De un domicilio discreto, en Patriotrismo, con uno de los despachos que alberga en renta, emanó el diagnóstico, contratado por un millón 589 mil  200 de pesos, para que el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) estime los sueldos y prestaciones que deben recibir los policías del país.

Se trata de la empresa SIAT Ingeniería de Negocios SC, instancia que por adjudicación directa recibió el contrato SESSNSP-075-2015, para realizar los “Diagnósticos de Sueldos y Catálogo de Prestaciones para Policías y Propuesta de Salario Mínimo y Prestaciones” en dos meses de trabajo a cambio de la cantidad citada.

El contrato y sus resultados, como empieza a ser costumbre en el SNSP, no podrán conocerse sino hasta dentro de 12 años.

En torno a esto, Miroslava Ortiz, de la organización civil Causa en Común, comenta a pregunta expresa de Crónica que sería saludable conocer los criterios que llevaron a seleccionar a esta empresa para realizar un diagnóstico clave, acordado en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

El domicilio discreto de SIAT se acompaña por un historial no muy ligado a seguridad pública (su web difunde como casos de éxito empresarial un sistema automatizado de acceso a estacionamientos públicos con cobro, una web de visualización de proyectos de Sagarpa y otra de administración de calendarios y otros desarrollos informáticos).

El argumento del Secretariado Ejecutivo del SNSP, la oficina que contrató y pagó a SIAT, es que existe un probable daño a la seguridad pública “al instante en que se da a conocer los salarios policiales, así como sus prestaciones básicas, revelando información específica de los elementos”. A juicio del Secretariado, esta información podría ser consultada por integrantes de la delincuencia organizada, lo que podría “incidir en un incremento de sus actividades contra los elementos policiacos” y también se pondría en riesgo la honorabilidad y ética de los elementos policiales quienes podrían ser susceptibles a actos de corrupción, dados los bajos salarios de ciertas corporaciones”.

Es decir, el riesgo es que se conozca cuánto gana un policía, no que gane poco.

En la que toca a la propuesta de SIAT sobre montos de salario mínimo policial y prestaciones también terminará en la opacidad, ésta se declaró no pública bajo los mismos argumentos.

Las solicitudes de entrevistas para comentar diversos casos de contratos cuyos resultados no se han dado a conocer, fueron tramitadas por Crónica ante Gobernación ya que esta secretaría se encarga de la comunicación social del Secretariado Ejecutivo del SNSP Desde el 22 de febrero, con reiteraciones en diversos días, se ha intentado obtener un posicionamiento de la autoridad competente. A la fecha no hay respuesta positiva.

De igual forma, Crónica solicitó una entrevista con los directivos de SIAT para conocer su experiencia en torno a temas de seguridad pública o bien otros rubros de administración de recursos humanos en general. Tampoco ha habido respuesta.

SUELDOS TRANSPARENTES. Algo curioso en torno a este tema es que en realidad buena parte de los tabuladores salariales policiales son públicos.

Aún más, organizaciones civiles como Causa en Común están realizando diagnósticos sobre salarios y prestaciones en forma abierta, señalando incluso qué estados del país pagan menos (con pesos y centavos) a sus policías.

Miroslava Ortiz, directora de Programas de Causa en Común, señala que la experiencia de esta organización recolectando información en todos los estados ha corrido con “mucha fortuna, ya que el acceso a la información respecto a los salarios ha sido ágil; nosotros hacemos entrevistas a las áreas de recursos humanos, donde deben tener los datos con mayor certeza”.

“Cuando entrevistamos a los policías, lo que ellos nos dicen no forzosamente coincide con lo que nos dijo recursos humanos, hay variaciones”, añade, y comenta que también está el problema de saber si se trata de salarios base o si éstos están sumando diversas bonificaciones: “cuando algún policía está fuera (de servicio) por cuestiones médicas, lo que se le paga es el salario base, sin bonificaciones, por lo que hay una reducción considerable”.

—¿Qué tanto están centrando el análisis en el salario base?

—Cada vez que nos reunimos con los secretariado de seguridad pública o con los gobernadores, insistimos en que debe partirse de un salario base. Por la incertidumbre que genera el que haya bonos. Las prestaciones son un tema mucho más delicado porque generalmente te dicen las prestaciones de ley, pero sólo en los estados con prestaciones interesantes publicitan lo que tienen. Por ejemplo los préstamos, porque a los policías en general las instituciones financieras no les dan préstamos. Si hay estados donde hay prestaciones de ese tipo, nos las desglosan, como Chihuahua y Nuevo León.

—¿Qué le parece que un monto salarial de un policía se declare reservado argumentando posible daño a la seguridad pública?

—He escuchado esa justificación que dice que transparentar ese tipo de datos puede generar que con mayor facilidad los policías puedan ser corrompidos.

—¿El problema es lo que ganan los policías o que se sepa lo que ganan?

—Yo no creo que sea un problema que se sepa lo que ganan. En la administración pública podemos ver la tabulación, cuál es el ingreso de los funcionarios públicos. Para Causa en Común no es un riesgo como tal; de hecho, la información que nosotros tenemos la damos al público. Creemos que el riesgo mayor es que no existan las condiciones institucionales necesarias para desarrollar policías profesionales y en condiciones dignas.

—No tenemos una tabla base que nos diga cuál es el mínimo salarial necesario para cualquier policía…

—Ni para federales ni estatales está disponible, por lo menos en lo que nosotros hemos investigado.

—¿Causa en Común va a generar entre sus propuestas un modelo ideal de salarios y prestaciones?

—El objetivo, más allá de la difusión, es generar propuestas, incidir en la toma de decisiones para beneficio de ciudadanos y de los propios policías. Hemos tenido oportunidad de sentarnos con las autoridades, incluidos gobernadores, y decirles lo que encontramos en su entidad, qué consideramos que hay que mejorar y generar compromisos con fechas, con responsables. En cuanto a estándares, desde hace varios años, hemos estado promoviendo la generación de estándares profesionales. Eso requiere mucho conocimiento técnico, hay especialistas sobre esto.

—En cuanto a un diagnóstico, pagado por el Secretariado Ejecutivo del SNSP, ¿le parecería que debe estar reservado?—, se le pregunta a Ortiz, a quien Crónica le entregó la justificación de reserva del contrato otorgado sin licitación a SIAT y de sus resultados.

—Ese estudio deriva de un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Lo que nosotros sabemos es que las capacidades del Secretariado Ejecutivo del SNSP, en cuanto a personal y recursos, son muy limitadas. Si decidieron hacer una contratación, no tenemos objeción al respecto, lo que sí es que debió analizarse, previamente, cuáles son las características que sólo está empresa contratada pudo ofrecer. Nosotros no conocemos a la empresa, pero el Secretariado Ejecutivo debería explicar los criterios que llevaron a esta selección directa. En cuanto a la reserva, realmente no sé qué tanta información confidencial podría contener, quizás en un momento dado se harán publicaciones más generales, que es importante para que los ciudadanos conozcamos en qué condiciones están nuestras instituciones, pero desconozco con exactitud el detalle que podría llevar a la reserva completa de la información.

Ortiz comenta que en reuniones de Causa en Común con las autoridades, se ha pugnado porque se cumplan los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, incluyendo el que se refiere a los diagnósticos que, como éste, son necesarios para entablar un debate serio en torno al Mando Único policial.