Información reportada por autoridades estatales y municipales a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refiere que en el país existen al menos 35 mil 433 personas que dejaron sus lugares de origen por la violencia del crimen organizado que azota a sus comunidades.

En tanto, distintas organizaciones protectoras de Derechos Humanos informaron la existencia de 6 mil 685 víctimas más y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas aseguró haber dado atención a 5 mil 364 familias de personas indígenas desplazadas.

Sin embargo, el titular del organismo, Luis Raúl González Pérez afirmó que sólo pudieron corroborar mil 784 víctimas de desplazamiento forzado interno en México a través de un muestreo realizado en 63 municipios de los 32 estados del país.

Por ello, pidió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno atender y hacer visible esta problemática y elaborar un registro nacional de las personas desplazadas, así como una ley general sobre desplazamiento forzado interno.

Al presentar el informe sobre desplazamiento forzado interno en México, González Pérez afirmó que por las propias características de este fenómeno, no existe información completa, actualizada y verificable sobre el número de personas víctimas del mismo, no obstante algunas estimaciones formuladas por diversas organizaciones.

“El desplazamiento forzado interno en México es un problema cuya magnitud y alcances reales aún debe ser investigado y determinado de manera objetiva e integral”, indicó.

Dijo que los resultados obtenidos de este ejercicio permiten formular una proyección general válida sobre la dimensión del fenómeno del desplazamiento.

Reveló que la CNDH cuenta ya con una propuesta de Protocolo de Atención a las personas víctimas de desplazamiento, que en breve será presentada con el fin de que sea tomada en consideración por las autoridades correspondientes.

“Es preciso elaborar un diagnóstico nacional y oficial sobre el desplazamiento forzado interno en México, como una herramienta fundamental para la construcción de políticas públicas y programas eficaces, abordando sus consecuencias sociales, económicas, jurídicas y políticas en el país. En este sentido, la realización de un levantamiento censal que contemple el desplazamiento forzado interno sería de gran relevancia”, afirmó.

Al respecto el quinto visitador, Édgar Corzo Sosa, señaló que en Chiapas, Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán se ha registrado el mayor número de desplazados por la violencia de la delincuencia organizada.