El reportero, de 72 años, dedicado a la nota policíaca, colaborador del portal de noticias y denuncias ciudadanas Colectivo Pericú, fue agredido a tiros en el estacionamiento de la plaza comercial City Club, ubicada en la avenida Forjadores, cuando se encontraba con su esposa, Raquel Romo, también periodista, quien resultó ilesa. Según los primeros reportes, los agresores dispararon desde un vehículo color blanco. La situación generó pánico entre los clientes que se encontraban en la zona, una de las plazas más concurridas en esta capital, y en donde cotidianamente policías federales y estatales hacen recorridos, con motivo justamente de los homicidios de alto impacto que se han incrementado en los últimos tres años en la entidad. El periodista trabajó al menos 20 años en un canal local, pionero en el desarrollo de la radio y televisión en el estado; posteriormente fue vocero del Tribunal Superior de Justicia y de la Procuraduría estatal. A partir de 2014, al ser La Paz –y posteriormente Los Cabos- escenario de pugnas entre grupos dedicados al narcotráco, se dedicó a la nota roja y entregaba una columna semanal, enfocada en temas políticos y de seguridad. En su columna “Es mi Opinión”, Max Rodríguez cuestionaba la actuación de las autoridades locales en el combate al narcotráco y subrayaba especialmente las fallas en materia de procuración de justicia en años recientes, debido a la alta incidencia de delitos de fuero común, a la que se sumó la estadística de hechos violentos, con huellas de la delincuencia organizada. Cuauhtémoc Morgan, director de Colectivo Pericú, medio para el cual laboraba, reconoció el trabajo del periodista, quien durante algunos años colaboró también con diarios nacionales como Excélsior y El Heraldo, comentó. Demandó el esclarecimiento de los hechos y aseguró que lastima no sólo a la familia del reportero sino a todo el gremio. Pidió a las autoridades no sólo atender este caso sino los cientos de homicidios que han quedado impunes, dijo, derivado de la violencia que se agudizó en esta entidad a partir de 2014. Desde esa fecha, BCS es escenario de una lucha entre grupos dedicados al narcotráco y suman al menos 300 asesinatos de alto impacto. Apenas al iniciar el mes de abril el gobernador Carlos Mendoza Davis presumió que se "reforzaría" la estrategia de seguridad coordinada, con la llegada de cerca de un millar de elementos militares para vigilar la entidad.