Los derechos humanos y laborales de los jornaleros agrícolas han sido ignorados por mucho tiempo, tanto en la sociedad como en el marco jurídico mexicano. Su mano de obra está presente en al menos 19 estados de la República y en todos ellos se presentan casos de abuso y explotación.

Así lo señaló la diputada del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar Gil, al exhortar al Ejecutivo federal para que, a través de diversas dependencias, se evalúen y diseñen acciones y políticas que permitan impulsar sus derechos laborales en todo el país, a través de la formalización del sector y su integración a la seguridad social, para garantizar un salario justo y un trabajo digno, de acceso a una vivienda cómoda e higiénica y pertenecer a una agrupación sindical.

La legisladora, quien presentó el punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, refirió que en México hay entre un millón 484 mil 638 y dos millones 40 mil 414 jornaleros agrícolas, y alrededor del 87.6 por ciento son hombres; el 68.8 por ciento presenta pobreza patrimonial; la mayor parte de ellos no finaliza la primaria; menos del 10 por ciento de los niños y niñas de familias de jornaleros asiste a la escuela, y 40 por ciento son indígenas.

Estos trabajadores son, por lo general, migrantes internos, provenientes de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, es decir, de los estados que presentan mayor pobreza en el país, por lo que no tienen acceso a redes sociales estructuradas a las que puedan recurrir en caso de sufrir un abuso, afirmó la diputada.

Aunado a ello, la secretaria de la Comisión de Economía señaló que el 80 por ciento de los trabajadores agrícolas no cuenta con prestaciones laborales y sociales, por lo que no pueden acudir al médico en caso de enfermedades o accidentes, situaciones que suceden con frecuencia “dados los riesgos y productos tóxicos a los que se encuentran expuestos”.

Aguilar Gil sostuvo que la situación de vulnerabilidad y discriminación de la que son objeto les impide gozar de un trabajo digno, derecho consagrado en la Constitución Política, pues los patrones no respetan su dignidad humana, y no les reconocen su utilidad social y tampoco se les garantiza su acceso a la seguridad social o a un salario digno.