CHIHUAHUA, Chih. La organización Gran Consejo Supremo de la Sierra Tarahumara falsificó la firma del gobernador indígena de la comunidad de Repechique del municipio de Bocoyna, Nicolás Sánchez Torres, ante el Juzgado Octavo de Distrito, para hacerle creer al juez que estaban de acuerdo con la construcción del aeropuerto en Creel.

El pasado 12 de mayo, el juez federal Ignacio Cuenca Zamora recibió el oficio en el que supuestamente Nicolás Sánchez y otros gobernadores de Santa Elena, San Ignacio de Arareco y San Elías, le informan que fueron consultados por el gobierno estatal para que continúe la construcción de dicho aeropuerto.

Y el pasado 24 de mayo, la comunidad de San Elías Repechique reunió a las comunidades aledañas para aclarar malos entendidos y compartir las problemáticas que tiene cada una. Ahí evidenciaron que quien ha usado a las comunidades para beneficiar al gobierno es Enoel Carrasco Jordán, secretario de organización y desarrollo del Gran Consejo Supremo.

El oficio en el que falsificaron la firma dice: “Estamos de acuerdo que se termine de construir el aeropuerto por el beneficio que viene para la región pero que se incluya a la comunidad en las decisiones para proyectos turísticos porque necesitamos trabajos para la comunidad”. Luego se deslindan de Repechique, comunidad a la que en el documento le llaman río Oteros para generar más confusión.

Sin embargo, Nicolás Sánchez no tiene firma y su huella digital está documentada ante el juez porque es parte de la comunidad de Bosques San Elías Repechique, que el año pasado ganó el amparo en contra de la construcción del aeropuerto. Ahora las autoridades están obligadas a llegar a un acuerdo para que la obra pueda abrirse, ya que los pobladores no fueron consultados.

Los habitantes de Repechique les dijeron a las autoridades que para llegar a acuerdos primero tienen que reconocerlos como dueños de sus tierras.

En los hechos y a pesar del amparo ganado, han continuado con las obras en Creel.

En ese contexto, el secretario de organización y desarrollo del Gran Consejo Supermo, Enoel Carrasco Jordán, ha organizado manifestaciones, incluso en el Senado, contra organizaciones que asesoran legalmente a la comunidad y contra el legislador Javier Corral, que los apoyó en su demanda.

En la reunión que sostuvieron para aclarar la situación, Enoel Carrasco negó la falsificación de la firma, pero le demostraron con el papel en mano, que es cierto y le anunciaron que llevarían el asunto ante un abogado.

Enoel justificó: “Fuimos (al juzgado) a aclarar irregularidades y evitar problemas con Repechique, que reconozca la situación de todas las comunidades que han manifestado las irregularidades en ese juicio de amparo, porque ese juez no sabe ni lo que estaba resolviendo, porque ganaron el amparo cuando no está reconocida la comunidad”.

El profesor de la comunidad de Santa Elena, Saúl Salazar, quien acudió con el comisariado del poblado, Jesús Batista, arremetió contra Enoel y le pidió que le mostrara documentos que evidencien que está ayudando a la comunidad con las demandas que le han presentado, porque confiaron en él y no han visto resultados.

Al contrario, a ellos les han arrebatado un albergue que construyó la comunidad, así como aulas de los niños, para favorecer a una persona de origen estadunidense, dicen.

Cuatro días después de la reunión y la denuncia de la firma falsificada, Enoel Carrasco Jordán llevó otro documento al juzgado el 28 de mayo de 2015, firmado por él mismo y acompañado del sello del Consejo Supremo, para indicarle al juez que en el escrito anterior se había incluido el nombre del gobernador indígena Nicolás Sánchez, porque él le había dicho que estaba de acuerdo, pero que no firmó en ese momento porque estaba amenazado.