Tijuana y Mexicali no son estaciones migratorias de la Federación ni de los estadounidenses. Son ciudades altamente productivas y no pueden, sin importar raza o procedencia, ser rehenes de flujos migratorios cuya responsabilidad corresponde al gobierno federal, así se expesó el senador bajacaliforniano Marco Antonio Blásquez Salinas al presentar una iniciativa tendiente a resolver la crisis migratoria que aqueja a aquella entidad.
Enfáticamente, Blásquez demandó al gobierno del presidente Peña Nieto se sirva despejar las zonas y demarcaciones “ahora invadidas” por migrantes completamente ajenos al desarrollo de nuestra comunidades. "La generosidad de los bajacalifornianos alcanza para alimentar a miles de personas diariamente. Pero no corresponde a los ciudadanos ni a las instituciones de la sociedad civil atender esas crisis, sino al órgano federal enfocado”, agregó el legislador.
Blásquez propuso una modificación al Art. 8 Fracción primera de la Ley Federal de Derechos a fin de que del total de lo que la Federación recaba por concepto de permisos a turistas sin actividad remunerada, se le otorgue el 50% al Inami y el otro 50% a la Promoción Turística, y no 20%-80% como se distribuye actualmente”.
México —señaló— debe abandonar la ilusa y torpe política migratoria del “cerco roto”, el Inami debe tener los recursos necesarios para reforzar las fronteras, los cuerpos de seguridad y las estaciones migratorias. Los convenios y tratados de derechos humanos que hemos celebrado con otras entidades como consecuencia de la gran reforma de derechos humanos de 2011 nos obligan a proceder con seriedad, firmeza y el debido respeto a la dignidad humana.
Esta inicitiva presentada por Blásquez fue suscrita por los senadores panistas de esa entidad, Ernesto Ruffo Appel y Víctor Hermosillo Celada. Y al concluir su lectura en Pleno fue apoyada por 10 senadores más de todas las bancadas parlamentarias.
Blásquez aseguró que el tema migratorio no sólo es un reto de derechos humanos para México, sino para la seguridad nacional y la gobernabilidad. “No podemos permitir que habitantes de la zona centro de Mexicali, o de las colonias Libertad o Pancho Villa de Tijuana se encarguen de asuntos que no les competen. Y tampoco podemos tener bloqueadas nuestras calles por personas que si bien hasta ahora no representan una amenaza de seguridad pública, no buscan ni quieren integrarse a nuestra comunidad”.
Asimismo sentenció que el Inami no cuenta con los recursos requeridos para desplegar en su totalidad las políticas públicas que son de su competencia. No es capaz de solventar ni siquiera su gasto operativo programable. Finalmente Blásquez estableció que si su propuesta prospera, el poder legislativo debe estar muy pendiente de que esa ampliación se aplique a programas de modernización y de ampliación y mejoramiento de cobertura, no así a gasto corriente.
