Por falta de autorización para cambio de uso de suelo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de forma total temporal el proyecto de vivienda Tierra Colorada, en el municipio Leonardo Bravo, en Guerrero, impulsado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

El proyecto, refirió ayer  la Profepa, consiste en la reubicación y construcción de 161 viviendas nuevas, sin embargo, no cuenta con la autorización federal para el cambio de uso del suelo en terrenos forestales.

Con el de hoy, la Profepa ha clausurado cinco proyectos de vivienda de la Secretaría entre abril y mayo.

A decir de la Sedatu, los proyectos fueron echados a andar antes de la actual administración de Rosario Robles, quien asumió el cargo en agosto del 2015.

Ayer, la Profepa indicó que durante una visita de verificación física y documental, realizada el 20 de mayo pasado a la Sedatu y a la Empresa Construcciones y Servicios Villa Hermosa, S. A. de C. V., responsables del proyecto Tierra Colorada, se constató la falta de la documentación expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La verificación, abundó la Procuraduría, tuvo como objetivo constatar el cumplimiento a las medidas técnicas correctivas señaladas en la Resolución Administrativa de fecha 14 de diciembre del año 2015, derivado del procedimiento administrativo instaurado.

La Sedatu, refirió la Procuraduría, no presentó los documentos que avalaran la realización de los trabajos en una superficie de 3.5 hectáreas, que fueron afectadas por apertura de calles, bermas (barreras elevadas), taludes, arrastre de tierras hacia las barrancas y la construcción de 161 viviendas nuevas, con material de cemento, block y varilla.

La Secretaría también incumplió con el Programa de reforestación con especies nativas de la región en una superficie de siete hectáreas; además, carecía del plano de georreferenciación de las áreas a reforestar, método y densidad de plantación, programa de mantenimiento y vigilancia de la misma, así como de obras de retención y conservación del suelo.

Tampoco tiene un programa de mitigación y compensación de impactos generados por la remoción de vegetación forestal, que debió aplicarse en la superficie afectada y sus colindancias, señaló la Profepa.