Hace algunos meses la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) negó la tortura generalizada en nuestro país, cuando su titular, José Antonio Meade, acusó a Juan Méndez, relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de tortura, de “actuar de manera irresponsable, poco ética y sin sustento”, y decidió que era mejor ya no trabajar con él “por algún tiempo”, además de haber señalado su “decepción, inconformidad y total desacuerdo” con la aseveración contenida en el informe del relator.

Podemos ver ahora que estas declaraciones no sólo tuvieron consecuencias sobre las relaciones diplomáticas de México con la ONU, sino que inevitablemente avalaron la impunidad minimizando la responsabilidad de las autoridades que recurren a prácticas de tortura.

El relator Juan Méndez cumplió responsablemente con su encargo, si partimos de que las funciones de los relatores fueron establecidas en la Resolución 2000/86 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde se subraya la importancia de la imparcialidad, objetividad e independencia de estos procedimientos, así como la necesidad de prestar la debida atención a las violaciones de derechos humanos; y se pide puntualmente a los relatores que incluyan en sus informes la información facilitada por los gobiernos sobre medidas de seguimiento, así como sus propias observaciones al respecto. Pero a pesar de que dicha resolución establece la obligación de todos los gobiernos de no someter a las personas, organizaciones o grupos de personas que participen en estos procedimientos a un trato desfavorable a raíz de su actuación, para el gobierno mexicano era prioritario tapar el sol con un dedo, insistir en que la tortura no era una práctica cotidiana ni general.

Una de las tantísimas historias que revela la impunidad reforzada con las declaraciones de la SRE se materializa perfectamente con el hecho de que el capitán Arturo Olivares Mediola, quien ha sido acusado de practicar tortura en Quintana Roo, haya sido nombrado Subsecretario de Seguridad Pública por el gobernador priísta, Roberto Borge Angulo. Entre las denuncias que ha enfrentado Angulo sin que se haya hecho justicia, está el dramático caso de Héctor Cacique, quien fuera instructor policial y cuyo mayor error fue aceptar un trato con Olivares Mendiola, quien le pidió 150 mil pesos para darle una plaza formal en la policía municipal de Benito Juárez, misma que nunca entregó.

La familia de Héctor Cacique asegura que su detención fue resultado del reclamo que Cacique hizo a Olivares Mendiola cuando éste era jefe de la policía municipal. Las repercusiones del reclamo no fueron menores, lo detuvieron asegurando que era parte del crimen organizado; le apodaron El Diablo y durante los últimos años de su estancia en el penal ha perdido un ojo, un oído, tiene marcas de fuerte violencia y ha sido abusado sexualmente.

El nombramiento de Higinio Sánchez como director del Centro de Reclusión Social de Chetumal se suma al de Olivares Mendiola, ambos señalados como responsables de torturar a Héctor Cacique.

Pensar que la seguridad de la población de Quintana Roo y de miles de turistas que visitan su territorio está en manos de dos funcionarios acusados de tortura a este nivel es aterrador. Yaskade Fernández, la madre del ex policía torturado ha solicitado la intervención inmediata de la porcuradora General de la República, Arely Gómez. ¿Estará dispuesta la procuradora a revertir, al menos en este caso, la impunidad reforzada con la evasión del gobierno federal sobre la situación de tortura generalizada en México?