo, debido a que se probó en luchas anteriores.

“Es la única forma de que los empresarios y el gobierno entiendan que deben respetar los derechos laborales. Está la lucha histórica de César Chávez en California, la de Florida en los campos de tomate. En México tenemos que encausar procesos de boicot en los consumidores extranjeros, para que presionen a los productores mexicanos”, dijo.

Los jornaleros de San Quintín, expuso, cuentan con el apoyo del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, con presencia en zonas de producción agrícola en México, cuyo destino es Estados Unidos.

“Los jornaleros mantienen una valiente lucha por mejorar sus condiciones de vida. Son un ejemplo para el resto del país”, dijo.