Ciudad de México.– La entrada al cementerio Los Ángeles es un camino de asfalto donde la vegetación silvestre asalta por ambos lados. Al costado de la calle hay vestigios de un proyecto para construir un vecindario. Ahora queda en el aire un olor rancio a excremento; en el suelo, ropa, zapatos, juguetes y partes de automóviles.

“Aquí los traían, prendían las luces de los autos para ver en la oscuridad”, contó una persona que acompañó al lugar a los reporteros de Univisión Investiga. Luego de ultimar a las víctimas, los sicarios de Los Zetas llevaban sus automóviles a unos talleres donde eran cortados en pedazos, con hachas, para que no quedara rastro.

Una avenida contigua al camino del cementerio aún se ve repleta de estos talleres, que durante los años de mayor terror abrían en la madrugada, las horas de mayor ocupación.

Se sospecha que muchas de las víctimas fueron hombres, mujeres y niños que Los Zetas se llevaron durante una caravana de muerte y destrucción que llevaron a cabo a la vista de las autoridades de esta zona desde mediados de marzo de 2011. En cuestión de tres semanas, comandos de esa organización desaparecieron a 300 personas de quienes no se tiene noticia. Entre los habitantes se le conoce como la masacre de Allende, un pueblo de 22,000 personas situado a 37 millas de la frontera con Estados Unidos. En número de víctimas es quizás la desaparición masiva más grande en la historia moderna de México. También la más olvidada.

Al lado del camino, al cementerio le sobra espacio para colocar tumbas. En esta región de la frontera, entre Coahuila y Texas hay más luto que cadáveres. La mayor parte de sus desaparecidos, una fracción de los 1,600 que se cuentan en Coahuila en la última década, fueron mutilados y disueltos en ácido para borrar las huellas de un delito por el que los delincuentes pudieran ser acusados de homicidio en México.

 Cuando de la masacre solo quedaban los recuerdos de los familiares y en la justicia mexicana languidecía la investigación, surgieron el mes pasado en cortes de Estados Unidos testimonios que no solo confirmaron la autoría de Los Zetas sino el ambiente de complicidad de los gobiernos de la época con la organización criminal.

Dos testigos de la fiscalía federal comprometieron a los gobernadores Humberto Moreira, quien gobernó Coahuila entre 2005 y 2011, y su hermano Rubén Moreira, que lo ha hecho desde diciembre de 2011 y aún continúa en el cargo. Rodrigo Uribe y Adolfo Tavira declararon en una corte de San Antonio que Los Zetas habían entregado millones de dólares para controlar el estado primero a Humberto, como gobernador, y luego a su hermano, mientras estaba en campaña. Ambos políticos han negado las acusaciones y han restado credibilidad a los denunciantes, por tratarse de testigos protegidos. Jorge Torres López, el gobernador interino entre ambos hermanos se encuentra prófugo por acusaciones de narcotráfico y fue incluido en la lista de los más buscados de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Los testimonios no han acarreado alguna consecuencia legal en México para los hermanos Moreira según explicó a Univisión Investiga Homero Ramos, el Procurador estatal, máxima autoridad de la investigación oficial en el caso de la masacre.

“No hay ninguna investigación abierta porque no hay ningún señalamiento que haya permitido la apertura de una averiguación o de una carpeta de investigación”, afirmó en entrevista.

UN MENSAJE INCONVENIENTE

En este cementerio de ropa Juana Rodríguez ha buscado los restos de su hija Lluvia. La joven, quien ahora cumpliría 23 años, desapareció con otras 13 muchachas en octubre de 2013, después de acudir a una fiesta con integrantes de Los Zetas. Ya en una ocasión las autoridades solicitaron a Rodríguez que reconociera restos humanos hallados junto al cementerio.

“(Eran restos) de muchachas, pero ya estaban como en bolsas negras”, recordó. “Me enseñaron cuatro bolsas que son las que supuestamente habían encontrado pa’l lado de ese monte, pero no. Eran muchas, las sacaron así, como en forma de rompecabezas”.

Cuando acudió a denunciar la desaparición de su hija, en la fiscalía municipal le pidieron a Rodríguez que no indagara, según ella misma lo relata.

“A mí me dijeron que no, que lo dejara así, que no pusiera demanda, que si regresaba qué bueno y si no regresaba que yo lo dejara así, que yo me hiciera la idea de que ella se había ido lejos”, narró.

Rodríguez investigó por su cuenta el episodio de su hija mayor. Descubrió que cuando Lluvia asistía a fiestas con Los Zetas, les recogían a todas sus teléfonos, por temor a que informaran su ubicación. Esa noche de octubre de 2013, sin embargo, una de las muchachas olvidó apagar el suyo y recibió un mensaje de texto. Uno de los lugartenientes de Los Zetas leyó el mensaje y se lo reportó a su jefe. El remitente era un exmiembro del grupo que había desertado para trabajar con el cártel del Golfo, una organización rival.

“Le encontraron un mensaje a la muchacha advirtiéndole que no se acercara a Piedras Negras porque las cosas se estaban poniendo mal”, explicó un empresario local que conoció estos hechos en voz de un amigo sicario de Los Zetas.

Las jóvenes, todas entre 18 y 24 años, fueron citadas a una segunda fiesta.

“No le encontraron evidencia a nadie más, solamente fue a una, pero por esa muchacha, pues, las llevaron a todas. (…) Se pide la autorización para hacerle las ejecuciones de las muchachas. Se le pide la autorización al Z-42, que un grupo de muchachas estaba traicionando al grupo”, aseguró el empresario, bajo condición de anonimato.

Las muchachas fueron torturadas y asesinadas, agregó.

“Querían sacarles más información a todas para poder saber si realmente tenían algún otro contacto con el que estuvieran traicionando”, agregó. Según él, ninguna de las jóvenes confesó de quién era el teléfono que recibió el mensaje.

Omar Treviño Morales, alias Z-42, quien autorizó las ejecuciones, es uno de los fundadores del cartel de Los Zetas. Fue detenido dos años después de esta desaparición, en San Pedro Garza, Nuevo León, el municipio más rico de México.

En la residencia donde se ocultaba, las autoridades encontraron varias imágenes de la Virgen de Guadalupe y un gran crucifijo sobre la cama de la habitación principal.

En Piedras Negras, la madre de Lluvia sigue esperando noticias de su hija mientras trabaja limpiando pisos en una compañía de autopartes para mantener a sus otros siete hijos. Dos veces al año se encuentra en el parque principal del pueblo con 300 familiares de desaparecidos. Es el día en que llegan peritos de la Ciudad de México a tomarles muestras de ADN, por si en otro lugar del país aparecen restos que pudieran identificarse como los parientes que ellos están buscando.

“(Vienen) cada seis meses. Nomás nos hacen la prueba pero nunca nos dicen nada. Cada quien tiene que llevar una foto de las personas”, recordó.

TOTAL CONTROL

A estas reuniones acuden vecinos de varios pueblos de la región conocida como los Cinco Manantiales, una vasta llanura semiárida en el lado mexicano al sur de Texas, que se convirtió en refugio de los líderes del cartel de Los Zetas cuando arreciaron los operativos militares y policiacos en el estado vecino de Tamaulipas, el epicentro histórico de la organización.

“Se empezaron a mover donde estaba más tranquilo. Piedras Negras y Ciudad Acuña y para arriba Saltillo y Torreón. Pero eso fue para escaparse de lo que estaba llegando a Nuevo Laredo”, rememoró en un parque de San Antonio, en Texas, un exagente de la DEA, quien investigó a Los Zetas durante cuatro años como agente encubierto y solicitó que no se revelara su nombre.

El cartel controlaba el narcotráfico en la frontera entre Piedras Negras y Eagle Pass, el cobro de cuotas de extorsión en los comercios, en la minería y la venta de whisky para los bares. Los empresarios de la ciudad recuerdan que cada negocio debía entregarles semanalmente un promedio de 300 dólares como cuota para que les fuera permitido operar. El grupo recibió también contratos de construcción de obra pública como remodelación y edificación de escuelas que ahora están bajo investigación.

Rodrigo Uribe, de 41 años, fue uno de los testigos clave de los juicios en Texas. Hijo de un exalcalde de Piedras Negras, hizo de prestanombres de Los Zetas para la compra de propiedades y negocios en la ciudad fronteriza, entre ellos un centro comercial en el corazón de Piedras Negras, valuado en tres millones de dólares. La construcción hoy tiene un aspecto desolado. Las tiendas están cerradas y la pintura de las paredes se cae a pedazos.

En su declaración ante una corte en San Antonio en julio pasado, Uribe explicó que estuvo a cargo del pago de sobornos a políticos estatales. Uribe describió la estructura operativa que permitió a Los Zetas imponer su ley de terror en Coahuila.

El organigrama del cartel estaba compuesto por focas, halcones, estacas y sicarios.

“(Los sicarios) patrullan la plaza. Siembran las semillas del terror dentro de la comunidad. Secuestran y cometen extorsión”, explicó. Uno de ellos, a quien Uribe dijo que reportaba directamente, era Raúl Hernández Lechuga, el comandante Z-100.

“Fue uno de los más sanguinarios de Los Zetas”, aseveró.

El jefe del grupo local era una especie de comandante de una pequeña célula. A este cargo se le conocía con el nombre de “estaca”. Tenía unas 30 personas a su cargo, entre sicarios y vigilantes. El control se regía por una constante inspección de cada movimiento en las ciudades bajo el mando de estos jefes.

Las “focas” estaban encargados de rondar las calles.

“En bicicletas, utilizando radios, tomando el cuidado de la zona”, explicó el testigo. Aún se ven en Coahuila algunos de estos hombres que avanzan despacio, mirando con insistencia a los extraños.

Las focas se apoyaban en los “halcones”, miembros de menor rango en la organización que alertaban sobre la presencia de “infantes de marina, y también otros carteles”, desde las esquinas o a bordo de vehículos modestos, agregó Uribe.

Se comunicaban mediante mensajes de Blackberry –que consideraban más difíciles de interceptar por la Marina de México o el gobierno de Estados Unidos– y radios que transmitían desde sus propias torres. Así mantenían también el contacto con la policía local.

“Los Zetas tienen sus propios códigos y la policía tiene su propios códigos, pero utilizan las mismas frecuencias”, indicó Uribe en la corte en San Antonio.

Los jefes de plaza se ocupaban de los acuerdos políticos, en especial del control policiaco. Cuando alguno de estos mandos oficiales no aceptaba trabajar con ellos, o un integrante de Los Zetas era detenido en una población bajo su mando, el jefe policiaco era “eliminado”.

“La policía del estado, algunas de las federales, locales, policías locales, políticos, alcaldes”, estaban entre quienes recibían pagos regulares por dejar operar al grupo, de acuerdo con Uribe. Esto incluía a los agentes migratorios en el lado mexicano.

Entre las familias de los desaparecidos, no hay mayores dudas de que existió un alto nivel de complicidad de los narcotraficantes con las autoridades.

Guadalupe Fernández es madre de un ingeniero desaparecido en 2009 en Monclova, al sur de Piedras Negras. Como miembro de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, compareció ante una comisión de Naciones Unidas en Ginebra, sobre la situación de los derechos humanos en México.

“En la mayoría de casos que tenemos nosotros de desaparecidos en el estado de Coahuila, han seguido un patrón muy recurrente. Fueron detenidos por alguna policía, por policías de alguna corporación, y entregados a ese grupo delincuencial”, explicó a Univisión.

Uribe coincide con esa descripción. El testigo protegido aseguró que el primer filtro de Los Zetas en las ciudades era la misma policía. Cualquier extraño que se internara en su territorio en fechas en que ocurriría una entrega de droga podría ser detenido por los uniformados.

“Les llevarían directamente al jefe de esa plaza”, explicó.

Los acuerdos con el gobierno, se lee en el testimonio, incluían una patente de impunidad. Ante las denuncias de homicidios “se presentarían las quejas, pero no harían investigaciones”, declaró el exmiembro de Los Zetas.

El código de la organización incluía prohibiciones para robar en casas, violar mujeres o asesinar sin permiso. La traición se pagaba con desapariciones masivas que incluían familias enteras. Los sicarios, de acuerdo con el testimonio de un empresario local que era amigo y confidente de uno de ellos, recibían mensualmente 2,000 dólares, sin importar el número de personas a quienes quitaran la vida. Como ganancia extra tenían autorizado robar los menajes de las casas que intervenían para secuestrar a sus víctimas.

En Texas otros exmiembros de la organización, también convertidos en testigos protegidos del gobierno de Estados Unidos, han relatado con detalle los crímenes cometidos al amparo de esta amplia estructura. Los más escalofriantes se ventilaron en julio pasado, durante el juicio contra el sicario Marciano Millán, condenado entre otros homicidios por el asesinato a hachazos de una niña de seis años enfrente de sus padres.

El sicario era un asiduo feligrés de la iglesia de San Judas Tadeo, patrono de las causas imposibles, en la colonia Mundo Nuevo de Piedras Negras, según se lo comentó un amigo de Millán a Univisión Investiga.

Posiblemente en algunas de sus visitas a la iglesia debió ver, junto al altar, los improvisados cartelones que revelan los nombres de desaparecidos y que aún están allí. Al lado, los familiares han colocado otro con fotos de las víctimas.

Millán vivía a unas cuadras de la iglesia, en una casa modesta que comparte terreno con una pequeña tienda. El sicario fue detenido en otra residencia, igualmente humilde, en San Antonio, procesado y declarado culpable por los crímenes cometidos en México. Los periodistas que cubrieron el juicio afirman que Millán no se inmutó cuando uno de los testigos describió la manera como mató a la niña de seis años. El intérprete oficial del acusado no pudo contener las lágrimas, lo mismo que uno de los miembros del jurado.

El testigo fue Adolfo Tavira, un exempleado de Los Zetas en Piedras Negras. En su relato explicó cómo pudo sobrevivir a uno de los peores crímenes en los que participó Millán: la desaparición masiva de al menos 300 personas durante los meses de marzo y abril de 2011, en los municipios de Allende y Piedras Negras, separados por 35 millas con un paisaje colmado de polvo y tierra seca.

UNA MASACRE OLVIDADA

La madrugada del 19 de marzo de 2011, Tavira fue sacado de su casa por varios sicarios de Los Zetas, organización a la que también él pertenecía. Según su testimonio, entre los captores estaba David Loreto, alias Comandante Enano, el mismo jefe zeta que ordenó la desaparición de las 14 jóvenes que fueron invitadas a una fiesta y no volvieron.

Sin que mediara una explicación, Tavira fue esposado y llevado a un paraje en las afueras de Piedras Negras. Allí vio a personas de rodillas, incluidos niños. Los hermanos Omar y Miguel Treviño Morales, jefes máximos del cartel en ese momento, comandaban la operación.

Dos fuentes en Texas confiaron a Univisión que los Treviño habían sido informados por personal de la Procuraduría General de la República de México, de que tres de sus empleados en la región estaban pasando información al gobierno de Estados Unidos.

Los exsocios del cartel Alfonso Cuéllar, Héctor Moreno y José Luis Garza primero filtraron datos al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Más tarde se convirtieron en testigos protegidos. Los Zetas secuestraron a cada una de las personas que conocían, trabajaban, eran familiares o tenían alguno de estos tres apellidos.

Tavira había trabajado en algún momento para Cuéllar, pero logró salvarse gracias a la intervención de Raúl Hernández, alias el Z-100, quien era su jefe directo en ese momento y respondió por él ante los Treviño Morales, de acuerdo con su testimonio.

En su insólito relato de supervivencia Tavira añadió entre lágrimas cómo escuchó los disparos contra los secuestrados, cuando él ya se había salvado. Las víctimas habitaban o laboraban en enormes residencias en Piedras Negras y Allende, que fueron quemadas y saqueadas. Muchos fueron secuestrados en pleno día y ninguno ha regresado.

Entre quienes desaparecieron el día en que comenzó la operación, el 18 de marzo, está Rodolfo Sánchez, quien manejaba un camión de carga. Su hija Gabriela Sánchez, de 23 años, cuenta de memoria los años, meses y días en que su padre ha estado ausente, aunque se refiere a él como si estuviera vivo.

Ella asegura que fue una de los pocos habitantes de Allende que presenció cómo quemaban y destruían con maquinaria de construcción las casas. Los escombros de estas enormes residencias de estética narco continúan allí, como un recuerdo vivo del infierno.

“Yo iba ir pa’la escuela. Eran las seis, 6:20, 6:30 de la mañana cuando nosotros vimos, escuchamos la explosión y cuando di vuelta a ver, estaban las llamaradas”, relató.

La intervención de los Zetas comenzó un viernes en Piedras Negras y varias fincas en las afueras de Allende. El domingo por la noche, quemaron y asaltaron la casa de Víctor Garza, tío de uno de los exsocios, a menos de 20 pasos de la residencia de Sergio Lozano, entonces alcalde de la ciudad.

Cinco años después, Lozano continúa operando su negocio de venta de productos para el campo. No ha sido imputado por algún delito relacionado con la masacre. La procuraduría de Coahuila dijo a Univisión que aún se encuentra en calidad de testigo sujeto a investigación y no hay otras acciones legales en su contra.

“En este momento él está sujeto a investigación y seguimos nosotros con su colaboración y con la colaboración de algunas otras personas para poder llegar hasta las últimas consecuencias”, dijo el procurador.

Las autoridades estatales sostienen que solo 54 víctimas han sido confirmadas como desaparecidas en las tres semanas trágicas de 2011.

“Hay investigaciones abiertas. En ellas caben todo tipo de líneas de investigación”, aseguró el procurador Ramos. Como responsables, las autoridades han detenido a ocho miembros de Los Zetas y seis policías municipales.

La hija del chofer rompe a llorar apenas comienza la entrevista. En su recuerdo, la parte más difícil ha sido la impotencia. “Niños chiquitos, de un año, dos años, envueltos en llamas y uno sin poder hacer nada. Miraba las casas y no podías ayudar a nadie. En la casa de enfrente de los bomberos, la casa de frente de gente que podía hacer algo, no podías hacer nada, nada”, recordó.

Ana María Sandoval, cuyo hijo desapareció un año después de la masacre, luego de negarse a trabajar como vigilante para Los Zetas, apunta directamente a la complicidad oficial.

“Los policías andaban en lo mismo, ellos andaban haciendo eso. Participaban, simplemente checaban, cerraban las calles. Eso es participar. Y son cómplices, ¿o qué no?”, apuntó.

Durante tres años, fuera de Allende la desaparición era desconocida. El periodista Juan Alberto Cedillo, corresponsal en la región del semanario Proceso de México, fue el primer reportero de un medio nacional que viajó allí para conocer detalles del caso.

“Se pueden esconder uno o dos crímenes por un tiempo pero desaparecer 300 personas y que no se conozca eso habla del nivel de protección que tenían”, consideró en entrevista.

LA LAVANDERÍA TEXANA

Además de compartir los secretos de su complicidad, políticos y narcotraficantes de la zona fronteriza encontraron un campo común para invertir el dinero sucio de sus actividades: el vecino estado de Texas.

Allí abrieron cuentas bancarias, compraron mansiones, lotes, automóviles de lujo y caballos de carrera. No existe ninguna acusación contra bancos ni firmas inmobiliarias que se prestaron para mover los millones de dólares.

Los secretos de las operaciones han salido a flote en procesos de incautaciones y acusaciones criminales. La más conocida quizás es la que señala que José Treviño Morales, hermano de los líderes que comandaron la desaparición masiva en Allende, lavó al menos 60 millones de dólares del cartel en Texas mediante la comercialización de caballos de carreras.

Los Zetas utilizaron bancos con JP Morgan Chase, HSBC, Federal Capital Bank o UBS para guardar las ganancias, de acuerdo con documentos judiciales consultados por Univisión.

En una serie de investigaciones por lavado de dinero producto de la corrupción contra políticos de Coahuila y empresarios locales, las autoridades decomisaron en enero de este año propiedades en San Antonio, Texas, con valor de 24 millones de dólares. Las propiedades figuraban a nombre de testaferros de Javier Villarreal, quien fuera el principal encargado de las finanzas de Coahuila cuando Humberto Moreira era gobernador. Los decomisos de un edificio donde opera una farmacia, un edificio de bodegas y dos residencias estuvieron fincados en acusaciones de que los inmuebles se habían comprado con dinero robado del erario coahuilense, según los registros que revisó Univisión.

Sin mencionar su nombre, la acusación identificó a Moreira solo como co-conspirador 1, o CC1 pero la descripción de su cargo y la época en que ocurrieron los hechos no deja dudas de que se trata de él. Esta referencia se conoció en una causa penal contra Rolando González, empresario en Coahuila. Desde 2009 González es padrino de bautizo del hijo mayor de Uribe, el exempleado de Los Zetas, quien testifico que lavó 50 millones de dólares del cartel en Piedras Negras.

Uribe declaró directamente contra Moreira en julio pasado. En su testimonio, del que Univisión Investiga obtuvo una copia, el exmiembro del cartel indica haber pagado sobornos por unos 3.5 millones de dólares que iban dirigidos al entonces gobernador. En esta versión, los pagos se habrían realizado en dos entregas.

El primer traspaso habría sido de dos millones de dólares guardados en maletines, en el hotel Quinta Real de Saltillo, la capital de Coahuila. El intermediario era Vicente Chaires, director de administración estatal y uno de los colaboradores más cercanos a Moreira.

“La segunda fue hecha allí mismo en Saltillo, en una estación de gasolina”, declaró Uribe. En esta ocasión, el testigo aseguró haber estado acompañado de otros tres comandantes de Los Zetas.

“Nos dirigíamos hacia Puebla y paramos allí en esa estación de servicio para realizar el pago (…) El Cien y El Danny se quedaron allí hablando con Jesús Torres Charles”. El funcionario mencionado como recipiente era entonces procurador estatal y ha negado a la prensa la veracidad de los dichos de Uribe.

El testigo abundó que en la segunda entrega pagaron en efectivo, en bolsas selladas al vacío, “aproximadamente entre 1.5 y dos millones de dólares también”. Ante la pregunta del fiscal Russell D. Leachman de cuál fue el beneficio que obtuvieron Los Zetas a cambio de estos pagos, Uribe respondió:

“El control sobre las plazas de todo el estado de Coahuila”.

El exgobernador Moreira negó estos hechos en un comunicado y un mensaje enviado a Univisión Investiga. Aseveró que no conoce a Uribe, que sus dichos son “fantasiosos” y que cuando sucedió la masacre en Allende él ya no gobernaba el Estado.

Dos meses antes de la masacre de Allende, en efecto, Moreira había dejado el cargo para convertirse en presidente de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), cargo desde el que trabajó para la candidatura del actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.

Pero una revisión de los documentos judiciales refleja que Uribe expresamente aclaró que los pagos de sobornos ocurrieron durante su época como Gobernador.

“(Los pagos) eran para protección y cualquier acuerdo al que habían llegado era con Humberto Moreira, que en ese momento era el gobernador de Coahuila”, testificó.

Los negocios de Uribe en Piedras Negras, descritos en la acusación, también coinciden con el periodo de Humberto Moreira en el gobierno.

Moreira ha exigido a los medios que dejen de involucrarlo con el grupo criminal que asesinó en 2012 a su hijo mayor, José Eduardo Moreira. Las autoridades estatales de Coahuila, ya bajo el mando como gobernador de Rubén Moreira, hermano de Humberto, divulgaron que el asesinato del joven de 25 años fue una venganza de Los Zetas. Menos de 24 horas antes de la ejecución, un comando especial del gobierno de Coahuila había ultimado en una esquina de Piedras Negras a Alejandro Treviño, sobrino del Z-40. En la ciudad el grupo criminal colocó mantas con la consigna “familia por familia”, dirigidas a Rubén Moreira.

EL REINO DE LOS URIBE

Rodrigo Uribe era conocido en Piedras Negras como un joven jactancioso que llevaba una agitada vida social. Es hijo de un político. Una fuente cercana a la familia confió a Univisión Investiga que Uribe ingresó al cartel por medio de su hermano, Miguel Uribe, desaparecido en 2012 y quien tenía rango de comandante.

“Él [Miguel] manejaba lo que eran los cobros de cuotas, lo que era mercancía para la exportación hacia Estados Unidos y lo que era el control de Cinco Manantiales y Piedras Negras”, dijo bajo petición de anonimato un empresario de Piedras Negras que conoció las operaciones del cartel y a Miguel gracias a un amigo que trabajaba con Los Zetas.

Sobre su hermano, Rodrigo declaró en San Antonio que había sido asesinado.

“Él estaba a cargo de toda la coordinación de las drogas y secuestros. Prácticamente la misma función que un sicario”, dijo. La muerte de Miguel y su otro hermano, Mauricio, se debió a que un mando local de Los Zetas descubrió que Miguel había robado un dinero y lo había reinvertido en una casa de cambio.

“El jefe mandó a llamar a Miguel y al dueño de la casa de cambio, y nunca volvieron”, refirió una fuente cercana a la familia, quien pidió omitir su nombre.

Mauricio Uribe, el tercer hermano que también trabajó para Los Zetas, estaba encargado de “hacer conexiones con personas en la política”, refiere la declaración de Rodrigo.

La operación bajo el control de Miguel Uribe incluyó el manejo del penal de Piedras Negras, de acuerdo con el testimonio de su hermano en Texas y dos fuentes locales en Piedras Negras. La cárcel se convirtió bajo el mando de Uribe en un centro de operaciones de Los Zetas.

Entre 2008 y 2011, como han aceptado las autoridades estatales, el penal fue controlado por el grupo criminal. El empresario contó que allí “se utilizaba como el taller, prácticamente el taller de sus autos para blindaje (…) hacían un compartimiento entre la transmisión y el chasís para poder guardar lo que era droga”.

Agentes de la DEA se enteraron que también permitían la salida de reos. “Verificamos que el fin de semana si había un trabajo que hacerse afuera de la cárcel, un asesinato o algo así, dejaban que salieran unos tres o cuatro”, reveló el exagente entrevistado en Texas. “Después del trabajo regresaban a la cárcel”.

Rodrigo reveló en San Antonio que los acuerdos políticos de Los Zetas permitían a su hermano Miguel, quien estaba preso, usar la cárcel como si fuera prácticamente un hotel.

“Estaba libre para seguir con su día fuera de la cárcel y simplemente dormir en la cárcel”, añadió.

El penal de Piedras Negras, bajo el mando de su hermano, era “un lugar donde era muy fácil esconderse, robar cosas, hacer cosas allí”, de acuerdo con el testigo. La investigación oficial ha encontrado que en la época descrita en el juicio fueron asesinadas y calcinadas en esa cárcel al menos 150 personas, algunas de ellas, las víctimas de la masacre de Allende.

Entre los testigos que incriminaron a políticos locales, Efren Tavira aseguró haber tenido conocimiento de que le pagaron sobornos al actual gobernador del Estado, Rubén Moreira, en una camioneta atestada de maletas con billetes, cuando estaba en campaña.

“Tan inverosímiles son dichas versiones que notas publicadas en la red señalan que este testigo se encontraba detenido por autoridades norteamericanas durante el periodo en que él menciona que sucedieron los hechos”, afirma un comunicado de prensa de la gobernación. El comunicado agregó que, según lo que publicaron los medios, se trataba de apoyos para una campaña electoral entregados en el 2012, “cuando es de sobra conocido que la campaña a gobernador fue en el 2011”.

La hija de Juana Rodríguez, quien desapareció en la administración de Rubén Moreira, no ha vuelto a casa ni han tenido pistas de ella. Tampoco del hijo de Ana Sandoval, desaparecido en marzo de 2012, igualmente en la actual administración. El procurador estatal, Ramos, afirmó en entrevista con Univisiónque por los 1,600 desaparecidos en Coahuila actualmente hay 24 funcionarios en la cárcel. Todos son policías. Entre los detenidos no hay mandos medios ni superiores de la administración actual, ni de las dos anteriores.

La masacre de Allende ha sido ya denunciada ante la Corte Penal Internacional de La Haya por Armando Guadiana, un empresario local. Un grupo de investigadores de El Colegio de México, una de las universidades con mayor prestigio en México, está desarrollando una pesquisa independiente por el caso.

El encargado de dicha investigación, Sergio Aguayo, actualmente enfrenta una demanda por daño moral de Humberto Moreira por haber escrito en una columna de opinión en el diario mexicano Reforma, que “Moreira es un político que desprende el hedor corrupto”.

En entrevista con Univisión, Aguayo sostuvo que la demanda fue presentada casi medio año después de la publicación de la columna, cuando comenzó a conocerse su investigación paralela.

 

“Pasan seis meses. No me parece lógico. Por tanto es que a raíz de eso yo digo, bueno, tiene que haber otra, otra, otra razón. ¿Cuál es la otra razón? ¿Qué he hecho en relación a su gobierno?”, afirmó.