Ciudad de México, (SinEmbargo).- El ingreso corriente promedio de los hogares mexicanos en 19 de las 32 entidades federativas se ubica por debajo de la media nacional, que es de 39 mil 914 pesos trimestrales, además, 83.3 millones de mexicanos viven por debajo del promedio de ingreso nacional; Chiapas es la entidad con el menor nivel, reveló un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados.

En el censo más reciente, levantado en 2010 por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), la población registrada en México fue de 112 millones 336 mil 538 personas. Sin embargo, en las proyecciones para 2015 del Consejo Nacional de Población (Conapo), México tiene 121 millones de habitantes, lo que lo coloca como el onceavo país a nivel mundial con mayor población, según los datos de 2013 del Banco Mundial (BM).

El estudio que ofrece elementos de análisis sobre la situación de la distribución del ingreso y gasto de los hogares, y de algunos indicadores de la pobreza en México, así como del gasto público en desarrollo social, señala también que de 2008 a 2014, la distribución del ingreso ha mejorado aunque de manera insatisfactoria [según el índice de Gini, que mide los niveles de desigualdad en el ingreso], detalla en el documento titulado “La Pobreza y el Gasto Social en México”.

El CEFP indica también que el comportamiento de la pobreza y la desigualdad en México han estado asociados, al parecer, a procesos de la reforma de los ochentas y a choques externos específicos, entre otros.

Dice, además, que los estados con mayor incidencia de “pobres moderados y extremos” se concentran en el sur y sureste. Refiere que se ha dado una “polarización de las regiones económicas del país”, en donde Oaxaca, Guerrero y Chiapas son los estados con los menores niveles de desarrollo humano y los más altos de marginación.

El CEFP indica también que la reducción en el ingreso per cápita incide en la ampliación de la brecha de desigualdad en el ingreso. Esto contribuye a retrocesos en los avances logrados. El estudio menciona por ello la necesidad de revisar la efectividad y eficacia de los programas dirigidos a la atención y superación de la pobreza.

El Centro dependiente de la Cámara de Diputados indica que entre los componentes que integran el ingreso corriente, el de trabajo remunerado es el más importante. Sin embargo, en los dos deciles más bajos este tipo de incorporación oscila entre el 34.6 y 48.7 por ciento, por lo que reciben una mayor proporción de ingresos vía transferencias que el resto de los deciles.

El Centro argumentó que la población con menores recursos monetarios destina un mayor porcentaje de su ingreso a la compra de alimentos (los primeros seis deciles destinan entre el 40 y 51 por ciento), y presentan la mayor cantidad de carencias y son los más vulnerables por ingresos.

El CEFP indicó que el gasto en protección social se ha incrementado en detrimento de la proporción de recursos que la función de desarrollo social al gasto destina en salud y educación. Mencionó que, a pesar de que el gasto social se ha incrementado a lo largo de dos décadas, los resultados en el combate a la pobreza han sido limitados, pues el número de mexicanos considerados en situación de pobreza (extrema y moderada, según el CONEVAL) pasó del 45.5 por ciento del total de la población en 2012, al 46.2 por ciento en 2014.

De igual modo, el CEFP puntualizó que, considerando el Índice de Marginación, existe, en general, equidad en el manejo de los recursos destinados al Ramo 33. Esto es, que se dirigen mayores fondos a las entidades con mayor pobreza.

Además, fórmulas como Oportunidades, Adultos Mayores, Programa Alimentario (PAL) y Empleo Temporal (PET) son progresivos, lo que implica que se encuentran focalizados a beneficiar a los deciles de menor ingreso. Por el contrario, otros programas como Subsidio a Gasolina y Jubilaciones y Pensiones son regresivos, lo que significa que se encuentran focalizados a beneficiar a los deciles de mayor ingreso.

En el documento, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas relató que la política social en México se ha enfocado en realizar acciones que buscan mejorar el nivel de calidad de vida de las personas, sobretodo de los grupos en situación vulnerable, tales como la población indígena, adultos mayores y niños.

La elaboración de las diversas estrategias y programas para hacer frente a la desigualdad y pobreza han tenido, a lo largo de la historia, distintos enfoques y alcances de acuerdo a la orientación particular que cada administración pública le ha dado.

Indicó que, de acuerdo con el Informe de Desarrollo 2014 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Índice de Desarrollo Humano (IDH) para México en 2013 fue de 0.756, ubicándose en la posición 71 de 156 países.

Este resultado lo coloca por arriba de la media regional en América Latina y el Caribe (0.740) y del dato obtenido en 1990 (0.647), aunque con una evolución más modesta de lo esperado.

Sin embargo, destacó que a pesar de la mejora en diversos indicadores asociados a la medición de pobreza y bienestar de la población como esperanza de vida, escolaridad y vivienda, entre otras, la población considerada en situación de pobreza se ha incrementado.

Con base en información del CONEVAL, la población en situación de pobreza representó el 45.5 por ciento de la total en 2012 y el 46.2 por ciento en 2014; por ello, indicó, es necesario realizar una revisión en la efectividad y eficacia de los programas dirigidos a la atención y superación de la pobreza.

Subrayó que el gasto social tuvo un mayor impulso entre 1993 y 2001. Posteriormente, ha representado en promedio cerca el 58 por ciento del total programable. En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, representa 61.8 por ciento respecto al gasto total programable, pese a su reducción, indica el CEFP.

Además, si bien el gasto en programas de desarrollo social ha aumentado nominalmente en todos sus rubros, en proporción se observa que el gasto en protección social se ha ido incrementando en detrimento en la proporción del gasto en salud y educación.